Más horas de descanso, la suma de un tripulante a los barcos pesqueros y un conflicto entre trabajadores y empresarios que fue in crescendo hasta el punto que la flota de la costa uruguaya está totalmente paralizada en plena zafra desde hace más de 30 días. Hay más de 28 barcos corvineros sin hacerse a la mar para trabajar.

Las consecuencias, según estiman desde la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), una de las dos gremiales empresariales del sector, impli- ca hasta ahora una pérdida de US$ 15 millones, cientos de trabajadores sin la posibilidad de trabajar y muchos de ellos solicitando acceder a un seguro de paro especial, ya que no cuentan con ese derecho en el presente producto del conflicto de meses vivido el año pasado.

El punto de máxima tensión se vivió este jueves cuando en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, los trabajadores de la pesca, nucleados en el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), se enfrentaron a la Policía.

El resultado del incidente, que se habría originado en el marco de discrepancias internas entre los manifestantes, tuvo como saldo un sindicalista herido y otro detenido en el operativo.

Pero la tensión entre empresarios, sindicato e incluso gobierno en la búsqueda de una solución para los conflictos del sector no es nueva. En 2024, por ejemplo, el rubro pesquero vivió también una paralización de más de 7 meses, con acusaciones cruzadas entre un “lock out patronal” (manteniendo la flota parada entre enero y abril) y el reclamo del sindicato para que liberen los barcos. Al momento del comienzo de la zafra (en mayo), fue el propio sindicato el que empezó a tomar medidas de lucha con paros en reclamo de un nuevo convenio de mejoras salariales.

En los primeros cuatro meses del año, las gremiales consideraban que embarcarse en tiempos de poca pesca era inviable económicamente, se iba a pérdida y por esa razón decidieron parar sus operaciones durante los períodos de menor actividad.

En tanto, el Suntma protagonizó durante los primeros días de junio del año pasado un nuevo enfrentamiento con la autoridad policial que terminó con golpes, cachiporrazos en las piernas y balas de goma. Algunos manifestantes sufrieron lesiones de menor entidad, pero el hecho no pasó desapercibido para el sistema político y la central sindical.

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, calificó lo sucedido de “aberrante”, luego de que el dirigente Sergio Sommaruga terminara lastimado. “Ante una movilización pacífica del Suntma la Policía reprimió y lastimó al compañero”, denunció.

Según recuerdan las crónicas del momento, cuando los manifestantes comenzaron a empujar contra la barrera policial sobre la entrada del MTSS, los efectivos reprimieron con balas de goma y cachiporra con el objetivo de intentar frenar la avanzada.

Otro episodio, pero interno del sindicato, se había dado en 2022, cuando un integrante del Suntma tomó a golpes de puño a otro trabajador dentro de la sede del gremio. La agresión, que fue difundida en 2023 por Informativo Carve, quedó filmada por las cámaras que había dentro del local sindical. Como consecuencia, los dos sindicalistas fueron expulsados del colectivo de trabajadores.

Sin embargo, mientras el Suntma esgrimió que la agresión se había iniciado por “temas personales entre ellos”, desde las cámaras empresariales manifestaron una opinión diferente.

La CIPU y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) expresaron después de acontecidos los hechos que “lamentablemente no sorprendían”. “La imágenes publicadas no sorprenden ya que escuchamos cotidianamente por parte de nuestros trabajadores y de personas que quieren trabajar en el sector, que se sienten amenazadas y que sienten miedo. Las imágenes del material difundido lo explican en forma muy elocuente”, afirmaron las cámaras.

Este tipo de manifestaciones por parte de los empresarios parten de una denuncia que vienen sosteniendo los propietarios desde hace un largo tiempo; señalan que uno de los mayores problemas en la operativa del sector es que el sindicato no permite trabajar a aquellos que no estén agremiados o tengan el permiso del colectivo.

El duro conflicto en la pesca ya lleva más de un mes, a raíz del reclamo del Suntma para que se sume un nuevo tripulante a cada embarcación para que pueda hacer guardias, “como medida mínima para atender el derecho al descanso y la seguridad de las tripulaciones”. En particular, los trabajadores demandan que se contrate un marinero extra para que cubra en cubierta cuando el capitán está descansando.

No obstante, los dueños y gestores de las embarcaciones argumentan que esta reivindicación no fue acordada en el convenio colectivo de 2024, y que, además, dicho acuerdo fue firmado de forma bipartita entre el Suntma y cada una de las empresas, no con las gremiales representativas.

Según explicó a El País Carlos Olivera, gerente general de la empresa Novabarca -que opera 10 embarcaciones-, actualmente hay solo dos barcos llamados “de altura” (cuentan con congeladores y dos oficiales en puente) en el mar, pero el conflicto se extendió para toda la flota, que está parada.

Por este enfrentamiento entre la patronal y los trabajadores de la pesca, en particular con los marineros que se hacen a la mar, son más de 2.000 los trabajadores parados, incluidas las operarias de las plantas, que sin pescados para procesar están sin operar.

Las tareas propiamente marítimas tienen una dominancia masculina y, en muchos casos, la presencia de los hombres es exclusiva. Por el otro lado, los rubros dedicados al procesamiento y la distribución suelen contar con una mayoría de mano de obra femenina, muchas de ellas jefas de hogar. Esta situación ha provocado una confrontación a la interna de los trabajadores de la pesca, entre las operarias de las plantas procesadoras y los marineros organizados.

En tanto, el presidente del Suntma, Alexis Pintos, que no pudo ser contactado por El País, dijo en Canal 12 que parte de su reclamo es por la “regulación del sector”, que tiene que ver “con las condiciones de trabajo y de vida a bordo”. Pintos dijo que los trabajadores de la pesca “se juegan la vida en barcos de 60 años y bajo condiciones de laburo que son de los 1900”.

Sobre el reglamento de servicios a bordo de los buques mercantes, que establece que “los marineros cumplirán guardia de navegación o de retén y de vigía, en la forma y lugares que indique el Capitán”, Pintos respondió que se trata de una disposición militar del año 1981, “de la época de la dictadura”.

Según el dirigente sindical, hace 40 años que están reclamando “por el derecho al descanso”, ya que la tarea es de jornada ilimitada en los barcos corvineros mientras haya materia prima para que el pescado no se eche a perder.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, dijo sobre el conflicto de la pesca que mientras una parte reclama por una jornada de trabajo más acotada y un tripulante más, demanda que no está contemplada en el convenio, los empresarios sostienen que “no tienen ni camarotes, ni cuchetas para que descanse ahí un marinero más”. Agregó que han existido una docena de encuentros, pero cuando está una parte, la otra no comparece: “(Las negociaciones) están en punto cero”, afirmó.

Foto: Archivo El Pais

Actualmente la flota pesquera uruguaya está compuesta por 33 barcos corvineros, con permiso de pesca “B”. De ellos, hay cinco que se les llama “atípicos”. Son más grandes y cuentan con 14 tripulantes, incluidos dos patrones (capitanes) y dos maquinistas. Los otros 28, los protagonistas del conflicto, cargan con nueve o 10 tripulantes, con un patrón y un maquinista.

Según un trabajo realizado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), esta reducida flota refleja a un país que “con más superficie marina que terrestre, mira su desarrollo de espalda al mar ignorando el potencial de la pesca industrial”. En el informe, Ceres sugiere que la pesca industrial en Uruguay tiene el potencial (tomando en cuenta la sustentabilidad ecológica) de más que duplicar su captura actual. El impacto total sería cercano a los US$ 200 millones cada año por la mayor producción y la adquisición de nuevas embarcaciones, estima el think tank. En el documento también se proponen diversas acciones para disminuir la alta conflictividad laboral, generar condiciones para aumentar la inversión y lograr cambios en la regulaciones que entorpecen el desenvolvimiento de un sector con el potencial de impulsar el empleo en personas de baja calificación. Cálculos de Ceres mostraron que un día sin actividad de un barco costero supone dejar de obtener recursos por US$ 11.800. En caso de que el viaje no se realice, por ejemplo, por una medida sindical, la cifra trepa a US$ 82 mil.