Conflicto en la pesca: españoles dueños de barcos pidieron a su embajada que hicieran gestiones ante gobierno

Belnova, una empresa española que opera en Uruguay, concurrió a la embajada de su país a pedirle a las autoridades diplomáticas que realicen gestiones ante el gobierno para que intervenga en el conflictoen la pesca que ya generó pérdidas millonarias al sector.

Los titulares de la empresa Belnova se entrevistaron hace dos semanas con el embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, según indicó una fuente empresarial a El País. El objetivo del encuentro fue pedirle al embajador que dialogara con autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y le solicitara que mediaran en el conflicto en el sector, que ya lleva 77 días.

Los representantes de la compañía también pidieron a la embajada española que realizara contactos con la Cancillería y el Ministerio de Trabajo para que también negocien con el sindicato pesquero un levantamiento del conflicto.

Belnova invirtió US$ 15 millones en el barco Solis IV que puede procesar 120 toneladas de pescado por día. Ese barco -uno de los dos que tiene la empresa- está detenido en el puerto Capurro desde el 28 de mayo, cuando se inició el diferendo. Por eso la empresa trasmitió a la embajada de España en Uruguay que es "rehén" del sindicato.

Según los empresarios españoles, los dos barcos de Belnova, al igual que otros 13 congeladores, poseen un capitán y dos tripulantes como reclama el sindicato. Es decir, los 15 barcos que realizan pesca de altura cumplen con las reivindicaciones del gremio y pese a ello están parados desde hace casi 80 días.

"Sufrimos la violencia laboral y una extorsión del sindicato. Siempre fue así. Sabemos cuando llegamos al puerto pero no cuando partimos. El sindicato siempre pide algo, un tripulante más u otra exigencia", dijo uno de los empresarios afectados a El País.

En 2024 la pesca paró y el diferendo se zanjó con un convenio firmado entre los empresarios pesqueros y el sindicato. Hoy hace 77 días de que se inició un nuevo conflicto por un enfrentamiento personal entre un empresario y un dirigente sindical.

Dicha puja se oculta detrás de una reivindicación sindical de que los barcos costeros contraten a 28 nuevos marineros, un planteo que no estuvo recogido en el convenio firmado entre ambas partes el año pasado. Dicho acuerdo incluía una cláusula de paz.

Archivo: El País.

Las medidas sindicales aplicadas en 2024 generaron un coletazo inesperado. Uruguay y Argentina tienen cuotas de pesca en el Río de la Plata. En 2024, la cuota de pesca de Uruguay era de 70.000 toneladas, según señaló la fuente.

En 2025, la Comisión Técnico Mixta del Frente Marítimo bajó la cuota a 35.000 toneladas porque los barcos uruguayos no pescaban, según dijo una fuente empresarial a El País.

El empresario agregó que esa caída de la cuota generó que bajaran los valores de las empresas con licencias de pesca de Uruguay. Por ejemplo, los 13 barcos congeladores, que operan desde el país, pueden pescar apenas el 30% del cupo que hoy tiene Uruguay, explicó la fuente.

La caída de las exportaciones pesqueras es notoria. En 2024, cuando se dio el conflicto anterior, las exportaciones pesqueras de Uruguay alcanzaron los US$ 93,6 millones, lo que representó una disminución en comparación con los US$ 130 millones exportados en 2023.

"Se exporta menos de la mitad de las posibilidades. Eso significa que pierde el país, las empresas y el sindicato. Si hay inversiones, se duplican los barcos, el número de tripulantes y se pesca más. Pero eso no ocurre porque en Uruguay no hay un marco jurídico que respete la pesca", afirmó el empresario.

Hoy se realizará una asamblea en el sindicato pesquero. Algunos afiliados, que presentaron este lunes una moción de levantar el conflicto, insistirán con el planteo.

Foto: Presidencia de la República.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores discutió este martes con intensidad el tema del conflicto de la pesca, originado por el reclamo sindical para que en los buques que navegan cerca de la costa se incorpore un tripulante más. El legislador colorado Robert Silva y la nacionalista Graciela Bianchi coincidieron en que el sindicato violó el convenio colectivo al convocar al paro.

El gremio entiende que si un marinero se hace cargo de la guardia del timón no descansa adecuadamente y pierde participación en las ganancias por lo que se debe incorporar otro tripulante para hacerse cargo del timón.

La secretaria de Conflictos del Pit-Cnt, Nathalie Barbé, por su parte, acusó ante la comisión a las empresas de no pagar los aguinaldos. Aunque estaba invitada a la reunión, la Cámara de Armadores Pesqueros no fue al encuentro.

Para el senador Silva en el convenio sectorial de 2024 no se incluyó ninguna referencia a la incorporación de un nuevo tripulante. “Voy a decirles una cosa: no tengo formación ni conocimiento del sector como para determinar si está bien o mal lo que ustedes están reclamando del tripulante. Lo que sí aclaro es que está por fuera de esto”, dijo.

Bianchi fue más a fondo y señaló a los sindicalistas que visitaban la comisión que “hay una cláusula, un artículo 32, que no admite dos bibliotecas”. "El Ministerio (de Trabajo) tiene una posición incorrecta ya que acá se violó el convenio. Ustedes, para hacer el nuevo planteamiento (sobre un nuevo tripulante), tendrían que haber llamado a una mesa de negociación y ustedes lo saben mejor que nadie”, sostuvo.

En tanto, el senador oficialista Óscar Andrade consideró que es ilegal que los buques tengan un solo patrón de pesca para hacerse cargo del timón. “No es un problema del convenio colectivo, es de la normativa. El jugador que falta acá es la Prefectura”, afirmó el legislador.

Por su parte, Barbé, del PIt-Cnt, dijo que los sindicalistas “lo primero que están reclamando es el descanso, un derecho humano que ni siquiera tiene que estar en el convenio”.

“También, cuando hablamos de violación de convenios debemos tener en cuenta que los aguinaldos son salarios que se generan al 31 de mayo y que por ley deberían pagarse antes del 30 de junio. Lo cierto es que al día de hoy las empresas no han pagado los aguinaldos a ninguno de los trabajadores; es un derecho generado antes del paro, que también tiene una legalidad de pago y que en todas las oportunidades que tuvimos de hacer propuestas lo primero que pedimos fue que se paguen los adeudos 24 horas antes”, dijo Barbé.

La comisión del Senado volverá a abordar el tema este jueves.