“Aplicación discrecional” de código 9; blancos y colorados insisten luego que Cairo recuperara auto sin pagar multa

Redacción El País
El Partido Colorado evalúa la “gravedad” de la aplicación del “código 9” por parte de la Intendencia de Montevideo, una polémica que comenzó con el caso de Cecilia Cairo, exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en junio de 2023, cuando era parlamentaria.

En un comunicado, el partido aseguró que se asesorará jurídicamente, “a efectos de analizar las eventuales responsabilidades civiles, administrativas o penales que correspondieren”.

A su vez, el Partido Nacional también sigue el tema a nivel departamental. El edil blanco Diego Rodríguez, quien inicialmente presentó un pedido de informes, se reunió al respecto en las últimas semanas con el presidente del directorio del partido, Álvaro Delgado, y con el senador Martín Lema, presidente de la comisión departamental de Montevideo.

En el caso de los colorados, el edil Federico Paganini asistió el lunes al Comité Ejecutivo Nacional, y tras esto emitieron un comunicado en el que expresan “profunda preocupación” por el tema. La instancia se dio “en virtud de la información surgida” en la comparecencia del director de Movilidad de la intendencia, Germán Benítez, ante la Comisión de Movilidad Urbana de la Junta Departamental de Montevideo en noviembre.

Por entonces, y según consta en el acta a la que accedió El País, se supo que el código en cuestión se aplicó al menos 363 veces desde 2022. “No implica una exoneración de la multa. El código 9, cuando hay una disposición de la Dirección de la División o del Departamento, le permite a la persona retirar el vehículo, y todos sus adeudos ―absolutamente todos, sin excepción― se pasan al Sucive (Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares), por lo cual quedan asociados al vehículo. No hay exoneración ni ninguna ventaja. Simplemente, el contribuyente hace la solicitud en el momento, por entenderlo necesario”, explicó Benítez.

El Partido Colorado, en contraposición, afirma que la disposición permite “el retiro de vehículos sin el pago inmediato de la multa, ni la aplicación de sanción, bajo autorizaciones del director de Tránsito, sin procedimientos objetivos e imparciales, que otorguen esas facultades al mismo”.

Así, critican que “la aplicación discrecional de dicho mecanismo vulnera de manera directa el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 8 de la Constitución de la República, al establecer un régimen de excepción para algunos ciudadanos, mientras al resto se les exige el cumplimiento estricto de las sanciones previstas”.

¿Por qué se otorga el código 9? Benítez sostuvo: “Se otorga a solicitud del contribuyente, que puede alegar que no tiene dinero, o que no tiene cómo llegar a su casa, o que no quiere quedarse sin auto el fin de semana, o que quiere hacer un convenio y la Intendencia ya está cerrada”. Además, señaló que su aplicación “no es un tema discrecional del jefe, sino que va a consulta y a consideración del director de División o del director de Departamento, es decir, de la persona con mayor rango jerárquico dentro del Departamento o de la segunda dentro de esa competencia”.

En esa línea, el jerarca dijo que desde la Intendencia de Montevideo no se solicita certificación de las razones brindadas por la persona para ampararse en el código 9. “Al ser a solicitud del contribuyente, a las personas que vienen a pedir auxilio no se les solicita un certificado que demuestre que realmente lo necesitan; eso no le corresponde a la Administración. La Administración, en caso de entenderlo procedente, lo concede”, puntualizó.

Fuentes coloradas dijeron a El País que se presentará un pedido de informe ante la intendencia para ampliar sobre “la normativa en la que se amparó la intendencia” y conocer el detalle de las aplicaciones del código 9 en 2024 (166) y en 2025 (55); esta iniciativa también será apoyada por la bancada de ediles nacionalistas.