"No es para esto": cuál fue la explicación de Negro a los senadores para que no se aplique la Alerta Amber

La comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, y el equipo del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado tuvo como objetivo hablar sobre la fuga de 16 presos durante la actual administración. Sin embargo, el jerarca fue consultado por legisladores de la oposición sobre los niños asesinados por su padre en Soriano.

"Deseo hacer una pregunta por otro tema", dijo el senador del Partido Nacional Javier García, advirtiendo que cambiaría el foco de la conversación. Allí consultó sobre si la cartera contaba con información sobre un episodio de violencia que habría protagonizado el padre de los niños días antes de llevárselos por la fuerza. Según mencionó García, se habría dado un incidente en el que Andrés Morosini habría amenazado a otra persona con un arma de fuego.

Quien respondió fue el subdirector de la Policía, Alfredo Clavijo, quien aseguró que se recibió la denuncia y fue indagado, pero nunca se llegó a decretar una orden de detención en su contra.

A raíz de esta charla, el senador colorado Andrés Ojeda pidió la palabra para consultar sobre la no aplicación de la Alerta Amber. "Me gustaría saber en qué está hoy en Uruguay, si está en el radar y cuál es el plan, porque parecería ser una herramienta útil e interesante para estos casos", expresó según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

La ley que establece un sistema de búsqueda temprana para la ubicación de menores de edad desaparecidos, denominado Alerta Amber, fue aprobada en octubre de 2024 con votos de todos los partidos.

Se debe detallar nombre completo, edad y sexo de la víctima; día, hora aproximada y zona donde fue vista por última vez, y características físicas (estatura, peso, color de pelo, color de ojos y señas particulares). Una foto debe estar en el centro del mensaje. Abajo debe aparecer el número telefónico y la casilla de correo institucionales que se encuentran disponibles para aportar información.

En respuesta a la inquietud de Ojeda, Negro explicó que si bien el 28 de febrero —último día del gobierno de Luis Lacalle Pou— se dejó firmado un decreto que reglamenta la ley, no se establecieron los protocolos necesarios para ponerla en marcha. Según dijeron fuentes de la cartera a El País, Negro ya solicitó a los integrantes de una comisión por este tema —Poder Judicial, Fiscalía e Inau— que designen a sus representantes y se espera que se reúnan en las próxima semanas.

Además del encuentro entre los integrantes de la comisión, que deberán elaborar un protocolo de acción, la cartera está trabajando en el desarrollo de una página web y una aplicación a través de las que se comunicarán este tipo de casos.

"(La alerta) es de aplicación en un supuesto de ausencia o desaparición y la presunción de posibilidad de que tras este hecho se encuentre un hecho delictivo. En este desgraciado y trágico caso, desde el inicio se sabía cuál era la causa; no se trataba de ausencia o desaparición, sino que era una simple, lisa y llana sustracción", aseguró el jerarca.

Argumentó que "se había sustraído a dos menores de la casa de su madre, de su domicilio" y que "se sabía de este hecho desde el primer momento". "Siempre se supo cuál era la causa, era una sustracción y ya estábamos en lo que nosotros entendemos como un delito flagrante que se estaba ejecutando en ese momento", dijo.

"La Alerta Amber no es para esto; no era de aplicación en este caso. Aquí había que aplicar estrictamente un protocolo policial", concluyó Negro.

En diálogo con El País, el ex ministro del Interior Nicolás Martinelli acusó a Negro de "faltar a la verdad". "Dijo que la ley no aplicaba al caso porque se trata de una sustracción. Sin embargo la ley expresamente menciona estos casos", aseguró.

También hizo mención a un protocolo firmado entre Interior y Fiscalía en febrero junto con la empresa Meta, en el que se hace referencia a casos de "privación de libertad" y también menciona situaciones de "violencia intrafamiliar, disputas en temas de guarda o violencia basada en género".

Este convenio es independiente a la reglamentación de Amber, aunque el fin es similar. Tiene como objetivo difundir la imagen del menor ausente a través de las redes sociales de la empresa —Facebook, Instagram.