Estado deberá indemnizar a mujer a la que le robaron la identidad y le atribuyeron delitos que no cometió

La Justicia condenó al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General de la Nación a pagar una indemnización de 15.000 dólares a Gimena Dewailly, una mujer cuya identidad fue utilizada por una delincuente para tener que cumplir una pena menor, lo que le provocó que sufriera detenciones, dificultades para salir del país y perjuicios en su vida personal y laboral.

El Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 3^er turno comprobó que la suplantación de identidad no fue detectada por los dos organismos, lo que ocasionó que Dewailly quedara vinculada a antecedentes penales y decisiones judiciales correspondientes a delitos que no había cometido.

El caso comenzó en 2022, cuando Claudia Gabriela Alanis Díaz fue detenida por la Policía por hurto y proporcionó el nombre y número de cédula de Dewailly, datos que conocía de memoria. Ambas solían ser amigas pero no se veían desde hace 16 años.

Según se acreditó durante el juicio civil, Alanis Díaz no llevaba documentación al momento del arresto, pero los funcionarios aceptaron la identidad que declaró y el procedimiento penal continuó sin que se advirtiera la suplantación.

La maniobra permitió que Alanis Díaz ingresara al sistema penitenciario con una identidad ajena. La delincuente tenía antecedentes penales pero al proporcionar el nombre y la cédula de Dewailly fue procesada como si fuera una delincuente primaria, pese a que ya había estado en prisión. De esa manera, obtuvo una pena menor y en mejores condiciones que la que le hubiera correspondido por reincidente.

Mientras Alanis cumplía su condena, la verdadera Gimena Dewailly comenzó a sufrir las consecuencias de aparecer vinculada a actuaciones penales que no le correspondían

La sentencia, a la que accedió El País, confirmó la existencia de reiteradas intervenciones policiales vinculadas a los antecedentes y las órdenes judiciales que continuaban registrados bajo su identidad.

En una de ellas, Dewailly relató que efectivos policiales fueron a buscarla a su domicilio y la trasladaron a la Seccional 19.ª de Montevideo, donde fue enviada a una celda. Según contó, un funcionario le informó que iba a ser trasladada a prisión por incumplir un régimen de libertad a prueba que figuraba a su nombre. Después de varias horas recuperó la libertad y regresó a su casa.

Dewailly también enfrentó restricciones y obstáculos para viajar al exterior porque sus datos personales continuaban asociados a una situación penal que no le correspondía. De hecho, en una oportunidad fue detenida por migraciones cuando se disponía a salir de vacaciones. Además tuvo inconvenientes para tramitar su pasaporte.

Mediante declaraciones de testigos, la Justicia consideró acreditado que las detenciones, los problemas para viajar y la necesidad de demostrar reiteradamente su identidad afectaron el honor de Dewailly y le ocasionaron “angustia, temor, impotencia y una afectación de su tranquilidad personal”.

Descubrimiento

La suplantación de identidad quedó al descubierto cuando un funcionario del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) reconoció a Alanis mientras ésta intentaba salir de la Cárcel de Mujeres utilizando su nombre verdadero, haciéndose pasar por una visitante.

El funcionario explicó que conocía personalmente a Alanis porque había estado anteriormente privada de libertad. A partir de su intervención se revisaron los registros y se descubrió que estaba recluida con la identidad de Dewailly.

El funcionario declaró que, si no la hubiera reconocido, probablemente la habrían dejado salir como una visitante.

En ese momento, Alanis admitió que, cuando fue detenida, había proporcionado el nombre y la cédula de la otra mujer porque conocía esos datos de memoria. El procedimiento policial y las actuaciones posteriores se habían desarrollado sin que presentara documentación que acreditara su identidad.

El funcionario del INR declaró que una vez que se constató la irregularidad, se comunicó la situación a la Justicia, que dispuso que Alanis permaneciera recluida mientras se esclarecía lo sucedido. Sin embargo, el trabajador aseguró que la mujer no fue identificada nuevamente bajo su verdadero nombre y tampoco fue trasladada a Identificación Civil para corregir sus datos.

Por el contrario, continuó cumpliendo la condena bajo la identidad de Gimena Dewailly, lo que siguió perjudicando a la denunciante.

Dewailly entabló una demanda por daños y perjuicios contra Fiscalía y el Ministerio del Interior.

La cartera rechazó la demanda alegando que la situación se originó en la conducta ilícita de Alanis. Además, argumentó que los funcionarios policiales actuaron conforme a los procedimientos establecidos y que, una vez descubierta la suplantación, se realizaron las comunicaciones correspondientes a los demás organismos involucrados.

También señaló que las posteriores detenciones de Dewailly respondieron al cumplimiento de órdenes judiciales vigentes, que la Policía no tenía potestades para dejar sin efecto.

Fiscalía sostuvo que las tareas de identificación, el manejo de antecedentes penales, los registros y el cumplimiento de las decisiones judiciales correspondían a otros organismos del sistema de justicia, principalmente el Ministerio del Interior.

La Justicia concluyó que la cartera incurrió en deficiencias de identificación y corrección de registros, mientras que Fiscalía tampoco podía desligarse de la responsabilidad de individualizar correctamente a la persona sometida a persecución penal. Además consideró especialmente grave que, incluso después de descubrirse la suplantación, el error permaneciera en los registros y continuara perjudicando a Dewailly.