La Fiscalía Departamental de Toledo dictó la condena de ocho personas que formaban parte de una red delictiva dedicada a utilizar información reservada de víctimas de siniestros de tránsito con el objetivo de contactarlas e imponerles la contratación de servicios profesionales. Con estas, la causa suma un total de 18 personas condenadas, tras las diez condenas obtenidas en instancias previas del proceso.
El fallo judicial determinó imputaciones específicas según la responsabilidad individual dentro de la organización. Un grupo de cinco personas recibió condena como autoras de asociación para delinquir especialmente agravada, en concurrencia fuera de la reiteración con cohecho calificado y uso indebido de información privilegiada. Las penas fijadas para este grupo alcanzaron los 16 meses de prisión, dos años de inhabilitación especial y una sanción económica equivalente a 50 UR de multa ($96.172,00 pesos uruguayos).
Otros dos involucrados recibieron una pena de 14 meses de prisión, manteniendo la inhabilitación por dos años y el pago de 50 UR de multa por tipificaciones penales similares. Un octavo integrante sumó la imputación de falsificación o alteración de documento público, lo que elevó su sanción a dos años de cárcel.
El proceso judicial derivó en acciones de vigilancia sobre otros implicados. El Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno dispuso la medida de arresto domiciliario para un noveno imputado, medida que regirá hasta el 15 de marzo de 2027. El sujeto permanecerá monitoreado mediante un dispositivo de monitoreo electrónico y tendrá prohibida la comunicación con indagados y funcionarios de la causa.
La Fiscalía presentó formalmente un recurso de apelación. El expediente será remitido para su análisis definitivo ante el Tribunal de Apelaciones correspondiente.
Policías involucrados en la red delictiva
Dos semanas atrás se conocieron detalles sobre cómo era la red en la que se intercambiaba información sobre siniestros de tránsito para captar potenciales clientes para su representación en juicios.
La Fiscalía General de la Nación informó en un comunicado que la investigación "permitió desarticular una red" de funcionarios públicos que accedían a información vinculada a personas que habían sufrido accidentes de tránsito y "la proporcionaban a abogados interesados en captar a esas personas como potenciales clientes".
Entre los funcionarios públicos involucrados hay policías, inspectores de tránsito y personal de la salud, "quienes utilizaban la información a la que accedían en razón de sus funciones para favorecer la captación de víctimas", y esa información se la proporcionaban a los abogados que intentaban captar clientes para su defensa.
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