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Tras femicidio de Valentina Cancela, el gremio de jueces aclaró que las tobilleras son para mayores de 18 años

Los magistrados recordaron que hay una norma de la Suprema Corte de Justicia que prohíbe colocar dispositivos electrónicos a menores y que el Ministerio del Interior se “ha negado” a hacerlo.

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Tobillera electrónica. Foto: Archivo El País
Tobillera electrónica.
Foto: Archivo El País

Redacción El País
La Asociación de Magistrados del Uruguay, el gremio de los jueces, emitió un comunicado en las últimas horas a raíz de los dichos del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien días atrás, consultado sobre el femicidio de la joven Valentina Cancela a manos de su exnovio, de 17 años, expresó que “las tobilleras están sobrando en el ministerio” y que la Policía trabaja como "auxiliar de la Justicia". "No podemos poner la tobillera porque queramos si no es con autorización judicial, y no podemos darle custodia si no es con actuación judicial", agregó en aquella oportunidad.

La Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados indicó que, “ante expresiones incorrectas de autoridades del Poder Ejecutivo”, debía aclarar que “conforme a lo dispuesto por norma reglamentaria” en una acordada de la Suprema Corte de Justicia (8028/2019), que fue “dictada en coordinación con el Ministerio del Interior”, se dispone que “por razones jurídicas y técnicas es necesario que el dispositivo se imponga respecto de personas mayores de 18 años”.

Además, los jueces indicaron que “el Ministerio del Interior, en virtud de la referida normativa reglamentaria, cuestiona (e incluso ha negado) la colocación de tobilleras en menores de 18 años”.

Leonardo Méndez, presidente del gremio, dijo a El País que actualmente “algunos colegas” siguen disponiendo la colocación de tobilleras a menores amparados “en normas de superior jerarquía”, como la ley o la Constitución, pero “el Ministerio del Interior se niega a dar cumplimiento” de esos dictámenes amparado “en esta normativa reglamentaria” de la Suprema Corte.

Y entonces recordó que esa acordada es “fruto de insistencias del Ministerio del Interior” de la época “para poder racionalizar el uso de estos medios y porque a su vez tienen recursos humanos limitados para el monitoreo”.

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