hasta el 31 de julio de 2020, ninguna pena por algún delito cometido por un menorpodía superar los cinco años. Eso cambió con la puesta en vigencia de la ley de Urgente Consideración (LUC), en la que ese máximo fue elevado a diez años en casos como abuso sexual, violación y homicidio intencional especialmente agravados.

Pasaron tres años y en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) tomaron nota. Una comisión formada por todas las áreas de ese organismo comenzó a trabajar en un “plan de futuro” para enfrentar algo para que el instituto no fue diseñado: la inminencia de empezar a atender a jóvenes que estarán privados de libertad por hasta una década. Una situación que, en la mayoría de los casos implicará que tengan que seguir encerra- dos allí aun cuando cumplan 18 años.

Será el caso, seguramente, del adolescente de 17 años imputado el jueves por el homicidio muy especialmente agravado por femicidio de Valentina Cancela, su exnovia de la misma edad. Para el Inisa, se trata de un caso inédito. En diálogo con El País la presidenta de la institución, Rosanna De Olivera, señaló que se trata del primero con esa carátula.

En concreto, hasta ahora no existía ningún adolescente en el sistema de justicia uruguayo al que se le imputara femicidio. Como medida cautelar, el joven permanece ingresado en el centro. En estas próximas dos semanas, será sometido, junto a su familia, a cuatro encuentros con el equipo de técnicos de la institución. Se trata de efectuar estudios sobre su situación actual en salud física, emocional y mental. El informe resultante será elevado luego a la Justicia, que debe dictar sentencia en su contra en un plazo máximo de 30 días.

Los últimos movimientos del femicida de Valentina Cancela antes de confesar el crimen

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Como se espera que reciba la pena máxima, ese informe servirá también para determinar su perfil y decidir el lugar más adecuado en el que cumplirá con su reclusión. Si recibe la pena máxima y la cumple, dejará el Inisa con 27 años de edad.

La LUC modificó también otro punto del Código de la Niñez y la Adolescencia: en estos casos, la pena mínima se elevó de uno a dos años.

De Olivera dijo que el centro donde está hoy el joven se mantiene en reserva, debido a la “conmoción” que ha despertado el caso. Si bien no está aislado, el chico está apartado del resto de los jóvenes alojados, y es monitoreado todo el día por un grupo de funcionarios.

Lo que no cambió con la LUC es el lugar donde se debe cumplir la pena. En caso que el menor llegue a la mayoría de edad, deberá seguir cumpliéndola en un establecimiento de Inisa. Eso sí, separado de los menores.

El instituto alberga hoy a 81 jóvenes privados de libertad mayores de edad. Según apuntó en el Parlamento el director de Medidas Socioeducativas del Inisa, Juan Castillo, solo cinco de ellos están en el Centro MD. Un lugar que para las autoridades no resulta adecuado, ni por sus características edilicias ni por su historia institucional. Hasta 2018 allí se alojaba a los chicos más conflictivos, y luego fue modificado para albergar a mayores.

Castillo adelantó que el centro pronto será cerrado y se reubicará a esos cinco jóvenes que, en algunos casos, tienen un régimen por el cual pasan los fines de semana en su casas.

Hoy por hoy, en el Inisa el 51% de los menores internados cumplen penas menores a los doce meses de encierro. El 94% son varones, y casi la mitad ya cumplió los 17 años, que sigue siendo la edad mayoritaria de entrada al sistema.

En total, el Inisa atendió el año pasado a 1.027 jóvenes. De esa cifra, 283 están cumpliendo medidas de encierro. El organismo cuenta con trece centros de privación de libertad: siete en la Colonia Berro, cinco en Montevideo y uno en la ciudad de Minas.

En cuanto a las infracciones cometidas, la rapiña sigue ocupando el primer lugar. Le siguen tentativa de rapiña, homicidio y tráfico de estupefa- cientes.

Según los datos del Inisa incorporados en la última Rendición de Cuentas, en promedio los jóvenes pasan 4,5 horas al día encerrados en sus celdas. Un tiempo bastante menor si se lo compara con 2019, cuando estaban 9 horas al día en esa condición. En cuando a las medidas socioeducativas, el balance del instituto indica que el año pasado tuvieron una duración de 1,6 horas al día en promedio.Otros 130 chicos están bajo un régimen de semilibertad.

Son bastante más los jóvenes que, en conflicto con la ley, vienen cumpliendo algún tipo de medida sustitutiva al encierro. Según las últimas cifras del instituto se trata de 20 mujeres y de 596 varones. Son unos 120 casos más que en el año anterior. Las principales conductas delictivas tipificadas fueron hurto y receptación.

La reincidencia de los menores en conflicto con la ley se ubica hoy en 24%, la menor en los últimos seis años. En 2017 era del 36%. El año pasado, el organismo no registró ninguna fuga. Al punto que uno de los detalles que destacaron las autoridades al exponer el mes pasado su mensaje presupuestal fue una reducción de 71% anual en el gasto en “accesorios metálicos”. En particular, candados. Con todo, el 45% del presupuesto total del instituto va destinado a los servicios de custodia y vigilancia: fueron $ 211 millones el año pasado.

El Inisa surgió en 2015 a través de una ley que lo separó del INAU y que lo convirtió en un servicio descentralizado. En ese momento, tenía a su cargo a 1.007 jóvenes privados de libertad y a otros 705 cumpliendo algún tipo de medidas alternativas.

En el Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa) reconocen que la ley de Urgente Consideración (LUC) tuvo un impacto en un sector particular de los jóvenes en conflicto con la ley que debe albergar: el de los ofensores sexuales. En parte, los incrementos de penas dispuestos por esa normativa están referidos a imputados por delitos como violación o abuso sexual.

Estos hoy están alojados en el Centro Nuevo Rumbo, ubicado en la ciudad de Minas. El director de Medidas Socioeducativas del Inisa, Juan Castillo, advirtió a fines del mes pasado en el Parlamento, al exponer sobre la Rendición de Cuentas, que el impacto de la presencia de estos jóvenes en las institución se da en varios sentidos. “Uno, que la raíz del delito cometido por estos jóvenes es totalmente diferentes a la resto”, advirtió. Por lo tanto, afirmó, las herramientas y los mecanismos de imposición de las medidas necesariamente no deben ser las mismas que para los otros sectores de la población del organismo.

“De hecho, hay chiquilines que tienen un buen nivel académico”, contó. Algunos de ellos, incluso, ya habían terminado el liceo al momento de ser imputados y son estudiantes universitarios. “Ahondar en la educación, que es una herramienta que utilizamos de manera general con los jóvenes privados de libertad, era algo que no podíamos hacer con estos jóvenes”, indicó.

Castillo agregó que, en estos casos, las medidas tenían que apuntar en otro sentido y eso es algo que el instituto nunca había hecho. “Su delito proviene desde otro lugar”, dijo.

Por otra parte, el director sostuvo que otro aspecto a tener en cuenta en cuanto a este sector particular es que tienen miedo de estar con el resto de la población alojada en el Inisa. “Hubo que trabajar desde otro lugar y de otra forma para garantizarles su seguridad”, dijo. “Eso es algo primordial para nosotros”.

En realidad, apuntó Castillo, lo que se hizo durante este tiempo es trabajar en preservar la integridad física de cada uno de estos jóvenes ya que los imputados por ser ofensores sexuales generalmente resultan ser agredidos por el resto de la población en condiciones de encierro. Una situación que sucede con frecuencia en las cárceles de adultos.

“Entonces, en primera instancia, apuntamos al cuidado de la integridad física de estos jóvenes”, remarcó el director de Medidas Socioeducativas del Inisa, que procuró llevar tranquilidad a los legisladores. “Podemos decir que ninguno de los jóvenes que cometió delitos de estas características fue agredido”, concluyó.