Formalizaron a los dueños de Pérez Marexiano: Fiscalía afirma que Palombo operaba con su aval

La jueza de Crimen Organizado de 2º Turno, Diovanet Olivera, hizo lugar a la formalización de los hermanos Pedro y Carlos Pérez, titulares de la corredora de bolsa Pérez Marexiano, por los delitos de asociación para delinquir y estafa. La solicitud fue realizada por la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas, que entiende que existen indicios suficientes para vincularlos a una maniobra que habría afectado a varios inversores.

Carlos era presidente de la firma y poseedor del 52% de las acciones, mientras que Pedro tenía el 48% restante y se desempeñaba como vicepresidente. A ambos se les impuso fijación de domicilio, retención de documentos de viaje y prohibición de salir del país por 180 días.

La investigación comenzó a partir de denuncias contra el exempleado de la corredora Ignacio González Palombo, quien ya había sido imputado en febrero por estafa y falsificación de documento privado. Sin embargo, con el avance de la causa se sumaron nuevas denuncias que no solo apuntaron contra él, sino también contra los socios de la empresa.

Según expuso Fiscalía en la audiencia, González Palombo no era corredor de bolsa ni empleado formal de Pérez Marexiano al momento de los hechos, pero captaba inversores que confiaban en él por su vínculo anterior con la firma y por la trayectoria de la corredora. Para los damnificados, González Palombo seguía actuando como parte de la empresa.

Los inversores transferían dinero tanto a cuentas bancarias de González Palombo como directamente a cuentas de Pérez Marexiano. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, en varios casos no recibían las confirmaciones ni los estados de cuenta que exige la normativa del Banco Central del Uruguay (BCU).

La fiscal Fleitas sostuvo que la corredora estaba al tanto de la actividad de González Palombo, que le permitió operar y que se benefició con su captación de clientes. Según la Fiscalía, la empresa obtenía ganancias por esas operaciones y González Palombo cobraba comisiones, aunque no existía un contrato que regulara formalmente esa tarea.

González Palombo había trabajado en Pérez Marexiano entre 2008 y 2015. Durante ese período se encargaba de realizar estados contables, contactarse con auditores y gestionar la prevención en materia de lavado de activos. A partir de entonces fue dado de baja en el Banco de Previsión Social (BPS), aunque siguió vinculado a la firma en tareas de capacitación.

Años después González Palombo habría pasado a funcionar como una suerte de captador de inversiones. En la audiencia se sostuvo que en 2020 acordó trabajar en conjunto con la corredora para acercar nuevos clientes y que contaba con el aval de los socios. También se afirmó que daba directivas a un operador sobre qué valores comprar o vender y a qué clientes asignarlos.

El relato fue negado en múltiples oportunidades tanto por los imputados (por medio de gestos) y por su defensa, encabezada por Jorge Barrera.

La Fiscalía señaló que las cuentas de esos clientes eran creadas por orden de los socios, que primero revisaban la documentación y aprobaban su incorporación. También indicó que las comisiones a González Palombo se pagaban por orden de Pedro o Carlos Pérez, ya fuera mediante débitos de cuentas vinculadas a gastos de oficina o mediante cheques firmados por los socios. Los montos iban desde US$ 11.000 hasta US$ 20.000.

De acuerdo con un informe de la interventora designada por el BCU, se identificaron 107 clientes vinculados a González Palombo dentro de la base de datos de la firma. Fiscalía sostuvo que, para la mayoría de esos clientes, no existían contratos que regularan adecuadamente la actividad comercial ni referencias a poderes otorgados a González Palombo para operar en sus cuentas.

La investigación también detectó operaciones realizadas mediante instrucciones por llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, falta de formularios de perfil de inversor y omisiones en documentación exigida por la normativa.

Uno de los puntos centrales de la exposición fiscal fue el uso de una cuenta ómnibus con saldo negativo. Según Fiscalía, se realizaron retiros sin contar con fondos suficientes y se utilizaron fondos de otros clientes para cubrir esas operaciones. También se informó que algunos clientes recibían información errónea, con saldos positivos cuando en realidad sus cuentas tenían saldo negativo.

A finales de octubre de 2025, el directorio del BCU había resuelto “intervenir preventivamente la Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A.” tras detectar “graves incumplimientos”. En ese momento, el BCU designó como interventora a la contadora Ana Chaves.

La fiscal sostuvo que las nuevas denuncias recibidas incrementaron los montos que todavía están siendo determinados. Según la hipótesis fiscal, los hermanos Pérez “no eran ajenos” a la maniobra, sino que cooperaron directamente en su ejecución mediante la falta de controles, el uso de la infraestructura de la empresa y el aval otorgado a la actividad de González Palombo.

La defensa, encabezada por el abogado Jorge Barrera, cuestionó la imputación y remarcó que la formalización tiene un estándar probatorio bajo. Sostuvo que la exposición fiscal fue un “relato coherente”, pero afirmó que eso no significa que sea un relato probado ni verídico. También señaló que no era la instancia procesal para debatir a fondo si existió delito o no.

Barrera transmitió que sus defendidos rechazan los hechos expuestos por Fiscalía y planteó que existe otra teoría del caso. Según dijo, el BCU manejó inicialmente un faltante de US$ 1,6 millones, pero que luego esa cifra se habría reducido a un tercio y actualmente rondaría los US$ 200.000. La defensa aseguró que los hermanos Pérez continúan realizando gestiones para pagar lo adeudado y expresó su convicción de que, una vez revisada administrativamente la operativa, la diferencia llegará a cero.