Justicia

En marzo se envió a prisión el 92,3% del promedio anterior.

La Fiscalía General de la Nación (FGN) defendió la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y aseguró que su puesta en marcha "no genera por sí misma mayores niveles de impunidad".

Las aseveraciones están contenidas en la respuesta a un exhaustivo pedido de informes que cursara a esa repartición el diputado nacionalista Pablo Abdala, acerca de los efectos de la puesta en práctica del nuevo Código.

Los datos contenidos en la respuesta se refieren únicamente a los meses comprendidos entre noviembre —puesta en marcha del CPP—, y marzo.

La FGN reconoce que enfrenta una carga de trabajo "60% superior a la que hacían prever los datos disponibles en 2015" y "este contexto condiciona los resultados a obtener en corto y mediano plazo".

En ese sentido la Fiscalía explicó que al momento de calcular los recursos humanos y materiales que el organismo necesitaría para implementar el nuevo CPP al elaborarse la Ley de Presupuesto 2015, la cifra utilizada como referencia, proporcionada por el Ministerio del Interior, era de 18.680 asuntos por mes. Por tanto, el volumen actual de trabajo representado por las Noticias Criminales es un 60% mayor a dicha cifra, o un 37,7% mayor si se consideran únicamente las denuncias de delitos promedio por mes (25.724).

Así se admite que "la evidencia presentada también expresa claramente que los primeros meses de aplicación del nuevo CPP arrojaron resultados magros comparados con la situación anterior. En efecto, tanto el número de casos en que se responsabilizó a imputados como la cantidad de personas enviadas a prisión estuvieron muy por debajo de los meses anteriores a la reforma. Tal situación era esperable dada la magnitud de los cambios a los que todos los operadores, policiales, fiscales y judiciales, debieron adaptarse".

No obstante, la Fiscalía asegura que "es claro que ambos indicadores se han recuperado rápidamente desde el inicio". Por ello asegura que "gracias al esfuerzo de los operadores fiscales y policiales, en marzo y abril de 2018 se alcanzaron cifras comparables a las de los promedios anteriores".

Para probar las afirmaciones previas, la FGN da cuenta que "se logró responsabilizar penalmente al equivalente al 80% de los procesamientos de octubre de 2017, mes anterior a que el nuevo CPP empezara a aplicarse, aún sin considerar el subregistro" que se produce por cuestiones informáticas. Agrega que "se envió a prisión a 540 adultos en marzo y 528 según datos provisorios de abril, lo que representa 94,4% y 92,3% del promedio de ingresos entre enero y octubre de 2017, superando incluso cifras de dos meses del período anterior".

En otro pasaje de su respuesta la FGN sostiene que "en los seis meses analizados se responsabilizó a, al menos, un imputado en 3.630 casos, si se considera también las formalizaciones en trámite" y agrega que "en marzo de 2018 el número de casos formalizados alcanzó el 80% de los procesos iniciados durante octubre de 2017, último mes de aplicación exclusiva del anterior proceso penal".

Otro aspecto que destaca la Fiscalía en la aplicación del nuevo proceso penal es la "rápida y masiva adopción del Juicio Abreviado y las vías alternativas por parte de los operadores judiciales (...) En los primeros seis meses de aplicación el 77,8% de los conflictos penales formalizados se resolvieron por algu-no de los nuevos medios previstos".

En tal sentido "esto por sí mismo supone un verdadero salto en la eficacia y eficiencia en la administración de justicia en el país, dado que se ahorran meses o hasta años de tiempo y costos económicos tanto del erario público como de los privados involucrados, en los que se incurría en los juicios escritos y preceptivos del Código anterior", sostiene la FGN.

Dentro del Frente Amplio, hay preocupación por los inconvenientes en la aplicación del nuevo CPP y los desencuentros públicos entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía y los jueces. El gobierno envió al Parlamento una serie de modificaciones al Código.

Varios sectores dentro del Frente Amplio habían solicitado al Poder Ejecutivo que eliminara la prisión preventiva preceptiva de las modificaciones al Código del Proceso Penal.

Tras intensas negociaciones internas no se logró eso, pero sí una serie de cambios al proyecto de ley entre los que se encuentra la limitación de la prisión preventiva.

Fuentes de la bancada dijeron a El País que se excluirán los delitos que no sean graves y gravísimos, por ejemplo el hurto. Sí se podrá disponer la prisión preventiva como regla por parte de los fiscales en casos de rapiña, violación o copamiento. Ayer, la bancada encomendó al senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Charles Carrera, recoger todos los aportes y hacer los contactos necesarios para acordar el texto que será sometido a votación de la Cámara Alta en la primera semana de julio.

Fuentes consultadas indicaron que si se concretan los cambios, varios sectores que antes se oponían al proyecto en cuestión podrían dar su apoyo para que se sancione el proyecto en general, pero votar en contra de los artículos referidos a la prisión preventiva preceptiva en particular. Los sectores que manifestaron sus desacuerdos con la prisión preventiva preceptiva son el Partido Comunista, Casa Grande (de la senadora Constanza Moreira), el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

A algunos de estos grupos no les conforma lo acordado hasta ahora en el marco de las negociaciones entre la bancada y el Ejecutivo, por lo que no descartan solicitar libertad de acción.

De todos modos, el proyecto puede ser aprobado con los votos de la oposición que está de acuerdo con los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo.