Una vez que se levante el receso judicial este miércoles, las salas de los juzgados penales de Montevideo estarán especialmente concurridas. A la actividad normal, se suman la convocatoria a extensas instancias en los casos de Conexión Ganadera, Gustavo Penadés y Casa de Galicia. Esto ocurrirá entre miércoles y jueves de esta semana.
En la causa por los fondos ganaderos, el fiscal Enrique Rodríguez le pedirá a la jueza Diovanet Olivera que impute a Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral. Si la jueza lo acepta, el fiscal quedará habilitado para solicitar medidas cautelares. Estas son medidas preventivas para evitar que la investigación en su contra corra riesgos. La audiencia está prevista para el jueves a las 9 de la mañana.
El único caso similar a este que tuvo, por el momento, andamiaje judicial fue el del Grupo Larrarte. En ese caso, el fiscal Alejandro Machado, pidió el encarcelamiento preventivo de Jairo Larrarte, lo que fue aceptado por la Justicia.
La imputación a Carrasco, Iewdiukow y Basso ocurre luego de más de seis meses de investigación. A fines de enero, el socio fundador de Conexión Ganadera había dado sus explicaciones a los inversores en un streaming. En esa oportunidad dijo que dejaría “el pellejo para buscar la mejor solución” y que tenía un acuerdo tácito con Gustavo Basso -el otro socio de la empresa, fallecido en noviembre pasado, sobre la distribución de los roles en la empresa. Él, por ser ingeniero agrónomo, sería el “hombre en el terreno” y Basso estaría a cargo de las cuentas y los negocios. Lo mismo declaró en Fiscalía hace aproximadamente un mes.
Ese mismo jueves, pero a las 7:30 de la mañana, en el juzgado encargado del caso Penadés se le tomará declaración a Javier Viana, la víctima que se incorporó a la causa por haber contado su testimonio en el libro Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder (Editorial Sudamericana). Lo hará por videoconferencia, puesto que vive en España desde hace más de dos décadas.
Luego de la publicación del material, en el que Viana relataba cómo había conocido al exsenador del Partido Nacional siendo menor de edad y había sufrido diversos abusos, la fiscal Alicia Ghione tomó contacto con él y le preguntó si quería incorporarse a la causa. Viana lo hizo y amplió lo que había contado en el libro pero en Fiscalía, ahondó en detalles y relató nuevas situaciones.
Viana narró que cuando tenía 16 años caminaba una noche por la avenida 18 de julio cuando lo interceptó el exsenador, que iba en su auto. Para ese entonces él vivía solo en una pensión, estudiaba peluquería y trabajaba en un supermercado. El político lo invitó a tomar algo y le ofreció un pancho y una gaseosa, pero eso se convirtió en el inicio de años de abusos, según le contó a Ghione.
Aseguró que fue abusado sexualmente varias veces, maltratado, denigrado y que era retribuido con distintos objetos materiales que, por su situación precaria, le venían bien. Luego, cuando comenzó a querer salir de ese vínculo, le ofreció dinero.
También ratificó lo que relató en el libro respecto de "los chicos Penadés". Así nombraban a un grupo de chicos jóvenes —de algunos él sospechaba que eran menores de edad— que iban a fiestas sexuales que organizaba el exlegislador y en la que había sustancias estupefacientes prohibidas, según afirmó Viana.
La declaración que vale en un juicio es la que se da ante un juez, lo que en su caso ocurrirá este jueves.
Por último, en el mismo juzgado de Crimen Organizado en el que se tratará el caso de Conexión Ganadera, se llevará adelante el juicio contra Alberto Iglesias, expresidente de Casa de Galicia. Comenzará el miércoles, seguirá el jueves y luego continuará la próxima semana, debido al feriado del viernes.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos que encabeza Gilberto Rodríguez pidió que se condene a Iglesias a tres años de prisión por los delitos de apropiación indebida y el de insolvencia societaria fraudulenta. Los abogados del extitular de la mutualista, Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, insistirán en que se lo debe absolver.
Rodríguez y sus colaboradoras, las fiscales Silvia Monzón y Gabriela Gómez, sostienen que Iglesias retiró US$ 180 mil que eran de la institución y de los que aún se desconoce su destino. Ese es el motivo por el que le imputan apropiación indebida. Hasta ahora, se levantó el secreto bancario de sus cuentas personales y el dinero nunca ingresó allí.
Por otra parte, indicaron que Iglesias, sabiendo que iba a llamar a concurso voluntario, ordenó el pago a seis acreedores y alteró la masa concursal. Los beneficiarios fueron Juan Carlos Lousada, de la comunidad gallega, y Marcelo Bonanata, histórico prestamista de Casa de Galicia y cuatro empresas: Tera S.A, Bioerix S.A, General Electric y Gladil S.A. Esto, sostiene la demanda, generó un "riesgo económico" de más de 2 millones de dólares.
De esta maniobra no había registro en papel, asegura la Fiscalía, sino que fue descubierta por el síndico que intervino una vez la Justicia llamó a concurso. El síndico logró revertir cinco de las seis “órdenes irrevocables” que había dado Iglesias, por lo que la mayoría no pudo hacerse del dinero.
Iglesias, por su parte, sostiene que la suma de los US$ 180 mil tiene una "perfecta trazabilidad" y agregó a su vez que la mutualista le debe US$ 200 mil a él.
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