Casa de Galicia: Iglesias aseguró que hay una "trazabilidad perfecta" del dinero y sostuvo que le deben plata

El expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, enfrenta cargos por insolvencia societaria fraudulenta y apropiación indebida, pero irá a juicio oral buscando defenderse. En la contestación a la demanda acusatoria, a la que accedió El País, el exjerarca aseguró que siempre actuó dentro de sus competencias y en beneficio de la institución. Además, sus abogados sostuvieron en el documento que la mutualista mantiene una deuda con su cliente.

Los abogados de Iglesias, Óscar Brum y Florencia Mazzei, hicieron especial hincapié en el informe de un contador que fue ordenado por la Fiscalía y que, en su opinión, echa luz sobre su situación. A su vez, entre las 17 personas que piden que sean citados a declarar, proponen a dos directores del Banco República, a los dos vicepresidentes de Casa de Galicia y también al presidente, Salvador Ferrer. Pretenden que declaren sobre "el vínculo entre el banco" y el fideicomiso del que participaba la institución, y la situación financiera de la mutualista, entre otras cosas.

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3^er Turno, que es quien acusa a Iglesias, sostiene que el expresidente retiró US$ 180 mil que eran de la institución y de los que aún se desconoce su destino. Ese es el motivo por el que le imputan apropiación indebida. Hasta ahora, se levantó el secreto bancario de sus cuentas personales y el dinero nunca ingresó allí. Según Fiscalía, a partir de ese momento Iglesias cambió varias veces de versión sobre lo que había sucedido con el dinero.

Para sus defensores, la trazabilidad de ese dinero está acreditado en los informes contables que posee la Fiscalía. Sostienen que el dinero fue a Clínicas Leborgne y de allí al pago de diferentes acreedores. "Casa de Galicia era el beneficiario del préstamo celebrado, y en consecuencia debía financiar actividades propias de su giro, que en definitiva, fue así ya que Clínicas Leborgne es parte de Casa de Galicia", indicaron.

Afirman que Iglesias le entregó en mano el dinero a un funcionario de la mutualista que se suicidó dos días después de la intervención del Poder Ejecutivo y que él depositó el dinero. Existe "una perfecta trazabilidad", señalaron en su escrito Brum y Mazzei, por eso apuntaron las deudas que Clínica Leborgne saldó con ese dinero.

"Es necesario en este punto realizar las siguientes aclaraciones, ya que sistemáticamente el Ministerio Publico ha ignorado el hecho de que Casa de Galicia y Clínica Leborgne eran un grupo económico", resaltaron, puesto que la mutualista era dueña de 51% de la clínica.

A su vez, afirmaron, Casa de Galicia le debe US$ 200 mil a Iglesias. "Al momento de realizar la compra de Clínica Leborgne, Casa de Galicia carecía de liquidez para ello. A efectos de no retrasar la compra y/o de que no cayera el negocio con los demás socios de la Clínica" un contador "retiró la suma de US$ 200.000 de la casa de Alberto Iglesias en el mes de mayo". "Ese dinero nunca le fue devuelto a Iglesias", indicaron.

Por otra parte, sobre el expresidente de la mutualista también pesa una acusación de insolvencia societaria fraudulenta. La Fiscalía, compuesta por Gilberto Rodríguez, Gabriela Gómez y Silvia Monzón, sostiene que Iglesias, sabiendo que iba a llamar a concurso voluntario, ordenó el pago a seis acreedores y alteró la masa concursal. Los beneficiarios fueron Juan Carlos Lousada, de la comunidad gallega, y Marcelo Bonanata, histórico prestamista de Casa de Galicia y cuatro empresas: Tera S.A, Bioerix S.A, General Electric y Gladil S.A. Esto, sostiene la demanda, generó un "riesgo económico" de más de 2 millones de dólares.

De esta maniobra no había registro en papel, asegura la Fiscalía, sino que fue descubierta por el síndico que intervino una vez la Justicia llamó a concurso. El síndico logró revertir cinco de las seis “órdenes irrevocables” que había dado Iglesias, por lo que la mayoría no pudo hacerse del dinero. Las deudas de Casa de Galicia con los nombrados no estaban próximas a vencer cuando el pago fue ejecutado por el entonces presidente, lo que, para el Ministerio Público deja en evidencia que se buscaba alterar el orden de los acreedores.

Sin embargo, la defensa de Iglesias insistió en que esto no fue así y además que no podría aplicarse el delito de insolvencia societaria fraudulenta. En primer lugar, explicaron que resolver estas cuestiones por medio de "órdenes irrevocables" era lo que correspondía por cómo estaba construido el sistema. Pero además —argumentan— lo único que pretendía su cliente era refinanciar deudas que estaban próximas a vencer, como había hecho otras tantas veces.

Esta situación "no provocó ni agravó" la insolvencia que ya tenía la institución, consideraron, y añadieron que no lo hizo de forma oculta, ni "procuró un provecho injusto para sí ni para otro" como exige la norma. Además, remarcaron que el delito de insolvencia societaria fraudulenta solo pueden cometerse sobre empresas y Casa de Galicia era una asociación civil sin fines de lucro.

"Iglesias nunca buscó tergiversar la realidad patrimonial de Casa de Galicia, sino que se actuó siempre de forma veraz, amparándose en la existencia de verdaderos créditos que Casa de Galicia debía afrontar", resumieron.