Se hicieron pasar por amigos de la víctima y la estafaron usando comprobantes falsos para cambiar divisas

Una mujer de origen venezolano llegó a un acuerdo reparatorio con una víctima de estafa a la que, junto a otras personas, había engañado para que les transfiriera más de $ 300.000. Se hicieron pasar por una amiga suya y le solicitaron un cambio de dólares a pesos, enviándole falsos comprobantes de transferencia a través de WhatsApp.

Si bien la estafa ocurrió en 2022, la mujer (de 38 años) fue capturada recientemente ya que no se encontraba en el país. Durante la mañana del 21 de octubre del año pasado, intentó ingresar a Uruguay a través del Aeropuerto de Carrasco. Fue en ese momento que el personal de Migraciones reparó en que había una orden de detención en su contra, por lo que dio aviso al personal policial que realizó el procedimiento correspondiente para su captura.

El 14 de junio de 2022 una persona que todavía no ha sido detenida se hizo pasar por una amiga de la víctima, contactándola por mensaje. Allí le pidió que le cambiara US$ 8.000 a la moneda uruguaya. Enseguida le envió dos comprobantes de transferencia falsos (uno por US$ 5.000 y el otro por US$ 3.000). A pedido de los estafadores, la mujer transfirió $ 304.900 repartido en tres cuentas ($ 100.000 a una, $ 114.000 a otra y $ 90.000 a la mujer venezolana que recientemente pasó por la justicia).

Al día siguiente, la víctima reparó en que los dólares no habían sido acreditados a su cuenta, lo que la hizo sospechar y realizar la denuncia policial. Luego de esto consiguió comunicarse con su amiga, quien le contó que le habían hackeado las redes sociales y que ella nunca había solicitado ningún giro de dinero.

Hasta el momento de la detención de la mujer venezolana, uno de los involucrados ya había sido condenado, mientras que el otro no fue capturado. Ella inmediatamente admitió los hechos, manifestando la intención de llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima. Esto fue relatado por la fiscal adscripta de Flagrancia de 16^to Turno Silvana Arredondo, durante la audiencia de formalización.

En esa instancia, se imputó a la mujer por un delito de estafa y se impusieron dos medidas: prohibición de salir del país por 90 días y fijación de domicilio (el cual estableció en un refugio del Ministerio de Desarrollo Social). Según explicó Arreondo, se solicitó la formalización por este delito ya que tanto ella como los otros estafadores "simularon ser otra persona mediante estratagemas" para conseguir el dinero. Las medidas cautelares no privativas de libertad tuvieron el objetivo de asegurar su comparecencia al proceso.

Si bien para ese entonces ya se encontraba encaminado un acuerdo reparatorio, la imputada tuvo un inconveniente con el dinero que debía transferir, por lo que finalmente no se realizó. Para ese momento ya se había tomado declaración a la víctima, además de contar con copias de las conversaciones, los comprobantes de transferencia falsos, informes de bancos y el levantamiento del secreto bancario.

Recientemente, bajo la supervisión de la jueza de 42^do Turno, Viviana Galletto, se llevó adelante el acuerdo, que consistió en que la imputada le transfiriera a la víctima $ 90.000. Si bien esto no es la totalidad de los daños causados, es la cantidad que ella recibió por la estafa.

Este acuerdo dio por finalizada la persecución penal, lo que significa que no se realizará un juicio en contra de la imputada, por lo cual no recibirá una condena, quedando así limpia de antecedentes. Esto se encuentra contemplado por la Ley para casos como este en el que las partes puedan llegar a un acuerdo para reparar los daños ocasionados.