República Ganadera: jueza rechazó reclamo de inversores para separar ganado del concurso de acreedores

La jueza de Concurso María Farfalla rechazó el pedido de un grupo de inversores de República Ganadera para separar el ganado que consideraban de su propiedad del resto de la masa concursal de la empresa. La magistrada también advirtió que los contratos presentados como prueba no individualizaban los animales ni permitían identificar el ganado concreto, lo que impedía probar la propiedad sobre esos bienes

La resolución de la jueza llegó a raíz de distintos recursos presentados por abogados de un grupo de damnificados. Se trata de impugnaciones al inventario y acciones de separación de bienes. Este último es un mecanismo mediante el cual se intenta demostrar que algunos activos que fueron incluidos en el inventario de la empresa, en realidad le pertenecen a un tercero. Por otra parte, la impugnación de inventario es el recurso a través del cual se cuestiona la lista de bienes elaborada en el concurso.

Si bien se trata de distintos incidentes que fueron presentados por diferentes abogados, la magistrada entendió que lo más oportuno para la causa era unificar todo en una misma resolución, ya que el fallo abarca los dos tipos de acciones. La resolución fue comunicada a las partes mediante sentencia, sin convocar a audiencia.

"La postergación anormal de la decisión de estas acciones afecta y distorsiona la etapa de liquidación, impidiendo proyectar la distribución de créditos y efectivizar su pago, con el consiguiente perjuicio para la masa de acreedores", escribió en su sentencia, a la que accedió El País.

Estos grupos de damnificados se presentaron ante la Justicia con el argumento de que parte del ganado les pertenecía y que República Ganadera solo lo administraba y explotaba, por lo que debía excluirse de la masa concursal con la que luego se pagará a todos los inversores. Para esto presentaron documentos como contratos y recaudos consistentes en guías de propiedad y tránsito, concesión de uso de marca, información del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) y declaraciones juradas.

Para fallar en contra de estos incidentes, la jueza Farfalla consideró que los contratos de administración de ganado en los que los inversores se basan para pedir la separación de bienes, "encubren operaciones financieras que únicamente determinan la existencia de un crédito a su favor". Es decir, los contratos no prueban que los inversores fueran dueños de ganado, sino que en realidad habían prestado dinero a la empresa.

"Lejos de lo esperable para los negocios agropecuarios, llama la atención que en todos los contratos se pacte una renta fija, sin importar el estado y condición del ganado supuestamente adquirido o en capitalización, como tampoco su evolución e inclusive eventual enfermedad, pérdida o deceso", manifestó la magistrada para respaldar su postura.

"No existe trazabilidad del dinero que permita conocer el destino de la inversión y tampoco se encuentra individualizado el establecimiento a inspeccionar", sentenció para referirse a los contratos de capitalización de ganado. Por otra parte, se refirió a aquellos de administración de ganado asegurando que detrás de estos hay "un típico contrato de préstamo, disimulado tras una compraventa de ganado, y resguardado con un pacto de retroventa con fines de garantía".

"El análisis y calificación de los contratos que vinculan a los incidentistas con República Ganadera conduce inequívocamente a afirmar que los actores no son propietarios del ganado", concluyó. De esta forma, se confirma que los bienes reclamados siguen dentro del concurso del que forman parte todos los acreedores.

El juez de Crimen Organizado de 1^er Turno, Fernando Islas, extendió recientemente hasta junio las medidas limitativas que rigen sobre los socios de República Ganadera (Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio). Por el momento, tienen la obligación de fijar domicilio y prohibición de salir del país con retención de pasaportes.

Si bien ambos están siendo investigados desde noviembre de 2024 por el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1^er Turno, Alejandro Machado, hasta el momento no han sido formalizados. Se trata del único caso de fondos ganaderos investigados (sumado a Conexión Ganadera y Grupo Larrarte) que no cuenta con personas imputadas.

Según pudo saber El País con fuentes del caso, el equipo fiscal está aguardando por un informe de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) para definir una posible formalización.

Los socios defienden que la sequía que sufrió el país en 2023 y el "efecto dominó" que habría causado la caída de Grupo Larrarte fueron claves para la debacle económica de la empresa.