Tras caída de fondos ganaderos, Presupuesto vuelve “confidencial” información sobre la trazabilidad

La Liga de Defensa Comercial (Lideco) cuestiona un artículo de la ley de Presupuesto Quinquenal, que terminó de ser votada este jueves en la Cámara de Diputados, por la intención del Poder Ejecutivo de querer “ocultar información en un asunto dónde se precisa la máxima transparencia, en especial después de lo ocurrido con los fondos ganaderos” como Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte.

El Sistema Nacional de Información Ganadería (SNIG) es el mecanismo informático que utiliza el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para asegurar y controlar la trazabilidad del ganado vacuno en el país, a partir de las declaraciones juradas presentadas por los productores.

El artículo 107 de la ley 16.002 (Modificación del Plan de Inversiones Ejercicio 1988-1989) establece que “los organismos estatales deberán proporcionar a la Liga de Defensa Comercial la información que les requiera para el cumplimiento de sus cometidos de defensa del crédito, del consumo y de la lealtad y corrección comercial”.

Y agrega en el inciso segundo: “Lo dispuesto precedentemente no comprende aquella información que de acuerdo normas vigentes, tenga carácter secreto”.

La modificación planteada en el Presupuesto, que originalmente estaba en el artículo 232 (originalmente), plantea la sustitución de la normativa por el siguiente texto: “Lo dispuesto precedentemente no comprende a aquella información que, de acuerdo a normas vigentes, tenga carácter secreto, reservado o confidencial”.

Al incorporar los términos "confidencial y reservado" se limita el alcance de la ley sobre el Derecho al Acceso a la Información Pública (18.381) que establece la excepcionalidad para esos casos de forma explícita en el artículo 2. "Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales", señala la norma en cuestión.

Para Lideco, en caso de aprobarse finalmente este cambio —el proyecto de ley ahora deberá ser tratado en el Senado— va a implicar una limitación en el acceso a la información pública y eso va a repercutir de forma negativa en la toma de decisiones de inversión o préstamos de las empresas, especialmente las vinculadas al agro.

En un informe elaborado por el gremio —que brinda información comercial y asesoramiento jurídico y empresarial— se plantea que “preocupa la postura de ocultar información en un asunto que requiere la máxima transparencia, especialmente después de lo ocurrido con los fondos ganaderos, y que va a contramano de la tendencia hacia una mayor transparencia”.

“De aprobarse, se estaría limitando información muy utilizada por el mercado, que facilita los negocios y el acceso al crédito a un sector de actividad relevante de la economía nacional”, agrega el documento.

En esta dirección, la institución afectada cuestiona que una herramienta clave para el funcionamiento de la plaza comercial se desnaturaliza al vaciar la norma de su eficiencia práctica.

“El referido artículo se encuentra incluido en el Inciso 07 relativo al MGAP con la única motivación de restringir el acceso a los datos de DICOSE (División de Contralor de Semovientes). Esta inclusión tiene como efecto inmediato limitar la disponibilidad de información pública de relevancia para múltiples sectores de actividad, lo que vulnera el interés de nuestra institución y sus firmas asociadas. Debe expresarse claramente que el artículo tiene como único fin dificultar el acceso a la información”, se añade.

Según supo El País, durante las distintas administraciones, los mandos medios del MGAP han tenido como práctica constante la intención de limitar este acceso. Sin embargo, en diversas instancias judiciales, Lideco obtuvo fallos favorables que le permitieron acceder a lo solicitado, amparándose en la normativa vigente de acceso a la información pública.

Además de advertir como consecuencia “previsible” una “mayor incertidumbre en la concesión de créditos y un enrarecimiento del clima de negocios” (en el agro, en particular), el documento al que accedió El País sostiene que “existe una fundada preocupación respecto a que esta disposición impulse una búsqueda de oscurantismo en un asunto donde se requiere la máxima transparencia, especialmente luego de las estafas de los fondos ganaderos".

El gerente general de Lideco, Bernardo Quesada, dijo que como gremial dan “mucha información” vinculada a distintas instituciones públicas, por lo que este cambio resulta “perjudicial” para el país porque se están ocultando los datos de trazabilidad. Es decir, la cantidad de cabezas de ganado que tiene un productor.

Aunque en el caso de Conexión Ganadera hubo inversores que consultaron a la gremial, la función principal de Lideco con esta herramienta es ofrecer información a las empresas proveedoras de insumos —como fertilizantes, por ejemplo— sobre el respaldo económico de los productores a los que otorgan crédito.

“¿Justo en este momento vas a cortar el acceso a la información con lo que ha ocurrido con los fondos ganaderos?”, se preguntó.

Según supo El País, antes de que el Presupuesto se empiece a tratar en el pleno hubo contactos de parte de las autoridades de Lideco con los diputados y también con importantes jerarcas del gobierno. Actualmente, 350 empresas integran Lideco, junto a 20 asociaciones de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que nuclean a unas 8.000.