Déficit de Conexión Ganadera supera los US$ 250 millones y se reduce el dinero a recuperar por los inversores

Este martes, sobre las 10:30 de la mañana, se inició el segundo remate en el marco de la liquidación concursal del ganado de Conexión Ganadera. En esta oportunidad, se comercializaron en 9 horas más de 14.000 cabezas por un monto total que se estima en principio fue de US$ 8 millones brutos. La oferta incluía terneros, terneras, vacas de invernada, vaquillonas, vacas preñadas, piezas de cría, toros, yeguarizos y ovinos.

Pocos minutos después de comenzada la subasta, en el local del Club de la Fuerza Aérea, se hizo presente el síndico designado por la Justicia, Alfredo Ciavatone, quien explicó brevemente a El País que el objetivo principal de la venta era “evitar que los animales sigan generando costos”.

Con un comienzo dificultoso para la colocación del primer lote, que demoró unos minutos en ser vendido, posteriormente el remate transcurrió con agilidad y se comercializó a buenos precios por pantalla. Apenas pasadas las 11, más de mil cabezas ya habían sido colocadas y los primeros 10 lotes habían sido comprados.

En el primero, que tuvo lugar en junio, se habían colocado 10.000 cabezas en negocios al contado por más de US$ 5 millones. Desde que comenzó el concurso de Conexión Ganadera, en febrero de 2025, el síndico a cargo del proceso ha comercializado —incluido ayer— casi 35.000 vacunos, la mayor parte en remates pero también por fuera, a frigoríficos y a productores.

Tras la disposición del proceso concursal en febrero, según supo El País, el costo operativo de Conexión Ganadera y sus empresas asociadas era del entorno de los US$ 200.000 mensuales. Con el tiempo, el presupuesto fue bajando sobre todo por el cese de algunos contratos de arrendamiento de campos.

No obstante, los costos asociados a salarios y en particular sanitarios para los animales siguen implicando derogaciones mientras la empresa se liquida.

Actualmente, Hernandarias XIII —la principal tomadora de ganado, aunque no la única— tiene en planilla 106 empleados (administradores y trabajadores a cargo del cuidado del ganado principalmente), mientras que si se suma Conexión la cifra asciende a 120.

La jornada de ayer dejó dos hechos relevantes para los inversores afectados por la estafa de la empresa de capitalización ganadera.

En primer lugar, el rematador Jorge Muñoz aseguró que las ventas se concretaron a valores de mercado, “ni por encima ni por debajo”, lo que permitió aumentar la masa activa del concurso.

En enero, cuando se conoció la insolvencia de Conexión Ganadera y su imposibilidad de cumplir con las obligaciones asumidas, trascendió que el ganado en poder de Hernandarias XIII y otras empresas tomadoras estaban en malas condiciones, y se desconocía la cantidad real de animales.

Con el paso de los meses, se logró constatar la existencia de entre 70.000 y 80.000 cabezas en buen estado, al menos la mayor parte. Esto, dijeron a El País fuentes vinculadas al proceso concursal, equivale a un activo de aproximadamente US$ 40 millones, muy lejos de los US$ 100 millones que había informado el contador Ricardo Giovio a fines de enero.

A su vez, otros activos considerados en ese momento como los créditos con frigoríficos (en especial el de Casa Blanca por más de US$ 20 millones), aunque se mantiene contacto y negociaciones, se consideran prácticamente incobrables. Y a diferencia de lo que se había dicho, no hay campos a nombre de Conexión Ganadera que formen parte de los bienes de las empresas en liquidación. Sí a nombre de los que eran sus socios, pero esos inmuebles todavía no están incorporados a la masa a recuperar.

Por lo tanto, una vez finalizado el proceso de verificación de créditos se estima que el pasivo será de entre US$ 320 y US$ 350 millones (máximo) —no US$ 400 millones— y el déficit patrimonial (Activo menos Pasivo) será muy superior a los US$ 230 millones que se manejaban al momento de estallar el caso a causa principalmente de la existencia de un activo a liquidar sustancialmente menor al informado.

De confirmarse estas cifras, el déficit va a superar ampliamente los US$ 250 millones, lo que agravaría aún más la situación y dificultaría que los más de 4.000 afectados puedan recuperar parte del dinero invertido.

Foto: Leonardo Maine.

A esta situación se suma la confirmación, en las últimas horas, de un hecho que algunos abogados de las víctimas —como Leonardo Costa y Graciana Abelenda— ya habían advertido con preocupación.

La Dirección General Impositiva (DGI) presentó un escrito reclamando adeudos por impuestos impagos al fisco por un total de $ 256 millones (equivalentes a aproximadamente US$ 6,4 millones), por parte de la empresa actualmente en liquidación que debió retener Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Proceso Concursal, existen tres categorías de prelación en la distribución del activo entre los acreedores. Dentro del grupo de los acreedores privilegiados se encuentra la DGI, lo que le otorga prioridad al momento de cobrar. En un nivel inferior se ubican los acreedores quirografarios o "comunes", categoría en la que se encuentran los inversores.

"Los créditos por tributos nacionales y departamentales, exigibles hasta con cuatro años de anterioridad a la declaración del concurso", establece el artículo 110 de la ley.

Por tanto, en caso de que la DGI reciba parte del dinero que reclama el activo a repartir entre los ahorristas será menor.