“Un verdadero esquema Ponzi”: la investigación del fiscal sobre el caso de Conexión Ganadera

En enero, los clientes de Conexión Ganadera se conectaron a un streaming para saber qué sucedería con sus ahorros. Escucharon al socio, Pablo Carrasco, decir que dejaría “el pellejo” para que pudieran cobrar. También, oyeron al contador contratado para conducir la salida de la crisis, Ricardo Giovio, plantear un panorama desolador y tildar el negocio de “esquema Ponzi”. Siete meses después, Pablo Carrasco, titular de la empresa, ya no conversa con los inversores. Ayer estuvo en el banquillo de un juzgado penal, frente al fiscal Enrique Rodríguez quien reiteró lo dicho por Giovio: “La operativa se convirtió en un verdadero esquema Ponzi”.

Carrasco fue imputado por estafa y lavado de activos y fue enviado a prisión preventivamente. Su esposa, Ana Iewdiukow y la viuda de su socio, Gustavo Basso, fueron señaladas primariamente por la estafa y deberán cumplir con arresto domiciliario. También fueron embargados en propiedades y vehículos por el valor total de US$ 16 millones. Estos comprenden, entre otras cosas, un apartamento en Punta del Este, uno en Madrid y autos de alta gama, como uno marca Tesla y otro Maseratti.

Pero ¿qué descubrió la Fiscalía en estos siete meses de investigación y que generó este resultado? Durante una hora, el fiscal del caso, Enrique Rodríguez explicó la operativa de la empresa, cuándo comenzó la crisis y dónde cree que se cometieron los delitos.

Para contextualizar su teoría, explicó que Conexión Ganadera nació en el año 2001. En ese momento, Basso tenía el 45% de las acciones, su esposa 5%, Carrasco otro 45% y Iewdiukow el 5%. Esta ponderación cambió el 31 de mayo de 2024 cuando cada uno quedó con 25%.

Foto: Leonardo Mainé.

Ofrecían cuatro tipos de contratos diferentes. Pero en todas las modalidades el animal era entregado a un “tomador”. En la mayoría de los casos, Hernandarias XIII, cuyos titulares era el matrimonio Carrasco, que se encargaban de su gestión.

Además, Basso y Carrasco eran dueños de la SRL Del Terruño, que se utilizaba para comercializar carne vacuna en Estados Unidos y Uruguay, y que en América del Norte estaba compuesta por dos personas jurídicas panameñas, Conga y Tango. En ellas tenían cargos gerenciales los dos matrimonios.

De todo su argumento, dijo Rodríguez, se desprende que “indubitablemente existía un vínculo entre personas físicas y jurídicas” y eso muestra que había un “grupo económico”.

Aunque aún no están los números finales, informes primarios apuntan a que el pasivo empresarial está estimado en US$ 250 millones. “Torna prácticamente impagable los créditos de los inversores”, dijo el fiscal.

La crisis grave comenzó en 2020. Ahí se inició el “constante, sostenido y pronunciado declive”. Rodríguez resumió las causas a tres. En primer lugar, “las altas tasas prometidas para los inversores” (entre 7% y 12% anual) y “desproporcionadas a la vista de todos los entendidos en lo que son las rentabilidades en este tipo de negocios”. En segundo lugar, el hecho de que se prometía una renta fija para un negocio que era “completamente variable”. Aunque los mencionados son “solo dos de los que tuvieron mayor incidencia en la debacle comercial”, mencionó que la sequía de los años 2022 y 2023 obligaban a tener un “manejo prudencial” que no se tuvo y eso completó “gran parte del puzzle”.

Foto: Leonardo Mainé/El País

Rodríguez citó un informe de la Secretaría Antilavado (Senaclaft) que sostiene que el hecho de que “la empresa haya priorizado el pago de utilidades, comprometió su estabilidad financiera y generó una erosión gradual de sus recursos, lo que sugiere un posible vaciamiento de esta empresa”.

En ese contexto, enfatizó el fiscal, los socios siguieron firmando nuevos contratos y realizando publicidades y discursos donde hablaban de Conexión Ganadera como “el negocio más seguro de la historia”. Incluso, se siguió con los contratos luego del suicido de Basso, a fines de noviembre de 2024, cuando ya conocían que la situación de la empresa era crítica, sostuvo el fiscal.

Los ahorros de los clientes, en muchos casos, tuvieron “la única finalidad de ir disimulando las pérdidas y seguir captando nuevos inversores”, describió.

A lo largo de la investigación fueron encontrando huellas de ello. Para empezar, el hecho de que una vez que culmine el conteo de ganado se determinará que hay un “considerable faltante de animales” y que muchos ahorristas no tenían ganado a su nombre como se les prometió. Pero además, afirmó, hay comprobantes que demuestran que ahorristas de Conexión Ganadera depositaron su inversión en cuentas personales de Basso -cuando estaba prohibido- y uno de los contadores declaró que “el dinero aportado por los inversores nunca ingresó en la contabilidad” de la empresa aunque sí en las cuentas bancarias.

Jorge Barrera, que defiende al matrimonio Carrasco, no se opuso a la imputación y aseguró que quiere ir a juicio. Cuestionó las cifras preliminares y las estimaciones que hizo Giovio en su momento. Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson, que defienden a Cabral, sí se opusieron y se preguntaron si ella estaba allí por “hechos propios” o por “portación de partida de matrimonio”. Donnángelo insistió en que las redes sociales generaron algo similar a una “justicia medieval” y reclamó por “la verdad”.

Foto: Darwin Borrelli/El País.