PERFILES
La Justicia italiana condenó a 27 policías y militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.
El Tribunal de apelación de Roma condenó el lunes a cadena perpetuaa 27 militares y jerarcas de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados de la muerte y desaparición de una veintena de italianos en el marco del Plan Cóndor, el plan represivo en América Latina que tuvo lugar durante las décadas de 1960- 1980.
Estos son los 13 imputados uruguayos:
Formó parte de la Oficina III del Servicio de Información de Defensa (SID). La justicia italiana indicó que hay pruebas suficientes para condenarlo por dirigir desde Uruguay, como jefe, las operaciones denominadas Cóndor.
Además es acusado de la muerte y desaparición de varios integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo en 1976.
Actualmente una jueza de segundo turno de Paso de los Toros resolvió reabrir la causa y revocar el sobreseimiento de Gavazzo por la muerte del ex integrante del MLN Roberto Gomensoro en 1973.
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Ernesto Avelino Ramas.
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Hace diez años el coronel retirado Ramas fue condenado a 25 años de prisión por diversos crímenes considerados especialmente agravados y luego se le abrió una causa por tortura, privación de libertad y lesiones personales cometidos entre 1972.
En 2017 la justicia italiana absolvió a Ramas, junto con otros 12 uruguayos involucrados en el juicio por el Plan Cóndor.
Juan Carlos Blanco
Fue canciller durante el gobierno de Juan María Bordaberry y continuó en su cargo hasta 1976. Durante la dictadura fue nombrado embajador ante la ONU en 1982 y permaneció tres años en ese lugar.
Aunque estuvo en prisión en 2003 por la desaparición de la maestra Elena Quinteros luego fue puesto en libertad. Tres años después lo procesaron nuevamente junto con Bordaberry como "coautores de cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravado" por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw.
Hace dos años un Tribunal de Italia lo condenó a cadena perpetua por la muerte de ciudadanos italianos en el marco de la coordinación de las dictaduras militares en América del Sur denominado Plan Cóndor
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Ricardo Medina.
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También conocido como "Conejo" Medina, ingresó a la Policía en 1966 y su expertise era realizar escuchas telefónicas clandestinas. También formó parte del SID y del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
Fue acusado del asesinato de María Claudia García de Gelman y en 2017 la jueza penal de 2º turno Marcela Vargas lo condenó a 30 años de prisión por ser coautor responsable del "homicidio muy especialmente agravado" de la mujer de nacionalidad argentina.
El coronel retirado conocido como "Pajarito" Silveira es uno de los nombres más conocidos de los represores que actuaron entre 1972 y 1984.
Fue acusado en una denuncia colectiva por la violación de 26 mujeres que fueron presas políticas en la dictadura.
Actualmente está preso en la cárcel especial de Domingo Arena.
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José Ricardo Arab.
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Empezó en el Ejército en 1958 en el Arma de Ingenieros y en 1976 también participó en el SID así como en el OCOA.
Fue acusado de participar en operativos de detención en Automotores Orletti -un centro de detención clandestino en Argentina- si bien en 2006 compareció ante la Justicia y negó haber intervenido allí.
Se lo acusó además de la desaparición de Adalberto Soba y Alberto Mechoso y de trasladar a María Claudia García a la Base Valparaíso, donde se cree que fue asesinada
Arab también se encuentra actualmente en Domingo Arena.
Luis Maurente
Maurente formó parte del SID en 1977, año en el que comenzó un curso en la Escuela de Armas.
En 2009 el juez penal de 19º Turno Luis Charles dispuso la condena de Maurente y otros siete militares y policías como autores responsables de 28 homicidios muy especialmente agravados en reiteración real que tuvieron lugar durante la dictadura.
Por estos delitos Maurente junto con Medina y José Sande Lima fueron condenados a una pena de 20 años.
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En octubre de 2009 Larcebeau, capitán de navío, fue condenado a 20 años de penitenciaría por el traslado clandestino desde Argentina y la desaparición de personas durante la última dictadura entre 1973 y 1985.
Además se lo encontró culpable de ser coautor de 29 homicidios durante su participación directa en los operativos clandestinos realizados por los Fusileros Navales (Fusna) en Argentina, como parte del "Plan Cóndor".
La condena realizada por el juez Luis Charles llegó luego de que en 2007 se presentaran familiares de detenidos desaparecidos para realizar la denuncia formal.
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Ernesto Soca.
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La Justicia argentina solicitó en 2006 la extradición de Soca quien fue procesado por Charles también como coautor responsable de "28 delitos de homicidio muy especialmente agravados".
Testigos que participaron del juicio reconocieron a Soca como uno de los que participó en el centro clandestino "Automotores Orletti" pasó como en la sede del SID ubicada en Bulevar Artigas y Palmar. Todas las personas lo responsabilizaron de las torturas que ocurrieron en ambos centros.
La solicitud de extradición fue concedida por la Suprema Corte de Justicia en 2015. El pedido fue realizado por el secuestro en 1976 en Buenos Aires de Simón Riquelo, hijo de la militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Sara Méndez.
Vázquez es un exagente del Servicio de Información y Defensa (SID) que por razones de salud cumple prisión domiciliaria en Rivera, donde se radica la mayor parte de su familia.
En 2011 fue procesado por el homicidio especialmente agravado de María Claudia García Irureta-Goyena y la apropiación y robo de identidad de la niña Macarena Gelman.
Estuvo preso en la cárcel militar de Domingo Arena con otros como Gregorio Álvarez, José Nino Gavazzo, "Pajarito" Silveira y otros.
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Pedro Antonio Mato Narbondo
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La jueza Blanca Rieiro Fernández citó a Mato al Juzgado Penal de 9º turno en el marco de la indagatoria sobre la muerte por torturas el 25 de mayo de 1972 del militante democristiano Luis Batalla, sin embargo el coronel retirado se escapó a Brasil.
Batalla murió a causa de torturas en el Batallón de Infantería Nº 10 de Treinta y Tres en 1976. En la unidad militar a la que había sido conducido antes se encontraba Mato cuando tenía cerca de 30 años.
Años antes, en 1970, estudió en la Escuela de las Américas, también participó como capitán en el SID y luego integró el OCOA. Pasó a retiro en 1985.
Mato, que tiene ciudadanía brasileña, vivía en Rivera antes de cruzar la frontera para evitar comparecer en el juzgado uruguayo.
José Sande
Comenzó en el Ministerio del Interior y se desempeñó en la Guardia Metropolitana, lugar donde conoció a su compañero Medina. En 1976 integró el Servicio de Información y Defensa (SID) antes de desempeñarse en la Oficina de Coordinación de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
En 1985 fue designado como director de Institutos Penales. En 2002 pasó a ser el director del Establecimiento Penitenciario de Libertad, cargo en el que se mantuvo hasta 2004.
Pidió su pase a retiro durante el gobierno de Jorge Batlle mientras la justicia lo indagaba por vender materiales de la cárcel para quedarse con el dinero.
En 2006 fue condenado a 20 años por el homicidio de 28 personas (al igual que Maurente) así como por por los asesinatos del llamado "Segundo vuelo". Actualmente se encuentra en la cárcel de Domingo Arena.
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Fue jefe de la S2 (el servicio de la inteligencia de la Marina militar uruguaya) en el FUSNA, la sede del Cuerpo de Fusileros Navales donde se llevaban a los prisioneros.
La justicia italiana indicó que Tróccoli tuvo un rol central en la fase de planificación de los homicidios consumados de mayo a octubre de 1978 por personal de la Armada uruguaya, en acuerdo con la ESMA argentina.
Además desempeñó funciones de conexión y coordinación de las operaciones en el ESMA de Buenos Aires y contemporáneamente, en la plana mayor de la Armada uruguaya y en el S2 del FUSNA.
Se escapó de Uruguay en 2007 y desde ese momento vive en Italia.
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