Prorrogan cautelares a fundadores de República Ganadera; defensa de los damnificados evalúa demandar al Estado

Una audiencia celebrada el miércoles ante el Juzgado de Crimen Organizado terminó con una nueva prórroga de las medidas cautelares que pesan sobre Nicolás Jasidakis Castillo y Mauro Andrés Mussio Castillo, exdirectores de República Ganadera, mientras los inversores damnificados volvieron a reclamar que se avance hacia la formalización de la investigación penal.

El abogado Juan Pablo Decia, representante de los inversores damnificados, dijo a El País que la audiencia dejó una sensación de “absoluta desolación” y cuestionó el papel que está desempeñando el Estado, particularmente la Fiscalía, en la defensa de los derechos de las víctimas.

“Nos dejó la sensación de que no están siendo protegidos los derechos de las víctimas, de los damnificados, que el Estado no está representando ni a la sociedad ni a las víctimas como tiene el deber de hacerlo”, sostuvo. Según Decia, los damnificados “no se sienten representados ni tutelados” por la Fiscalía, que es el titular de la acción penal.

El abogado señaló que la investigación vuelve a postergarse pese a que, a su entender, existe evidencia suficiente para avanzar hacia la formalización, instancia que marcaría el inicio formal del proceso penal. “Realmente estamos en un estado de una mezcla de frustración, impotencia y desolación, porque todas las puertas que hemos tocado no hemos tenido respuesta”, afirmó.

El expediente corresponde a una investigación en la que figuran como imputados Jasidakis y Mussio. En la audiencia realizada el miércoles, el juez Alejandro Asteggiante dispuso prorrogar durante 120 días las medidas cautelares que ya pesaban sobre ambos. La resolución establece que hasta el 5 de febrero de 2027 deberán cumplir con la prohibición de salir del país sin autorización judicial y con la retención de sus documentos de viaje.

La audiencia se realizó en el marco del expediente IUE 2-12100/2025, caratulado como “Prueba anticipada y/o diligencia preparatoria”. En representación de la Fiscalía especializada en Delitos Económicos y Complejos de Activos concurrió la fiscal Patricia De Amorin. Decia compareció en calidad de representante de la víctima.

Foto Archivo El País.

Para Decia, uno de los puntos centrales de preocupación está vinculado con las medidas cautelares que, según sostuvo, fueron solicitadas reiteradamente y no fueron adoptadas en su momento. A su juicio, de haberse tomado esas medidas, “seguramente se hubiera evitado la dispersión de bienes y de dinero, que ahora es muy difícil recuperar”.

El representante de los damnificados dijo que esa situación llevó a que se evalúe incluso iniciar una acción contra el Estado. “Se está evaluando hacer una demanda al Estado por la falta de servicio de Fiscalía”, afirmó, y agregó que ese planteo fue realizado durante la audiencia.

Los damnificados también buscan llevar su reclamo al ámbito parlamentario. Decia anunció que solicitarán una reunión con la Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento. Además, recordó que ya se presentó una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Foto: Leonardo Mainé/El País

“Todas las puertas que hemos tocado no hemos tenido respuesta”, insistió el abogado, quien sostuvo que la situación genera “extrema preocupación” y cuestionó la imagen que, a su entender, Uruguay está proyectando en materia de administración de justicia.

Otro de los cuestionamientos de Decia estuvo dirigido al funcionamiento de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de primer turno. Según afirmó, se trata de una de las fiscalías de mayor relevancia del país y actualmente se encuentra “totalmente desarticulada”.

Como ejemplo, señaló que a la audiencia del miércoles concurrió una fiscal de Estupefacientes, la doctora Morín, a quien calificó como “una excelente fiscal”, pero sostuvo que no era quien debía comparecer por tratarse de una causa que, según su planteo, corresponde a otra fiscalía. “Obviamente no conocía la causa”, afirmó Decia.

El abogado apuntó particularmente contra la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero, a quien atribuyó responsabilidad por la situación de la Fiscalía y cuestionó por la falta de avance del expediente. “La que debió ir fue la fiscal Ferrero, que es la responsable directa de que la Fiscalía esté como está”, sostuvo.

Mientras continúa la investigación, la Justicia resolvió mantener las restricciones sobre Jasidakis y Mussio durante otros 120 días. La audiencia finalizó a las 13:49 y las partes quedaron notificadas de la resolución.