Habían pasado 15 días desde que el Parlamento votó el desafuero al ahora exsenador blanco Gustavo Penadés. En una conversación con un allegado, Penadés relató en ese entonces que en caso de ser condenado deberá pagar US$ 1 millón a sus víctimas considerando los nueve casos que víctimas habían declarado ante la Fiscalía hasta ese momento. “No tengo ese dinero. Lo pagaré con cárcel”, dijo convencido el exsenador, quien sostenía que detrás de las acusaciones en su contra estaba Jonathan Mastropierro, un joven con antecedentes penales por estafa.

Tras ser formalizado el martes 10 por 22 delitos sexuales, el juicio penal contra Penadés recién comienza. Pero hay quienes ya proyectan las consecuencias que podría enfrentar, además de la prisión. Si es condenado, Penadés deberá pagar una sanción pecuniaria a los 11 denunciantes.

En su artículo 80, la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, establece que “en la sentencia de condena, además de la pena, se dispondrá una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a 12 ingresos mensuales del condenado, o en su defecto 12 salarios mínimos, sin perjuicio de su derecho a seguir la vía procesal correspondiente para obtener la reparación integral del daño”.

El abogado del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, Juan Raúl Williman, dijo a El País que la ley le da dos opciones a la Fiscalía: una sanción pecuniaria basada en los ingresos o en salarios mínimos. “Por el monto del embargo que pidió la fiscal Alicia Ghione a Penadés se percibe que tomó en cuenta el ingreso (como legislador) y no el salario mínimo ($ 25.541)”, expresó Williman, quien lleva adelante la defensa de varias de las víctimas.

Penadés enfrenta un embargo genérico de $ 25 millones decretado por la Justicia a pedido de la Fiscalía. El exdocente Sebastián Mauvezín, en tanto, deberá cubrir la suma de $ 3 millones.

Penadés percibía un salario de $ 341.983 como senador, según consta en el sitio web del Parlamento. En caso de ser condenado por la Justicia, el exsenador será obligado a desembolsar la suma de $ 4.103.796 a cada una de las víctimas. Sumados los 11 damnificados el total que tendrá que pagar Penadés será $ 45.141.756 (US$ 1.183.394 al tipo de cambio promedio del dólar de setiembre pasado).

Williman afirmó que, en el caso de Mauvezín, la fiscal tomó en cuenta para el embargo el salario mínimo porque el imputado no tiene ingresos. Luego de que finalice el juicio, las víctimas podrán demandar a Penadés en la esfera civil por daños y perjuicios.

La militante blanca Romina Papasso denunció a Penadés y desató una serie de declaraciones de víctimas en contra del entonces senador. Mastropierro aportó pruebas al caso, entre otros testimonios. En forma pública, Mastropierro reconoció que delinquió y que mantuvo contactos con Penadés.

El martes 10, la jueza Marcela Vargas hizo lugar al pedido de la fiscal y formalizó la investigación. La magistrada tipificó al exsenador 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor. En tanto, la jueza consideró que Mauvezín incurrió en siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad.

Penadés y Mauvezín enfrentan una prisión preventiva de 180 días. El exsenador se encuentra en la cárcel de Florida, mientras que Mauvezín en la cárcel de Campanero (Lavalleja).

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones confirmó ayer la imputación a Penadés y a Mauvezín y ratificó las medidas cautelares dispuestas para ambos.