La Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) promovieron una acción judicial para que se declare la nulidad absoluta de los contratos celebrados por Ancap para la exploración y eventual explotación de hidrocarburos offshore. Además, denunciaron nuevos hechos y solicitaron que la Justicia conceda una medida cautelar de no innovar para suspender la ejecución de los contratos mientras se resuelve el fondo del asunto.
La demanda, presentada ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 7° Turno, cuestiona los contratos firmados con CEG Uruguay S.A. para los bloques OFF-1 y OFF-3, Chevron Mexico Finance LLC, BG International Limited, APA Exploration LDC y MIWEN S.A., así como los contratos denominados multicliente suscritos con Searcher GeoData UK Ltd., PGS Exploration UK Ltd., Spectrum Geo Inc. y CGG Services U.S.
Los demandantes sostienen que "los contratos tienen objeto y causa ilícitos" y que, por tanto, "corresponde declarar su nulidad absoluta". Entre sus argumentos plantean que las actividades habilitadas son contrarias al orden público ambiental, vulneran el artículo 47 de la Constitución y otras normas de protección ambiental, además de la Ley N.º 19.128, que declara al mar territorial y a la Zona Económica Exclusiva de Uruguay como Santuario de Ballenas y Delfines.
Más pruebas presentadas
La acción judicial se produce luego de una primera instancia iniciada en noviembre de 2025, cuando las organizaciones solicitaron una medida cautelar para frenar las campañas de prospección sísmica offshore hasta que el Poder Judicial se pronunciara sobre la constitucionalidad, legalidad y validez ambiental de los contratos. Según surge de la demanda, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3° Turno revocó posteriormente una resolución que había declarado la falta de jurisdicción del Poder Judicial para analizar el caso, habilitando así el avance del proceso en la Justicia civil.
Como parte de los nuevos hechos incorporados al expediente, los demandantes mencionan la campaña de prospección sísmica realizada por CGG Services entre febrero y abril de 2026, así como distintos episodios de varamientos y aparición de animales muertos registrados durante ese período. La propia demanda aclara que esos eventos, por sí solos, "no permiten establecer una relación causal directa con la actividad sísmica", aunque sostiene que demuestran "la presencia de especies sensibles en las áreas donde operan los buques y, por lo tanto, su posible exposición a los impactos de estas tareas".
El escrito también cuestiona la forma en que se han evaluado ambientalmente los distintos proyectos y sostiene que "la prospección sísmica no debería analizarse de forma aislada de las etapas posteriores de perforación y eventual explotación de hidrocarburos". A juicio de los demandantes, "la fragmentación de las evaluaciones impide medir adecuadamente los impactos acumulativos de todo el ciclo petrolero".
Piden informes sobre impacto de campañas sísmicas
Entre la prueba solicitada, las organizaciones pidieron que se libre oficio a distintos organismos e instituciones, entre ellos la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, "para obtener informes sobre el impacto de campañas sísmicas anteriores en la actividad pesquera" y sobre el hallazgo de una ballena muerta cerca de la ruta de un buque que realizaba prospección. También solicitaron información sobre varamientos de cetáceos, tortugas y otras especies desde el inicio de la última campaña sísmica.
La demanda plantea además que "la exploración petrolera offshore supone riesgos que van más allá de la etapa sísmica y comprende eventuales perforaciones, derrames y otras consecuencias ambientales y económicas". En ese sentido, los demandantes solicitan "que el proceso analice el proyecto en forma integral" y advierten sobre sus "posibles efectos sobre la biodiversidad, la actividad pesquera, el turismo y el cambio climático".
Ahora será la Justicia la que deberá analizar la solicitud de medida cautelar y posteriormente el fondo de la acción, en la que las organizaciones pretenden que se declare la nulidad absoluta de los contratos que Ancap celebró con empresas petroleras para explorar y eventualmente explotar hidrocarburos en la Zona Económica Exclusiva uruguaya.
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