Justicia rematará mansión de Marcelo Balcedo en Uruguay; Paola Fiege apuntó contra exempleados por denuncia

El empresario y exsindicalista argentino Marcelo Balcedo se verá despojado de sus bienes en Uruguay por un remate público de El Gran Chaparral, propiedad ubicada en Cerro de los Burros (Playa Verde, Maldonado) por una demanda que realizaron trece exempleados de Balcedo y de su esposa Paola Fiege en un juicio laboral, informó Infobae y confirmaron fuentes judiciales a El País.

La Justicia argentina ya pidió la extradición de él y de su pareja, pero el trámite se demora. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, que a 8 años de iniciadas las actuaciones no pudo indagarlo ni por videoconferencia, ya elevó a juicio la causa que lleva adelante por los presuntos delitos de asociación ilícita.

El juez argentino acusó a Balcedo "de integrar y liderar una organización destinada a cometer delitos". La hipótesis judicial sostiene que el sindicato que conducía funcionaba como base de esa estructura. Balcedo y Fiege fueron condenados en Uruguay por los delitos de lavado de activos y tráfico de armas en 2020.

En diálogo con El País, Feige señaló que ofrecieron "una garantía real de cuatro veces el monto reclamado". "Estamos esperando respuesta de la Justicia. De igual forma, nos resulta extraño que se pretenda rematar bienes que tienen embargos de la Justicia argentina por US$ 26.000.000", aseveró.

Foto: Ricardo Figueredo.

Sobre los denunciantes, Fiege expresó: "Cuando estábamos presos la Fiscalía los preparó para que nos hagan juicios y todos mintieron". "Siempre los tuve como reyes a mis empleados y cuando nos arrestaron mintieron a la jueza por la preparación de los fiscales del penal, que les decían que nos hagan juicios", añadió.

Por último, Fiege expresó que "hay muchos que fueron honestos y no se metieron en eso", pero les informaron a ella y Balcedo de lo ocurrido.

Foto: Ricardo Figueredo

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5° Turno revocó una sentencia que condenaba al Estado a pagar US$ 644.909 a la empresa propietaria de un avión que había sido incautado en 2018, como parte de la investigación policial que entonces comenzaba en Uruguay —en la chacra El Gran Chaparral, en Playa Verde— contra Marcelo Balcedo.

En febrero de 2025, el juez Gabriel Ohanián, había entendido que la reparación económica a la empresa Matrix —firma a la que Balcedo le alquilaba la aeronave— correspondía, ya que durante el tiempo en que el avión estuvo detenido en el aeropuerto de Carrasco se había deteriorado. En definitiva, que la Junta Nacional de Drogas, a través de su Fondo de Bienes Decomisados, no había conservado el bien correctamente.

Como informó entonces El País, el magistrado entendió que aunque el Estado no tuviera "presupuesto asignado para gastos de mantenimiento de los objetos incautados" y en poder de la Junta, esto en nada eximía "la responsabilidad del Estado, porque la falta de presupuesto no puede ser fundamento válido o legitimante de que se cause un perjuicio a un tercero".

Foto: Fernando Ponzetto/El País.

Sin embargo, esta demanda ahora fue desestimada —como ya había sido también en primera instancia la que, por su parte, promovió Balcedo— "in totum" por los ministros Analía García Obregón (redactora), Gabriela Rodríguez Marichal, Cecilia Schroeder Rius y Analía García Obregón, según la sentencia a la que accedió El País.

Entre otros argumentos, los ministros afirmaron que "la prueba testimonial ofrecida" por el demandante no fue suficiente como para confirmar que la aeronave sufrió los daños alegados "en el período en que el avión permaneció incautado". "Solo un experto —que no intervino en la causa— puede determinar que los daños que se detallan en la demanda obedezcan a la detención y no al intenso uso anterior a su incautación", señala la sentencia, que también agrega que "el acta notarial y fotografías elaboradas a solicitud de la propia parte no resultan hábiles para acreditar los daños que se reclaman ni su nexo causal con el acto de la incautación".