La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó el pasado 19 de febrero formalmente al Estado uruguayo sobre la petición presentada por Marcelo Balcedo y Paola Fiege, otorgando "un plazo máximo e improrrogable de cuatro meses" para que el país presente sus descargos.
Esta decisión de la CIDH, amparada en el artículo 30 de su reglamento, transforma la denuncia en una causa internacional activa que pone bajo la lupa la actuación de la justicia uruguaya en su cooperación penal con Argentina, informó FM Gente y confirmó a El País al acceder al documento.
Si bien la Comisión no se ha pronunciado aún sobre el fondo del asunto, la admisión del trámite confirma que existen elementos suficientes para exigir explicaciones formales sobre presuntas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La defensa de Balcedo y Fiege, encabezada por los juristas Leonardo de Carvalho e Silva y Leonardo Bishop, sostiene que "se han vulnerado derechos fundamentales como la libertad personal, las garantías judiciales, el derecho de defensa y la protección de la familia". En el horizonte de este litigio aparece una posible demanda económica contra el Estado que supera los US$ 200 millones por daños materiales y reputacionales.
El origen del conflicto y el cuestionamiento al operativo de 2018
La denuncia internacional pone especial énfasis en los hechos ocurridos la madrugada del 4 de enero de 2018 en Piriápolis. Según el documento presentado ante el sistema interamericano, "el operativo que incluyó helicópteros y vehículos blindados se ejecutó con incautaciones que no habrían contado con una orden judicial específica para el alcance de dichas medidas".
Asimismo, la defensa argumenta que se instaló una narrativa mediática que vinculaba a la pareja con el narcotráfico y la banda "Los Monos", a pesar de que la justicia federal de Rosario descartó formalmente estas conexiones en marzo de ese mismo año.
Argumentos de "lawfare" y el derecho de los menores
Uno de los pilares de la petición ante la CIDH es la figura del "lawfare" o persecución política, alegando que el aparato judicial fue utilizado como una herramienta para aniquilar a un adversario. Transcurridos más de ocho años desde el inicio del proceso, la pareja denuncia una "prisión preventiva eterna" y una dilación indebida que les ha impedido prestar declaración pese a sus reiterados pedidos.
Además, se subraya el impacto en los hijos menores de edad, alegando que "se ignoró el interés superior del niño y el derecho a la protección familiar durante el proceso de extradición" y la denegación del refugio.
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