La Justicia de lo Contencioso Administrativo condenó a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) a pagar una indemnización de US$ 30.000 a una familia por concepto de daño moral por cremar los restos de una persona sin la presencia de sus parientes en 2021.

Las cenizas de esa persona fueron luego esparcidas por los funcionarios municipales en un cenizario público del Cementerio del Norte y, por ende, no pudieron ser ubicables por los demandantes, se indicó en el fallo del juez de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez de las Heras, fechado el 26 de abril pasado.

A juicio del magistrado, la comuna de Montevideo, a través de sus funcionarios de Necrópolis, actuaron con “falta de servicio”. Es decir, no procedieron con diligencia cuando estaba en juego el destino de los restos de una persona.

En 2023, cuatro familiares de una persona fallecida iniciaron una demanda para que la IMM reparara el daño provocado al disponer los restos de quien en vida fuera Ivonne D. En el escrito, elaborado por los abogados Pedro Larrosa y Carmen Vázquez, se señaló que los funcionarios municipales cremaron el cuerpo de la fallecida “sin haber solicitado autorización, notificado o informado” a sus hijos y nietos del destino final del cuerpo.

Según la demanda, la “irregularidad” está determinada no solo por la cremación de los restos sin previo aviso y sin la presencia de los familiares, sino que las cenizas fueron esparcidas en uno de los varios “cenizarios” del Cementerio del Norte.

En el documento se expresó que, ante la denuncia de lo ocurrido, la Intendencia de Montevideo no solo “no investigó” lo sucedido con las cenizas de Ivonne D., sino que “no se interesó” en atribuir responsabilidades a los funcionarios involucrados.

Además, se sostuvo que existieron claros derechos vulnerados de los familiares, como los relativos al sentido simbólico de las prácticas mortuarias y el derecho al culto a la memoria de los muertos. Y se agregó que la IMM lesionó el sentimiento de piedad familiar y el derecho a la cremación, entre otros argumentos. Los familiares, en su demanda, reclamaron una indemnización de US$ 30.000 por daño moral.

Foto: Leonardo Mainé.

La Intendencia de Montevideo indicó, en su defensa, que luego de tres años y seis meses desde la última solicitud de cremación y luego de más de cuatro años de vencido el plazo de permanencia de los restos en los tubulares, se procedió a la cremación de oficio de acuerdo a la normativa aplicable.

Para la intendencia capitalina, ocurrió la “teoría del caso propio” donde la responsabilidad debe caer en los familiares de la persona fallecida y no en la administración municipal. Los demandantes dejaron vencer los plazos estipulados en la normativa por lo que “ahora no puede reclamar”, según la IMM. Y agregó: “No se concurrió en las fechas dispuestas para la cremación en dos oportunidades, por lo que se procedió a la cremación de oficio, según surge de las actuaciones administrativas”.

Luego la IMM advirtió al magistrado que no existió ilicitud en su actuación y añadió que la situación de aflicción que se denuncia en la demanda, “fue ocasionada” por los familiares de la fallecida.

Por ende, la Intendencia de Montevideo solicitó al juez Martínez de las Heras que no haga lugar a la demanda de los familiares.

Sin embargo, el magistrado, en su fallo, entendió que “no era de recibo” el planteo de la IMM de que existió culpa de los familiares, porque la administración no probó que no asistieron en las fechas establecidas para las cremaciones. Es decir, la Intendencia no adoptó recaudos para acreditar que la negativa de la cremación de Ivonne D. se motivó por la inasistencia de los hijos y nietos de la fallecida.

Foto: Estefanía Leal