El gobierno comenzará a aplicar el nuevo régimen de licencias médicas en los funcionarios públicos. A partir del 1° de abril se implementará el sistema en Presidencia, y en los meses siguientes se continuará por los ministerios, servicios descentralizados y otros organismos. Se iniciará a pesar de la resistencia de los sindicatos, que denuncian que no hubo negociación y que ya planifican movilizaciones y ocupaciones en los lugares de trabajo.

La decisión de avanzar del Poder Ejecutivo llegó días antes de que se venciera el plazo de 60 días que pidió la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) en febrero para poder negociar. Ahora que se alcanzó la fecha límite acordada, el sindicato denunció que no se lo citó a ninguna instancia formal de diálogo a pesar del acuerdo; y desde la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) -encargada de la implementación del sistema- se apuntó que hubo reuniones aunque fuera del Consejo Superior Tripartito, al que se citó para la próxima semana.

Lo cierto es que, más allá de los cruces entre el gobierno y COFE, la ONSC está pronta para que el nuevo régimen de licencias entre en vigencia comenzando por Presidencia una vez que termine la Semana de Turismo.

¿Qué implica el cambio? A grandes rasgos, hasta ahora, a los funcionarios públicos no se les descontaba dinero del salario cuando tenían una certificación médica. A partir del nuevo sistema, tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente al año, los que se podrán solicitar de manera alternada o consecutiva.

Luego de eso, desde el décimo día tendrán derecho al subsidio, que podrá ser el 75% o 100% de su remuneración -para lo que se tienen en cuenta diferentes variables. Un punto importante, que ha sido criticado por COFE, es que para el cálculo del subsidio se excluirán beneficios sociales, antigüedad, viáticos, horas extras y partidas por transporte que recibe el funcionario.

Además, el cálculo del subsidio es diferente para los funcionarios que no tienen un mínimo de 75 jornales o tres meses desde que ingresaron en la administración pública.

Se debe tener en cuenta que los nueve días de sueldo completo empiezan a contarse una vez que el ministerio, servicio descentralizado u organismo ingrese en el nuevo sistema. Por lo tanto, los cinco días que se certificó un hipotético funcionario de Presidencia en febrero, no se descontarán del cupo anual que tendrá desde el lunes.

La semana pasada se publicó el instructivo N° 3/2024 donde se explica cómo será la implementación, así como también se divulgó la Guía práctica para su implementación, ambas disponibles en la web de la ONSC.

El director de ONSC, Ariel Sánchez, explicó a El País que el calendario que se publicó en una primera instancia (que comenzaba en febrero y quedó en pausa después de reclamos de COFE), se corre dos meses más adelante.

Por lo tanto, después de Presidencia, que empieza el 1° de abril, vendrán en junio los ministerios con menos de 1.000 empleados, que son Cancillería, Industria, Turismo, Salud Pública, Trabajo, Vivienda y Ambiente.

Le seguirán en agosto los servicios descentralizados y otros organismos como INAU, Inisa, ASSE y el Poder Judicial.

La última etapa, en setiembre, incluirá a los ministerios con más de 1.000 funcionarios: Defensa, Interior, Economía y Finanzas, Ganadería, Transporte, Educación y Cultura -quedará por fuera la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), por tanto, no abarcará a los maestros y profesores- y Desarrollo Social.

Foto: Estefanía Leal

COFE está en contra de la aplicación de este nuevo sistema pero, además, denuncian que no hubo una convocatoria formal durante estos 60 días para la negociación, y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no cumplió con su compromiso de “instalar las bipartitas de salud laboral en todos los incisos”. Así lo dejaron en claro el viernes en un comunicado, después de enterarse de que el gobierno iba a implementar el régimen de licencias.

Por su parte, el director de la ONSC aseguró que se reunieron con COFE aunque “no con la formalidad del Consejo Superior Tripartito”, el que se citó para la próxima semana. Sí hubo un encuentro en el despacho del subsecretario del Ministerio de Trabajo, Mario Arizti, con “representantes” de la confederación, y allí se “confirmó que no había posibilidad de prorrogar” la implementación.

Además, COFE “pretendía” que “no se aplicara el sistema”, para lo que “no había voluntad del Poder Ejecutivo”, añadió el jerarca que asumió en enero.

Desde COFE, su presidente Martín Pereira marcó a El País que la reunión con Arizti fue por “otro tema” y que, aunque sí se habló sobre las certificaciones, “no fueron citados” por parte del Ministerio de Trabajo los “ámbitos formales de negociación colectiva”. Y añadió: “No negociamos nada, y COFE siempre ha demostrado voluntad de hacerlo”.

Ante la consulta sobre la reunión del Consejo Superior Tripartito para la próxima semana, Pereira respondió que aún no les había llegado la notificación. Pero adelantó que, una vez que culmine, según la respuesta que tengan del Poder Ejecutivo, van a “evaluar las medidas” ya planificadas. En ese sentido, contó que “hay ministerios donde sus sindicatos de base ya propusieron la ocupación”, todo lo que después se analizará a la interna COFE.

El dirigente también contó que una de sus propuestas ha sido “tener controles mucho más fehacientes de los que van a aplicarse a partir del 1° de abril”. Otra está vinculada a la prevención: “si, por ejemplo, en Ganadería todas las certificaciones son dolencia de espalda, trabajar en esa situación”.