Iglesias obtuvo una pena de arresto domiciliario y ya prepara su contraofensiva a Lacalle Pou

El ceño fruncido y los visibles nervios del expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, se fueron aflojando conforme la jueza Diovanet Olivera avanzaba en la lectura de su extenso fallo. Ella comenzó diciendo que haría lugar “parcialmente” a lo solicitado por Fiscalía. Eso, para el acusado, era un golpe. Saldría de allí condenado. Pero a medida que fue escuchando el fundamento, supo que sería responsabilizado solo por uno de los dos delitos por los que se lo acusó y que no tendría una pena de prisión. Él, además, está confiado en que el Tribunal de Apelaciones lo liberará de toda culpa y cargo.

La jueza Olivera lo halló culpable del delito de apropiación indebida por el faltante de US$ 180 mil y lo absolvió del de insolvencia societaria fraudulenta. El fiscal Gilberto Rodríguez, que pretendía que se lo condenara por ambos, había pedido una pena de tres años de cárcel. Finalmente, Olivera fijó el monto en dos años. Uno de ellos a cumplirse en régimen de arresto domiciliario total y el otro en libertad vigilada.

La magistrada entendió, como lo hizo la Fiscalía, que Iglesias, estando al frente de la mutualista, creó “una especie de ‘estructura organizativa paralela gerencial’” puesto que “adoptó una serie de decisiones (...) que en cierta medida lo fue posicionando en un rol ejecutivo gerencial”. En ese sentido, citó declaraciones de varios testigos, incluido uno de los integrantes de la directiva, quien aseguró que “la comisión era decorativa”. “No hacíamos nada. Teníamos total confianza en lo que él hacía”, afirmó.

Que él mantuviera este rol tan protagónico en las finanzas de la institución hace, a juicio de Olivera, que no pueda poner excusas respecto de la falta de documentación que acrediten sus dichos.

Foto: Agustín Magallanes.

Iglesias fue acusado de apropiación indebida de US$180 mil dólares que pertenecían a Casa de Galicia y estaban depositados en Cambistar S.A, propiedad de Marcelo Bonanata. El presidente los retiró de allí y, por estatuto, debía volcarlos a “actividades propias de su giro”. Pero ese dinero nunca apareció.

Sus abogados, Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, ensayaron dos teorías. La primera era que los había utilizado para el pago de distintas deudas de Clínica Leborgne (que era en un 51% propiedad de Casa de Galicia). Puntualmente, que fue utilizado para el pago de cuotas a una empresa de ambulancias, a otra empresa que controlaba aparatos oncológicos y los honorarios de un contador.

Sin embargo, a la luz de la evidencia, eso resulta “poco creíble”, consideró Olivera, quien analizó uno a uno los pagos y la trazabilidad del dinero.

La segunda teoría refiere a que Iglesias había hecho un préstamo de US$ 200 mil para la compra de Clínicas Leborgne que no había quedado registrado, porque estatutariamente le estaba prohibido. En tal caso, habría pretendido quedarse con el dinero para “descontar” de la deuda.

Ello “resulta creíble”, concluyó la jueza, quien valoró que la defensa haya logrado desbaratar un testigo de la Fiscalía.

El exgerente financiero de la mutualista se contradijo respecto de la fecha y el monto del dinero que retiró de la casa de Iglesias en una “caja de championes”, lo que puso en duda su veracidad. El exfuncionario había acusado a Iglesias de amedrentarlo para que cambiara la versión.

Foto: Archivo El País

Pese a esto, la jueza se preguntó: “Aún existiendo el préstamo (...) ¿ello le permitiría hacerse del dinero en la oportunidad que creyera conveniente?. La respuesta es no”.

No puede argumentarse “razonable y sinceramente, que tratándose Iglesias de un versado hombre de negocios, aplicando la diligencia media como de hecho lo hizo para no documentar el préstamo con Casa de Galicia (...) no pudiera advertir que su calidad de poseedor del dinero confiado le impedía mutar el título, apropiarse del mismo en la oportunidad que creyera conveniente”.

Por otra parte, lo absolvió del delito de insolvencia societaria fraudulenta. La Fiscalía acusó a Iglesias por este delito debido a que en los días previos al concurso dio seis órdenes irrevocables de pago a acreedores por el valor de US$ 6 millones. Entre ellos estaba Bonanata (dueño de Cambistar) y Juan Carlos Lousada, socio en Clínicas Leborgne. Estos acreedores no eran los más urgentes. Solo uno de los pagos llegó a concretarse, pero Iglesias pretendió alterar la masa del concurso, sostuvo la Fiscalía.

La defensa de Iglesias afirmó que no puede configurarse porque es aplicable sobre empresas y Casa de Galicia es una asociación sin fines de lucro. Eso, además de que la mutualista ya era insolvente, por lo que la conducta de Iglesias “no causó nada”.

Olivera recogió los argumentos de los defensores y, luego de un extenso análisis, los dio por válidos. Citando a diferentes autores, confirmó que el concepto de empresa es jurídico y que en este caso Casa de Galicia era una asociación civil sin fines de lucro en los estatutos y en los hechos, más allá de que económicamente funcionara como una empresa.

Foto: Estefanía Leal