Fin del juicio por Casa de Galicia: ¿cuándo se conocerá el fallo que podría enviar a prisión a Iglesias?

La última audiencia sobre el caso que involucra al ex presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, duró cinco horas. Las partes hicieron sus alegatos de clausura, exponiendo sus principales argumentos, mientras que el propio Iglesias tomó la palabra para relatar su versión de la historia, en la que apuntó contra el gobierno de Luis Lacalle Pou por "dejar caer" la mutualista. Esta fue la última vez que se vieron las caras previo al fallo de la jueza Diovanet Olivera, que se dictará el 19 de setiembre.

Para que el debate fuera "justo", la jueza estableció un límite de dos horas para cada parte y 30 minutos en caso de querer utilizar el derecho a réplica, aunque esto no sucedió. El primero en hablar fue el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3^er Turno, Gilberto Rodríguez, y con él las fiscales adscriptas Gabriela Gómez, Silvia Monzón y Valeria Bovio.

Fiscalía sostuvo que Iglesias retiró US$ 180 mil, de los que aún se desconoce su destino. Según indicó Rodríguez, en febrero de 2021 Casa de Galicia suscribió un contrato de préstamo con 20 personas físicas, del que obtendrían US$ 480 mil para “financiar actividades privadas propias de su giro”. Parte de ese dinero, US$ 180 mil, serían depositados en una cuenta del BROU a nombre de Cambistar S.A (un cambio cuyo titular es Marcelo Bonanata). Iglesias retiró ese dinero, pero en lugar de en dólares, lo hizo en pesos uruguayos.

"Casa de Galicia tenía muchas necesidades", dijo Rodríguez al asegurar que el dinero que retiró Iglesias no fue utilizado para lo que estaba destinado. Señaló que en caso de ser utilizado para la compra de un paquete accionario de Clínica Leborgne, como dijo Iglesias, no habría sido lo correcto debido a que no eran una unidad, además de que esta compra "no fue transparentada". Esto luego fue respondido por los abogados del ex presidente de la mutualista. De igual manera, el equipo fiscal considera que este no fue el destino del dinero.

Este es uno de los dos hechos por los que se lo acusa. Es que en octubre de 2021, días antes de promover el concurso de Casa de Galicia —en conocimiento de que lo haría, según Fiscalía—, Iglesias emitió seis instrucciones irrevocables de pago para algunas sociedades. Esto, según el relato fiscal, permitió a algunos acreedores sacar provecho sobre otros. Si bien este tipo de resoluciones son legales, Fiscalía entiende que estuvieron contextualizadas "en un ámbito de fraude".

Además, señaló que la gestión de Iglesias fue "desprolija e irregular", asegurando que bajo su mandato se realizaron préstamos con tasas de interés elevadas. Por estos hechos es que pidió que sea condenado a tres años de prisión por insolvencia societaria fraudulenta y apropiación indebida.

El ex presidente de Casa de Galicia escuchaba atentamente cada palabra del fiscal y hacía alguna mueca cuando no estaba de acuerdo. Tomaba una lapicera y apuntaba. Al final de la audiencia tendría tiempo para hablar.

El debate entre las partes tuvo varios focos. Gran parte de este fue en torno a interpretaciones jurídicas, intentando argumentar por qué encuadran, o no, los delitos que Fiscalía busca imputar. Principalmente el de insolvencia societaria fraudulenta, al que el abogado Gonzalo Fernández —defensor de Iglesias junto con Marcelo Domínguez— calificó como "letra muerta", debido a que considera que es un "delito simbólico".

"Cuanto mayor es el error en el que incurre, con más insistencia lo defiende", comenzó su intervención Fernández, apuntando contra la argumentación de Fiscalía.

Con respecto a las instrucciones irrevocables de pago, aseguró que en caso de entenderse que no correspondían, la sindicatura podría haber definido que se afectó a la masa y así tomarse una resolución judicial, pero no una imputación penal. Lo mencionado por Fernández ocurrió con dos de las sociedades a las que se iba a pagar. Otras renunciaron al cobro del dinero, mientras que solo una de ellas llegó a recibir US$ 150.000.

"No puede imputarse penalmente la insolvencia a una asociación que era insolvente hacia años", aseguró y enfatizó en que otras sociedades "están fundidas desde hace 25 años y viven gracias a las ayudas que les da el Estado". "Un pago de 150 mil dolares no puede sustentar una insolvencia fraudulenta de una empresa que debía 75 millones de dólares", defendió.

El abogado apuntó contra el gobierno de Lacalle Pou por haber "dejado caer" a la mutualista —lo que fue reafirmado por Iglesias en su intervención— y por haber "regalado" toda su masa de afiliados.

El otro defensor de Iglesias, Domínguez, se enfocó en el delito de apropiación indebida, argumentando que "no está controvertido que Iglesias se apersonó y retiró los 180.000 dólares", sino el uso que se le dio al dinero. Según la defensa, este fue utilizado para pagar un inmueble y realizar cuatro depósitos.

Parte de este dinero habría sido destinado a la compra de Clínica Leborgne, según dijo el propio Iglesias, argumentando que esto les permitiría "pegar el salto", además que en caso de no efectuar el pago perderían la seña y hubiesen tenido que abonar una multa. "Lo saqué (el dinero) con toda la intención de quedármelo porque era mio. Pero lo mandé al sanatorio porque teníamos operaciones claves para Casa de Galicia", dijo el ex presidente de la mutualista.

"Presidencia tomó decisiones de altísimo perjuicio para la comunidad (gallega)", acusó Iglesias y señaló al Poder Ejecutivo de ese entonces de "cerrar todas las puertas" para que finalmente se de el cierre de Casa de Galicia.

Su defensa anunció un pedido subsidiario, aunque dijo hacerlo "contra la voluntad" de Iglesias. "La responsabilidad profesional va más allá de la voluntad del cliente", dijo Domínguez.

El próximo 19 de setiembre en la tarde se dará lectura a la sentencia por parte de la jueza.