"Tengo documentos que respaldan lo que digo", insistió el prestamista Fernando Ucha ante la atenta mirada de la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera, el expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias, los abogados de este y las fiscales de Delitos Económicos y Complejos —Gabriela Gómez, Silvia Monzón y Valeria Bovio. Ucha fue citado luego de que un contador de la mutualista lo señalara como el dueño de un dinero que le había entregado Iglesias.
La audiencia que comenzó sobre las 15:00 horas de este miércoles y duró poco menos de una hora fue la última antes de los alegatos finales, instancia previa a la resolución de la jueza. Si bien la citación de Ucha en calidad de testigo había sido rechazada por la magistrada, un Tribunal de Apelaciones revocó su decisión.
El objetivo de la instancia fue conocer con detalle sobre sus préstamos a Casa de Galicia. Estos, según declaró en la audiencia, fueron durante 2020. En total, enumeró seis entregas de dinero. Las primeras dos —de US$ 100.000 y US$ 284.000— fueron en efectivo, mientras que las restantes se realizaron mediante transferencia bancaria.
Según un documento que llevó como apoyo para brindar información, el cual la jueza accedió a que leyera con el consentimiento de las partes, en total prestó un monto cercano a los US$ 2.000.000.
Dijo haberse enterado de la situación crítica en la que se encontraba la mutualista a través de un "amigo de toda la vida", quien le planteó "si podía contribuir". Fue así que comenzó a prestar dinero. La primera y segunda vez lo entregó de forma presencial.
Los encuentros ocurrieron en la sala de directorio, en un edificio próximo al sanatorio de la mutualista. Allí se encontró con Iglesias —a quien todavía no conocía— y otros directivos, a quienes entregó la plata.
Consultado por los abogados del ex presidente de Casa de Galicia, Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, el hombre reafirmó que el dinero fue prestado a la mutualista y no a Iglesias. A cambio, dijo haber recibido cheques.
Declaración que involucró a Ucha
Uno de los cargos por los que es acusado Alberto Iglesias es el de apropiación indebida. Fiscalía entiende que retiró US$ 180 mil de un cambio que correspondían a Casa de Galicia, pero no los volcó a la institución. Iglesias sostuvo que los usó para pagar distintos gastos de la mutualista, sin embargo, enfatizó que ese dinero era de él porque se lo había prestado a la institución.
El expresidente indicó que el préstamo fue por US$ 200 mil y que un día el entonces gerente financiero de la mutualista pasó a buscar el dinero por su casa. Sin embargo, al declarar, el exfuncionario aseguró que ese día él retiró US$ 249.200 y que el origen de los fondos era el préstamo que un tercero particular —Ucha— había hecho a Casa de Galicia.
La defensa de Iglesias insistió en que esa versión era diferente a la que él había dado inicialmente en Fiscalía —donde habló de “unos US$ 200 mil"— y pidió la citación a declarar a Ucha.
Se acerca el fin del juicio
El juicio está próximo a finalizar. Decenas de testigos declararon por el caso que tiene imputado a Iglesias por apropiación indebida e insolvencia societaria fraudulenta, y por el que la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er Turno —encabezada por Gilberto Rodríguez— pidió tres años de prisión.
Fiscalía sostiene que Iglesias retiró US$ 180 mil, de los que aún se desconoce su destino. Se levantó el secreto bancario de sus cuentas personales y el dinero nunca ingresó allí. Según indicó, en febrero de 2021 Casa de Galicia suscribió un contrato de préstamo con 20 personas físicas, del que obtendrían US$ 480 mil para “financiar actividades privadas propias de su giro”. Parte de ese dinero US$ 180 mil serían depositados en una cuenta del BROU a nombre de Cambistar S.A (un cambio cuyo titular es Marcelo Bonanata).
Iglesias retiró ese dinero, pero en lugar de en dólares, en pesos uruguayos. Según Fiscalía, a partir de allí cambió varias veces de versión sobre lo que había sucedido con la plata.
Por otra parte, lo acusan de insolvencia societaria fraudulenta. Esto es basado en que Iglesias ya sabía que iba a llamar a concurso voluntario, cuando ordenó el pago a seis acreedores, lo que alteró la masa concursal.
Los beneficiarios fueron Juan Carlos Lousada, de la comunidad gallega, y Marcelo Bonanata, histórico prestamista de Casa de Galicia y cuatro empresas: Tera S.A, Bioerix S.A, General Electric y Gladil S.A. Esto, sostiene la demanda, generaba un "riesgo económico" de más de 2 millones de dólares.
La versión de Iglesias es que el dinero del que se lo acusa de haberse apropiado en realidad era suyo. "No la hice documentar (la entrega de dinero) porque es mía. Un tercero nunca iba a dar US$ 200 mil sin documentar, ni a mi, ni a Casa de Galicia ni a nadie", declaró durante el juicio.
El destino de ese dinero, según Iglesias, fue la propia mutualista. La mitad del dinero —aseveró— se utilizó para cerrar la compra de Clínicas Leborgne y la otra mitad permaneció en la caja fuerte de la mutualista.
Según su versión, por eso cuando él retiró los US$ 180 mil de Cambistar, procuró quedárselos, pero finalmente no pudo hacerlo porque la institución los precisaba y se utilizaron para el pago de distintas obligaciones.
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