Fiscal cuestionó a mutualista en caso que terminó con muerte de paciente: "Hubo responsabilidad institucional"

Con la condena que recibió días atrás la médica que estuvo implicada en la muerte de una paciente en un caso de mala praxis, la Fiscalía que investigó el caso por casi dos años dio por cerrado el episodio. El fiscal Fernando Romano entendió, luego de interrogar a una treintena de testigos, que la responsabilidad penal solo era atribuible a la anestesista que participó de una cirugía de rutina a la que se sometió una pediatra de 41 años el 26 de octubre de 2023, tras la cual -producto de un paro cardiorrespiratorio cuya duración nunca se pudo establecer, y una temprana extubación- la paciente quedó con un agravio encefálico irreversible, que culminó, unos 10 meses después, con su inevitable muerte.

Pero a juicio de la jueza que intervino en el caso, del propio fiscal, de los abogados de la imputada y de la madre de la víctima, quedaron algunas preguntas sin responder, las que fueron abordadas y discutidas en profundidad en la audiencia de formalización de esta indagatoria -realizada el pasado 18 de diciembre-, a cuyo registro de audio accedió El País.

La mayoría de esas interrogantes apuntan al rol que jugó la mutualista -el Servicio Médico Integral (SMI)- antes, durante y después del trágico episodio.

“Hubo notas presentadas por enfermeros en cuanto que no querían trabajar con la doctora por distintas circunstancias”, dijo el fiscal durante su exposición, para referirse a que, en respuesta a esos reclamos, el centro de salud “le propuso” a la anestesista “una colaboración” en su trabajo diario. “Pero nunca se la prestó -cuestionó Romano-. Lo que tenía que haber hecho el SMI era prestarle una colaboración. Y, seguramente, si le hubiera prestado la colaboración, esto no hubiera sucedido”.

Foto: Estefanía Leal

Eso en primer lugar. En segundo, tal y como fue confirmado en esta audiencia no solo por el fiscal -lo mismo señaló el abogado de la anestesista, Gonzalo Fernández, y el patrocinador de la madre de la paciente, Diego Bais- el SMI no pudo aportar el registro fílmico de las cámaras que están en el hospital, lo que hubiera permitido dilucidar, entre otras cosas, durante cuántos minutos se ausentó la anestesista de la operación -un capítulo sobre el cual esta investigación, así como la que realizó el propio Ministerio de Salud Pública y la que también hizo la mutualista, no terminó de echar luz.

“Es raro -dijo Romano-. A juicio de la Fiscalía fue muy raro que no se conservara, porque inmediatamente tuvieron conocimiento de lo que había sucedido. (...) Inmediatamente todo resonó en el SMI, sabiendo lo que había sucedido”.

Lo mismo dijo Fernández, que como abogado de parte también quiso conocer el registro fílmico. “Hubiera sido fundamental para poder dimensionar el tiempo que insumió la ida y vuelta del baño y la hora respectiva. Yo tampoco pude acceder a las cámaras”, lamentó el penalista.

Romano volvió sobre el punto: “No pueden decir, como nos dijeron, que las cámaras se conservan durante 15 días. La conservación de la filmación tenía que haber sido desde el primer día”.

Por esto, y por no haber prestado asistencia a la anestesista, es que para Romano “el SMI tiene, desde el punto de vista institucional, políticamente hablando, una responsabilidad”.

Foto: Archivo El País

El cuestionamiento al SMI no se detuvo allí, porque Bais también aprovechó la ocasión para dejar constancia en la audiencia de lo que la madre de la víctima “debió afrontar a lo largo de estos dos años”. “Ya en primera instancia hubo complejidad para acceder a la historia clínica, que es un derecho de todos los usuarios. Hubo que decir que se iba a iniciar un proceso de incapacidad para poder acceder a ella”, criticó el abogado, y siguió: “Una vez que se accede se ven las irregularidades y anotaciones tardías en la historia clínica”. Y allí, dijo Bais, “nunca figuró que la persona había sido extubada”, otro de los procedimientos médicos que se le reprochó a la anestesista (quitarle el tubo de oxígeno a la paciente, cuando no estaba en condiciones para ello).

“Un prestador de salud que, como ya dijo el fiscal, no reservó las cámaras, realizó una investigación administrativa en forma tardía y una vez que el Ministerio de Salud Pública ingresó y le pidió que rinda cuentas”. Ese proceso interno, recordó también el defensor de la familia, “terminó con la destitución o despido de la doctora por pérdida de confianza”. “No se denunció al Cosepa, que es la comisión de seguridad del paciente y en donde se tiene que denunciar rápidamente cuando hay un evento adverso”.

La audiencia terminó con la ratificación de un proceso abreviado, al que llegaron, en acuerdo, la Fiscalía y la defensa de la imputada. Como ya informó El País, la médica fue condenada a dos años de prisión, pena que -tal fue lo acordado en la negociación- se sustituyó por un régimen de libertad a prueba, más un “arresto domiciliario parcial” que deberá cumplir por un plazo de ocho meses. El delito que la anestesista aceptó haber cometido (ver recuadro) es el de un homicidio culpable.

Sin embargo, para la jueza de garantías María Noel Odriozola -en una opinión que coincide con el de la propia imputada- debería haberse individualizado a más culpables. Lo que dijo fue esto: “Da la sensación certera de que puede haber otros responsables”. Su argumentación, desarrollada en otro pasaje de su exposición, se basó en lo que, a su juicio, faltó: “No tengo acá a los responsables del SMI, no tengo acá a los otros médicos que también estaban ahí y vieron al paciente... Se le dice a ella que demoró una hora en llevarla a CTI: ¿los otros médicos qué estaban haciendo?”. Esos otros médicos, dijo después, “deberían tener alguna responsabilidad”. Porque si ella actuó mal, ¿no la corremos y actuamos nosotros bien? Son dudas”, concluyó.

Pero dudas que el fiscal Romano dijo haber despejado: “Lo dejo asentado, para mí desde el punto de vista penal, a juicio de la Fiscalía, no hay otra persona responsable más que la doctora” imputada.

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