Familiares de trabajador afectado por agroquímicos en arrozal demandan a la empresa por más de $ 11 millones

Los familiares de Julio de los Santos, trabajador de una arrocera que desarrolló una grave enfermedad pulmonar atribuida a la exposición a agroquímicos, presentaron una demanda por daños y perjuicios por 11,36 millones de pesos.

El escrito fue presentado por su pareja, Susana Silva, de 48 años, y la hija de ésta, Varenka Burgos, de 26, quienes aseguran haber desarrollado distintas enfermedades como consecuencia del desempeño de su trabajo en Arrozal 33.

La demanda, presentada ante la justicia laboral por el abogado Ignacio Barlocci, sostiene que ambas estuvieron expuestas durante años a productos químicos utilizados en la producción de arroz.

Fuentes de Arrozal 33 consultadas por El País, aclararon que no cuestionan necesariamente la existencia de las patologías, sino que rechazan que puedan atribuirse a la exposición a agroquímicos en Arrozal 33. En ese sentido , remarcaron que será necesario que los familiares de De los Santos, demuestren judicialmente que existe una relación causal con la actividad de la empresa.

Las mujeres reclaman indemnizaciones por daño moral, gastos médicos y traslados, además de una eventual compensación por pérdida de ingresos si Burgos debe jubilarse anticipadamente.

Según la demanda, Silva padece adenomatosis hepática, presenta nueve tumores en el hígado y se encuentra a la espera de un trasplante. También sufre anemia, hipertiroidismo, problemas neurológicos que incluyen pérdida de memoria y alopecia.

Silva fue funcionaria de Arrozal 33 desde febrero de 2014 hasta mediados de 2017, desempeñando tareas de jardinería, portería, manejo de balanzas de camiones y aplicación de plaguicidas. Posteriormente comenzó a recibir certificaciones médicas y, tras pasar por un régimen de prejubilación, obtuvo la jubilación definitiva en 2022.

Burgos, por su parte, presenta asma de carácter exposicional, un nódulo tiroideo, síndrome de ovario poliquístico y una calcificación pulmonar detectada en marzo de 2026.

La demanda sostiene que los problemas ginecológicos le provocan dolores, sangrados prolongados y dificultades para tener hijos. Entre agosto y octubre de este año sufrió alteraciones menstruales que requirieron tratamiento médico. La situación de la joven podría derivar incluso en una jubilación anticipada.

Ella nunca fue empleada de la empresa, aunque vivió desde 2012 en el poblado agroindustrial donde residían los trabajadores y sus familias, próximo a la Laguna Merín y a unos 30 kilómetros de Vergara.

En la demanda, los damnificados denuncian que durante las zafras, Arrozal 33 realizó fumigaciones diarias a 30 metros de altura del poblado. Los demandantes afirman que los productos químicos se dispersaban fuera de los cultivos y alcanzaban a los residentes.

Para fundamentar la presunta irregularidad, citan una resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de 2004 que prohíbe las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios a menos de 500 metros de zonas urbanas, suburbanas y centros poblados. La demanda denuncia además que se arrojaban residuos de productos químicos en canales de agua situados dentro del establecimiento.

Asimismo, en el escrito Silva denuncia que la empresa no le brindó capacitación ni le proporcionó implementos como guantes y máscaras para manipular agroquímicos.

En el texto, se describe un episodio en el que De los Santos se derramó glifosato sobre la ropa mientras trabajaba. Pese a ello, un capataz le impidió retirarse para bañarse y cambiarse. Cuando regresó a su vivienda, fue su pareja quien debió manipular y lavar las prendas contaminadas.

Para alejarse de un ambiente que consideraban contaminado por agroquímicos, toda la familia debió abandonar el poblado de Arrozal 33 y trasladarse a Ciudad del Plata en 2018, mediante la intervención de la Institución Nacional de Derechos Humanos y del Ministerio de Vivienda. Los abogados afirman que el deterioro de la salud de De los Santos, la dependencia de asistencia respiratoria y la incapacidad permanente para trabajar afectaron profundamente la vida familiar.

A mediados de octubre se realizó una instancia de conciliación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la que no se alcanzó un acuerdo debido a que la empresa rechazó los reclamos de las demandantes.

Las fuentes del arrozal recordaron que en 2022 la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia que absolvió a Arrozal 33 en un juicio promovido por Julio de los Santos, al no acreditarse que su enfermedad pulmonar estuviera vinculada con el trabajo en la empresa. Según la firma, el trabajador ya presentaba problemas de salud antes de ingresar a la arrocera. Asimismo, aseguraron que aquel caso fue utilizado con fines políticos por sectores contrarios al uso de agroquímicos.

También desestimaron las denuncias sobre el vertido de productos químicos en cursos de agua y aseguraron que existen procedimientos específicos para el manejo y la disposición de estos productos y sus envases.

Asimismo, las fuentes sostuvieron que Arrozal 33 proporciona equipos de protección personal a sus trabajadores y cuenta con protocolos para la manipulación de productos químicos, además de un técnico prevencionista y un médico especializado en salud laboral. También destacaron que la empresa posee certificaciones internacionales en la materia.

Julio de los Santos trabajó en Arrozal 33 desde 2014, realizando tareas de soldadura y fumigación en condiciones de exposición a agroquímicos, según sus abogados. En 2017, el Banco de Seguros del Estado le diagnosticó una enfermedad respiratoria de origen laboral, que evolucionó hacia una fibrosis pulmonar y lo dejó incapacitado para trabajar.

En setiembre de 2021, la Justicia laboral condenó a Arrozal 33 a indemnizarlo por los daños sufridos. Sin embargo, en diciembre de ese año, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1^er Turno revocó la sentencia y absolvió a la empresa. En agosto de 2022, la Suprema Corte de Justicia mantuvo esa decisión.

Tras agotar las instancias judiciales en Uruguay, la defensa de De los Santos llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que el Estado uruguayo no había garantizado adecuadamente sus derechos. La denuncia sigue a estudio del organismo.