Redacción El País
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, compareció esta mañana en la Fiscalía ante el magistrado especializado en delitos económicos Alejandro Machado, que investiga posibles irregularidades en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset a fines de 2021.

"Lo único nuevo que he visto hasta ahora es la sentencia de Emiratos Árabes donde demuestra que el señor Marset no fue liberado por el pasaporte, sino que fue liberado por la causa que Emiratos Árabes le determinó", dijo el ministro a la prensa a la salida de Fiscalía.

"Que quede claro que el otorgamiento del pasaporte de por sí no es la liberación de nadie porque hay gente que hoy está presa en Uruguay, que tiene pasaporte y sigue cumpliendo su condena", explicó y aseguró que no hay más novedades ya que dijo "lo mismo" que aquello que declaró en la interpelación impulsada por legisladores del Frente Amplio en 2022.

Sostuvo además que está "bajo reserva" por lo que prefirió abstenerse de hacer más declaraciones.

Varios jerarcas han comparecido o deberán hacerlo en los próximos días en calidad de indagados. El lunes fue el turno del subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, este miércoles comparecerá la exvicecanciller Carolina Ache y el viernes lo hará el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo.

Dentro de algunos días le tocará al abogado penalista Alejandro Balbi, una figura crucial en el proceso administrativo que se llevó adelante en aquel momento para darle el pasaporte uruguayo a Marset, quien por entonces estaba detenido en Dubái (Emiratos Árabes) por portar documentación paraguaya apócrifa.

En el marco de esta causa también han declarado funcionarios de segunda línea, y el fiscal intentará determinar si hubo ilegalidad en el otorgamiento del documento y, en caso de que así sea, de quién fue la responsabilidad.

Luego de salir de Emiratos Árabes, Marset se mantuvo prófugo pese a ser buscado internacionalmente. La última vez que se supo de él fue cuando logró fugar de su casa de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, cuando la Policía de ese país se disponía a detenerlo.