Redacción El País
Una investigación sin precedentes de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) dejó al descubierto una organización dedicada a la falsificación de documentos para liberar a narcotraficantes. En algunas ocasiones, los delincuentes obtuvieron en forma directa prisiones domiciliaras gracias a certificados médicos truchos que no eran controlados en los juzgados o que el Instituto Técnico Forense (ITF) daba por buenos para realizar sus dictámenes periciales.

Basados en esos dictámenes del ITF -organismo del Poder Judicial-, los magistrados determinan prisiones o liberaciones de personas. Es decir, las pericias son “palabra santa” para los jueces.

Los certificados truchos fueron presentados por abogados en los juzgados especializados en Crimen Organizado de Montevideo y en sedes penales de San José y Maldonado. Una abogada, Mercedes Acosta, enfrenta una prisión preventiva, por esta situación.

La investigación policial constató que Miguel Leal, un jefe narco que integraba una organización que distribuía cargamentos de cocaína y pasta base en el área metropolitana, había sido beneficiado con prisión domiciliaria el 27 de mayo pasado y que luego de esto se dio a la fuga. Hasta ahora no han logrado atraparlo. Esto fue informado ayer a través de la red social “X” por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El caso se suma al del también narcotraficante Juan Antonio González Bica, conocido días atrás. Ambos lograron escaparse gracias a certificados falsos que daban cuenta de problemas inexistentes de salud.

Leal pasó del Penal de Libertad a un régimen de prisión domiciliaria tras un dictamen de la jueza especializada en Crimen Organizado de 1er Turno, Adriana Chamsarian. La decisión la tomó luego de que el delincuente presentara documentación en la que decía que le faltaba un riñón.

Leal estuvo en prisión efectiva 105 días (tres meses y quince días) -debería haberlo estado por cuatro años y siete meses. Fue detenido en un operativo de la Dgritd momentos antes de realizar una entrega de estupefacientes. Dentro de su vehículo, los investigadores policiales encontraron 15 kilos de cocaína.

El delincuente era uno de los integrantes más importantes de la banda. Su rol era trasladar la droga a las bocas ubicadas en el área metropolitana, según dijo una fuente del caso a El País.

Al finalizar el procedimiento, la Policía incautó un total de 35 kilos de drogas, armas, vehículos y dinero. También se supo que Leal tenía contactos internacionales con Bolivia, según dijo Heber a El País.

El titular del Ministerio del Interior agregó que “es muy preocupante” que una jueza especializada en Crimen Organizado otorgue prisión domiciliaria sin tobillera a una persona que tenía contactos internacionales con traficantes de drogas. “Le dio la prisión domiciliaria a los tres meses por razones de salud”, dijo con indignación.

Heber consideró que esos “fallos” son “frustrantes” para la Policía que consigue las pruebas y para la Fiscalía que efectúa la investigación y el seguimiento de los ilícitos. Recordó que el Ministerio del Interior realiza contactos a nivel internacional para descubrir los integrantes de esas bandas. “Es una persona que tiene vinculaciones internacionales y la jueza (Chamsarian) entiende que por razones de salud debe gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Sabemos que hubo adulteraciones de los informes médicos”, recalcó también el jerarca.

-A su juicio, ¿qué debió hacer la magistrada?

-Debió haberse cerciorado antes y por lo menos haber decidido colocarle una tobillera, aunque sabemos que las pueden cortar. No es válido dar la libertad por diálisis. En el Instituto Nacional de Rehabilitación trasladamos a centros de salud especializados, con custodias, a personas peligrosas como traficantes que necesitan hacerse diálisis. O cuando hay otro tipo de afecciones tenemos un hospitalito que está en la Unidad 1 (Punta de Rieles).

-¿Usted considera que la inseguridad está directamente vinculada al narcotráfico?

-Sí. Porque se roba y se rapiña para pagar drogas. Se destruyen familias para introducir la droga en nuestra sociedad. Si no nos defendemos coordinadamente, somos muy vulnerables como sociedad a estas organizaciones. Si les damos prisiones domiciliarias pensando que esta gente puede ser recuperable, cuando son parte de bandas que destruyen vidas y familias... Tenemos que unir esfuerzos con el Poder Judicial y naturalmente con la Fiscalía que investiga estas cosas.

-¿Hay apoyo de la Fiscalía?

-Nosotros estamos muy apoyados por la Fiscalía y en especial por la doctora Mónica Ferrero, que ha sido un adalid en cuanto a perseguir, generar y condenar en la mayoría de los casos de narcotráfico que hay en nuestro país. Todo ese esfuerzo que hace el Estado en materia de inteligencia y de persuasión de la situación, seguimientos y escuchas para tener elementos de prueba, no puede terminar en una prisión domiciliaria. Quizás estamos sintonizando en forma diferente con las juezas (María Helena Mainard, del caso González Bica, y Chamsarian) que justamente tienen que castigar el crimen organizado y el narcotráfico.

“Cuando salí a hablar en el primer caso (la fuga del traficante Juan Antonio González Bica) saltó la Asociación de Magistrados a decir que incurrí en injerencia en el Poder Judicial y eso no fue así”, dijo a El País el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Y añadió: “Yo manifesté mi indignación con la falta de colaboración y de preocupación hacia esa gente (los narcotraficantes) que tanto daño hacen a nuestra sociedad. Hasta puedo criticar el fallo. Después salió la Asociación de Abogados a decir que debíamos ser muy prudentes a la hora de hacer manifestaciones públicas. Estoy opinando sobre la seguridad que se tiene que tener por parte de los jueces en cuanto a que no se comprobó que (el narcotraficante) estaba realmente enfermo. No se pidió la historia clínica de la persona. Se acreditaron informes médicos fácilmente adulterables”.

Heber consideró inadmisible que la situación se haya repetido con otro narco: Miguel Leal. “Frente a esta situación me preocupa mucho que no tengamos debida conciencia de que nos estamos enfrentando a una organización muy poderosa que está haciendo daño a toda la sociedad uruguaya. Y que la ley tiene que ser muy dura con esta gente. Originan homicidios, hurtos y rapiñas”, sostuvo.