Clavijo admite "error" por no solicitar "orden judicial" para traslados del Cuini, indicó fiscal

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Por Joaquín Silva
Así que en el plan de traslados no contaron con todos los elementos que tenía a su disposición?”. Para este momento del interrogatorio al ex director nacional de la Policía, Mario Layera, el fiscal Ricardo Lackner ya había agotado las preguntas sobre las competencias que tenía el máximo jerarca policial de aquel momento, a propósito de los traslados sistemáticos que se hicieron entre 2017 y 2018 del narco mexicano Gerardo González Valencia hasta Cárcel Central -en donde el Cuini terminaría encontrándose también con el mafioso italiano Rocco Morabito, preso en ese lugar.

Como Layera respondía que casi nada en este asunto le “correspondía” -“los cometidos están bien establecidos”, decía citando la Ley Orgánica Policial-, Lackner le hizo entonces esa pregunta sobre “los elementos” de que disponía González Valencia cuando era trasladado para tener “visitas conyugales”, el motivo que el delincuente esgrimió para salir todas esas veces de la sede de la Guardia Republicana -en donde estaba recluido- y que las autoridades de la época tomaron por bueno, para sorpresa del fiscal.

-¿Cómo con “los elementos que tenía a su disposición”? -preguntó Layera.

-Y por ejemplo que tenía a su disposición un teléfono de última generación.

Porque ese fue el foco de la indagatoria que Lackner llevó adelante el pasado 15 de diciembre al exjerarca de la Policía: entender los motivos de los al menos 13 operativos -como informó días atrás El Observador- que se hicieron en el lapso de varios meses para que un delincuente internacional de la talla del Cuini pudiera gozar de los “derechos humanos” que denunciaba como vulnerados al no poder satisfacer como él quería el deseo de las llamadas “visitas higiénicas”.

Es decir, teniendo en cuenta la peligrosidad que representaba el Cuini y de lo que, aún en prisión, era capaz de hacer, Lackner quería saber cómo no se previó “alguna alternativa más prudente y menos costosa” para que el mexicano pudiera verse con su esposa en donde estaba preso, y no optar en cambio por estos traslados que atravesaban la ciudad, decisión que el propio fiscal habría de calificar como de “burrada”.

-Mire -dijo Layera-, en una visita conyugal, o en una visita de abogados, por la experiencia que tengo, no solo de nuestro país sino de otros países, este tipo de personas puede realizar las comunicaciones que quiera.

-No, pero esto (por el celular) lo tenía a disposición de él -repuso el fiscal.

Tan asumidos estaban los riesgos, por otra parte, que los aparatosos operativos para dar lugar a las visitas se hacían tomando en cuenta “las posibilidades de un rescate aéreo”, le dijo Lackner al indagado.

Las irregularidades ocurridas en torno a todo este tema -que constituyen en realidad una segunda causa, derivada de la principal, que es la que busca clarificar la fuga de Morabito en junio de 2019- serán ahora seguidas por la fiscal Silvia Porteiro, ya que Lackner fue destinado, a partir de este año, a la nueva unidad especializada en la cibercriminalidad creada por el Ministerio Público.

Y hay, al menos, dos puntas que -según se desprende del interrogatorio- quedaron en la órbita de Fiscalía vinculadas a esta línea.

Una de ellas es la vinculada, justamente, a los “elementos” que le permitieron a González Valencia comunicarse con el exterior. La otra involucra directamente al entonces jefe de la Guardia Republicana, Alfredo Clavijo, otro de los indagados en este caso.

Respecto a la primera, lo que Lackner tiene probado es que el Cuini -extraditado en mayo de 2020 a Estados Unidos- llegó a tener “tres celulares” que fueron luego encontrados “dentro del aire acondicionado” que tenía en el container hecho para su reclusión.

Pero el delincuente también tuvo uno que fue entregado por las autoridades para que, en teoría, pudiera comunicarse con su esposa, aunque respecto a esto último hay cabos que, para Lackner, no terminaron de cerrar. Dijo sobre ello: “En un primer momento nos dijeron, y lo cual parecía razonable, que era para pincharles (interceptar las comunicaciones) y ver de qué hablaban. Pero resulta que nunca estuvo pinchado, ahora el teléfono está vacío, no tiene nada, no hay registro de nada, y supuestamente era para que se comunicara con sus familiares, con todos los riesgos que implicaba eso”.

Lo otro es un reconocimiento de Clavijo en una conversación con otro indagado en la causa que fue registrada en la investigación porque se intervinieron ambos teléfonos.

El fiscal Lackner se refiere a este tema sobre el final de la indagatoria. En ese diálogo, según resumió el fiscal, los involucrados se refirieron a la falta de autorización judicial en los traslados del Cuini.

“Dicen ‘le erramos en no tener la orden judicial’; lo dice Clavijo” a su interlocutor, quien le respondió: “Bueno, no fue tan así”, comentó Lackner.

Lo que ocurrió es que la jueza de su causa estaba al tanto de la necesidad de que el detenido tuviera visitas conyugales, pero le habían omitido el detalle de que para eso había que llevar al recluso hasta Cárcel Central “Ese es el gran tema”, apuntó Lackner.

“Uno no se imagina, si no le explican -agregó-, que (las visitas) no van a ser con todas las comodidades que tienen ahí, y que es un lugar que se previó especialmente para eso, ¿se da cuenta?”, le preguntó a Layera, y cerró así el interrogatorio: “Que☻ no se haya previsto evitarse ese traslado es realmente una burrada. Opinión mía”.