Por Joaquín Silva
El interrogatorio había alcanzado una tensión que parecía cortar el aire. Mario Layera, director nacional de la Policía en el último gobierno del Frente Amplio, contestaba dubitativo, se trancaba y empezaba de nuevo y, por momentos, le temblaba la voz al responder.

Había transcurrido más de media hora de una catarata de preguntas acerca de las visitas que hacía el narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia -entonces preso en la sede de la Guardia Republicana- al mafioso italiano Rocco Morabito -quien se iba a fugar tiempo después de Cárcel Central, en junio de 2019.

Y Layera se mostraba cada vez más incómodo.

-Discúlpeme -dijo de pronto el exjerarca de la Policía-. Me está tirando una lluvia de omisiones, corrupciones... Le pregunto: ¿yo estoy involucrado en eso?

-No sé, dígamelo usted -respondió el fiscal Ricardo Lackner, tras un breve silencio.

-No, dígamelo usted si tiene para imputarme eso.

Era el mediodía del pasado 15 de diciembre. Layera había sido citado en Fiscalía como indagado en una causa judicial por la que, hasta el momento, solo hubo dos imputaciones que no terminaron de cerrar el caso a más de tres años y medio de comenzada la investigación.

En ese punto del interrogatorio, Lackner ya se mostraba exasperado porque no terminaba de “entender” cómo la máxima autoridad policial de aquel entonces no estaba al tanto de los beneficios que tenía González Valencia -alias “el Cuini”, hoy extraditado a Estados Unidos- en la celda en que estaba recluido. O cómo tampoco conocía que los traslados que se hacían para que supuestamente el narco viera a su esposa en la otra punta de la ciudad -en la Cárcel Central- eran sin autorización judicial, o los lujos que, por su parte, gozaba en su celda Morabito, el verdadero objetivo por el cual el Cuini pedía para atravesar Montevideo en grandes operativos de seguridad

“Lo que no acabo de entender -resumió Lackner- es cómo alguien de su prestigio, de su conocimiento, de su trayecto y que conoce del fenómeno de estupefacientes, me diga: ‘Esto que pasaba acá yo no (lo) sabía, porque no me competía a mí’”.

Durante los 53 minutos que duró la indagatoria, Layera se mantuvo firme en esa tesis, y en su versión de que, pese a su alto cargo -el más alto luego de las autoridades ministeriales-, lo ignoraba todo.

“Nadie me informó. ¿Qué quiere que le diga? -le respondió al fiscal levantando la voz como no volvería a hacerlo- ¡Qué más quiere qué le diga!”.

Lo que Lackner quería que le dijera era por qué el director nacional de la Policía no sabía siquiera que el Cuini recibía visitas sin “ninguna restricción de tiempos” ni de nada; o por qué, por ejemplo, no estaba al tanto de que a este narcotraficante “le llevaron un equipo de televisión para instalarle y un oficial de ahí se ofreció a hacer la instalación”.

Todas cosas que, en definitiva, para Lackner no podían componer un panorama “más deprimente”.

-A mí, como fiscal, esto que acabo de leer me da vergüenza.

-Entonces viviríamos todos con vergüenza siempre. Nosotros... Lo que aprendí en mi trabajo desde hace muchos años -dijo Layera- (es) que nosotros vivimos limitados por las carencias y los recursos económicos.

-¿Y las carencias morales también?

-Las carencias morales las asume cada uno individualmente -respondió el indagado, tal como consta en el registro de audio al que accedió El País.

¿Quién es entonces el responsable de que Morabito se escapara por la azotea en la noche del 23 de junio de 2019 y de que hasta entonces hubiera recibido varias visitas como la de González Valencia?

La Fiscalía todavía no tiene conclusiones, pero para Layera, al menos en lo que respecta a los traslados irregulares, hay algunas pistas (ver recuadro) que debería seguir la ahora fiscal Silvia Porteiro, quien quedó a cargo de la causa luego de que Lackner asumiera en otra unidad del Ministerio Público.

La primera de ellas apunta bien arriba -mientras que otras parecen indicar a exjerarcas que estaban bajo su autoridad (ver recuadro)-. Porque a los pocos minutos de comenzar, Layera declaró que la Policía y el Ministerio del Interior eran conscientes en ese momento de que trasladar a González Valencia por la ciudad era realmente complejo, pues en cada viaje se necesitaban “los apoyos del resto de las policías”, pero que no había nada que hacer al respecto.

“Indudablemente era un tema, pero bueno... La responsabilidad, en este caso, de esta decisión, es política”, dijo Layera, que fue explícito: “En el sentido (de) que la da el ministro” Eduardo Bonomi, hoy fallecido.

Sobre el entonces secretario de Estado, señaló que la orden había sido atender “el tema de los derechos humanos” de González Valencia, que a juzgar por el relato de Layera estaban vulnerados porque el recluso no podía tener relaciones sexuales con su esposa en las condiciones que pretendía.

Claro que, como sospecha Lackner, esa no era la razón, sino simplemente otorgarle al mexicano momentos a solas con Morabito, con quien llegó a conversar “tomando un café, pegado a la Jefatura de Policía de Montevideo”, como detalló el fiscal.

Pero como Layera insistía en el punto de “contemplar los derechos humanos” del Cuini, Lackner quiso ser preciso:

-Estamos hablando de los derechos humanos de la visita conyugal. La visita que se llama higiénica.

-Sí, sí -concedió Layera.

-Y (el Cuini) tenía un contenedor con un sommier, con aire acondicionado, con un plasma -recordó el fiscal.

-Yo nunca...

-La señora iba todas las veces que quería, iba con los hijos. (Había) un respeto que no se observa con respecto a otros privados de libertad en realidad.

Lackner iba al grano. Que González Valencia pidiera trasladarse a Cárcel Central para hacer algo que podía hacer allí mismo donde estaba recluido, en la sede de la Guardia Republicana, le parecía inaceptable. “Porque además, si se encomendó la tarea de hacer las instalaciones de cero, que no (se) haya previsto, como decía Salvagno Campos, el fornicatorio, realmente es insólito”, siguió el fiscal, que continuaba sin dar crédito a las respuestas que recibía de Layera, quien repetía que no le “correspondía” controlar todo esto que ocurría.

-¿Tampoco (le correspondía) tener un poco de curiosidad, sabiendo de la peligrosidad de esta persona y del poder de corrupción que tiene?

Así lo increpó Lackner, que entendía que la excusa esgrimida por el delincuente era imposible de tomar en serio, ya que pretendía gozar de “una actividad recreativa que se puede satisfacer hasta con la autoestimulación”.

-Aparte, ¿sabe la razón que (se) dio para trasladarlo? -preguntó el fiscal-. Que el contenedor no tenía suficiente capacidad acústica...

En suma, todo este episodio -al que se agrega la fuga de Morabito, quien se escapó por la azotea de Cárcel Central junto a otros reclusos, sin que nadie los viera- fue calificado por Lackner, además de “vergonzoso” y “deprimente”, como un “escándalo”.

-No, discúlpeme. No comparto -dijo Layera-. Está usted interpretando.

-Para usted no es un escándalo que a una persona requerida internacionalmente, en lugar de buscarle un lugar donde pueda tener intimidad con la esposa en el mismo lugar donde está (...) lo transporten con un tanque Tiger (sic) y no sé cuánta gente armada, a un lugar donde en definitiva se terminó encontrando con Morabito. ¿Eso no es un escándalo?

Pero Layera siguió diciendo que él tenía “otra interpretación” de los hechos y que era importante destacar que “somos iguales y todos tenemos los mismos derechos”.

Y Lackner siguió insistiendo en preguntas tales como si al menos no se sentía “traicionado” o “decepcionado” como exjerarca policial de máxima confianza de Bonomi, que además transitó por una larga carrera en la brigada antidrogas, y fue incluso definido por el propio fiscal como “discípulo de (Julio) Guarteche”, en referencia al histórico director nacional también fallecido.

Y Layera contestó lo mismo: que no le competía “estar informado” de lo que estaba ocurriendo. “Cada uno tiene... Somos un equipo de trabajo. No hay uno solo”.

Lackner, molesto con las respuestas de Layera y con otras obtenidas a lo largo de su investigación, lamentó que los implicados se pasen “la pelota” de la responsabilidad entre sí.

El fiscal dio esa opinión luego de que el exdirector nacional de la Policía asegurara que “el origen” de todas las irregularidades en torno al caso Morabito “tiene que ser” el Instituto Nacional de Rehabilitación. “¿Qué hicieron y qué no hicieron? Porque esa es la base de la gestión”, dijo Layera, quien luego, al hablar sobre “los cometidos” que tenía cada funcionario, se refirió en concreto a una persona: “(Alfredo) Clavijo, en la Dirección de la Guardia Republicana, ¿qué tenía que hacer?”.

Entonces Lackner recordó que para “sacar” a un preso de su celda debe pedirse autorización judicial, algo que no ocurrió con los traslados de González Valencia.

En otro momento de la indagatoria, el fiscal volvió a lamentar que “a nadie” le correspondiera “verificar” que el pedido del mexicano de ir a Cárcel Central era una “excusa” para ver a Morabito. “Llega el momento y a nadie le corresponde y ahora a Bonomi no le podemos preguntar”, concluyó Lackner.