La primera vez que vio a sus abuelos en las gradas de la piscina, la niña se puso nerviosa y gritó. Su profesora de Educación Física le sugirió que los saludara. "No, mi mamá no me deja", le contestó, según recordó la docente ante la Justicia. En otras clases, vio que su alumna los buscaba con la mirada mientras nadaba. Cuando los demás se iban, la abuela le tiraba un beso desde la grada. A la profesora le daba la impresión de que la niña esperaba ese momento.
La docente declaró el 7 de setiembre ante la jueza de Familia Fátima Bone. La niña estaba en tercero de escuela cuando ocurrieron esas escenas y en quinto ahora, cuando su profesora las contó en el juzgado. Para ese momento, sus abuelos llevaban cinco años en juicio para volver a verla. Habían obtenido dos fallos favorables al intento de recomponer el vínculo, pero la psicóloga que el juzgado designó para trabajar con la familia entrevistó a la niña y consideró que insistir podía hacerle daño. Los abuelos cuestionaron cómo había llegado a esa conclusión sin haberlos convocado.
Según la demanda, hasta diciembre de 2020 veían a su nieta casi todos los días. Se quedaba a dormir en su casa y allí jugaba con una prima de su edad. Los padres se separaron en octubre, pero las visitas continuaron unas semanas. Los abuelos situaron el corte el 16 de diciembre. En 2021 pidieron a la Justicia un régimen de visitas progresivo.
La madre se opuso, sosteniendo que la abuela había maltratado a la niña y denunció que el padre había abusado sexualmente de ella en la casa de los abuelos. El padre negó la acusación, alegó que la madre buscaba apartarlo de su hija y apoyó el pedido de los abuelos. La causa penal por la denuncia de abuso permanece sin actuaciones desde 2022 y la defensa pide que se archive.
En paralelo, la Justicia de Familia Especializada mantuvo una prohibición de contacto del padre con la niña, medida que venció antes de que el expediente de violencia de género se archivara en junio de 2025. En cuanto a los abuelos, esa sede rechazó las medidas cautelares que pidió la madre y dejó la decisión sobre las visitas en manos del Juzgado de Familia de 28vo Turno.
Informes técnicos enfrentados
En marzo de 2022, la madre, los abuelos y la entonces defensora de la niña acordaron que el juzgado pidiera un informe a la Unidad de Intervenciones Familiares del INAU. Una técnica entrevistó a integrantes de la familia y a la niña en dos oportunidades. En una de esas entrevistas, la niña dijo que extrañaba a su prima, que quería verla al día siguiente y le hizo un dibujo. Cuando empezaron a pensar cómo decírselo a su madre, dijo que prefería verla más adelante. Allí la funcionaria del INAU le preguntó si, en caso de poder elegir, querría verla al día siguiente. Según el informe al que accedió El País, asintió con la cabeza.
Respecto de los abuelos, la técnica escribió que la niña repetía las mismas palabras al contar algunos episodios ocurridos en su casa y que le costaba dar detalles. Interpretó que su madre "influía" en la manera en que hablaba de la familia paterna y dijo que no había advertido miedo hacia los abuelos. En diciembre de 2022 sugirió retomar el contacto con ellos y con la prima. En junio de 2023, sobre la base de aquel trabajo, la unidad recomendó visitas en presencia de terceros.
La psicóloga que atendía a la niña desde los cinco años declaró como testigo a propuesta de la madre. Contó que en el consultorio la niña le había relatado situaciones que describió como humillantes en casa de sus abuelos, además de manifestar cuadros de angustia, estrés y rechazo. Advirtió que "cualquier intento de revinculación le provocaría un daño psíquico". La madrina también dijo en audiencia que cuando veía juntos a la niña y sus abuelos el vínculo le parecía normal, pero en privado la niña le había hablado de "comentarios sobre su peso, comparaciones con su prima y críticas hacia su madre".
La defensora de la niña había dejado escrito tras entrevistarla en 2021 que esta le dijo que no la pasaba bien en casa de sus abuelos y que no quería volver a verlos. Ante las diferencias entre la psicóloga tratante y el INAU, propuso que interviniera un especialista independiente. El 1ero de noviembre de 2023, el juez Oscar Núñez Ramalho dispuso "el intento de revinculación" para comenzar "un régimen de visitas supervisado". La madre debía llevar a su hija a las entrevistas.
La madre apeló y pidió incorporar el informe de otra psicóloga, a quien la Justicia había designado en el juicio de visitas promovido por el padre (en un caso aparte). Esta última, había entrevistado a la niña a los siete años y había aconsejado darle tiempo sin nuevas evaluaciones ni intentos de acercamiento. El Tribunal de Apelaciones de Familia de 2do Turno rechazó incorporar esa pericia. Entre sus razones, señaló que los abuelos no habían intervenido en aquel juicio ni habían podido interrogar a la psicóloga o impugnar su informe.
En octubre de 2024, el tribunal confirmó el fallo que disponía la revinculación. Dio mayor peso al trabajo del INAU por "la experiencia de la unidad en revinculaciones" y su independencia de las partes, y consideró que lo declarado por la psicóloga tratante no había quedado plenamente acreditado y contradecía tanto al INAU como a los testigos —entre ellos el padrino y allegados a los abuelos— que habían descrito un trato afectuoso antes de la separación.
Por qué la perita decidió detenerse
La niña tenía nueve años cuando la entrevistó la psicóloga que el juzgado había designado por sorteo para trabajar en el acercamiento con sus abuelos. En su informe de mayo de 2025, la describió como "comunicativa y dispuesta a conversar". En audiencia explicó que esa disposición cambió cuando le contó el motivo de la consulta. Al oír que se trataba de volver a ver a sus abuelos, la niña "se puso nerviosa, se retrajo y agarró la campera para irse".
La profesional interpretó que la niña asociaba a sus abuelos con "situaciones en las que sentía que no la habían protegido" y concluyó que insistir en ese momento podía "hacerla retroceder en su recuperación".
La nueva jueza del caso, Fátima Bone, que se hizo cargo de este luego de que el juez actuante se jubilara, ordenó archivar las actuaciones, pero omitió darles vista del dictamen a los abuelos. Ellos recurrieron y el archivo quedó sin efecto. En abril de 2026, el tribunal de apelaciones confirmó que debían poder discutir el informe en audiencia.
Para impugnarlo, los abuelos encargaron a la psicóloga Silvana Giachero un análisis del trabajo. Giachero cuestionó que hubiera "anticipado los efectos de un reencuentro sin entrevistar a los abuelos ni observarlos junto a su nieta". Recomendó designar a otro profesional para iniciar un acercamiento progresivo. La defensa de la madre objetó ese informe de parte por "haber sido elaborado sin examinar a la niña" y reiteró que podía resultar traumático para ella.
El 18 de setiembre las dos psicólogas —la designada por el juzgado y Giachero— declararon ante la jueza. La primera, que había detenido la revinculación, compareció como perita judicial. "¿Quién la mandó a periciar a la niña?", le preguntó el abogado de los abuelos, Raúl Menéndez. "Nadie", respondió. Explicó que decidió evaluarla para presentar un informe completo y que había descartado avanzar con el acercamiento porque entendía que le generaría más sufrimiento.
Menéndez también le preguntó si el encuentro le generaría daño en caso de que la niña quisiera ver a sus abuelos. "Si ella quiere, no le generaría daño", respondió. Durante el interrogatorio, la mujer manifestó que se sentía "violentada" por la forma en que le hablaban. Menéndez defendió sus preguntas y sostuvo que la profesional había reconocido que no cumplió el encargo. La jueza instó a la parte que representaba a los abuelos a mantener un "lenguaje acorde a la instancia judicial".
Giachero, citada como testigo a propuesta de los abuelos, también precisó el alcance de su trabajo. Le preguntaron qué impacto tendría el reencuentro en la niña. Respondió que había evaluado el informe de una colega y que eso no le permitía anticipar cómo reaccionaría la niña.
Cinco años eran la mitad de su vida
En uno de sus escritos, los abuelos pusieron sus edades para explicar el apuro. Ella tenía entonces 71 años y él, 76. "No podemos darnos el lujo de seguir esperando los tiempos judiciales", dijeron. El abuelo padece una enfermedad respiratoria y la familia quiere que el juicio se resuelva cuanto antes. Actualmente su estado de salud es delicado. La madre, por su parte, sostuvo que su hija ya había pasado por 15 pericias desde que comenzaron los litigios familiares.
Cinco días después de que declararan las psicólogas, la defensora de la niña informó al juzgado que había hablado con ella sobre el estado del juicio y que esta concurriría a hablar con la jueza. La madre respaldó el pedido. El abogado de los abuelos, Raúl Menéndez, se opuso. Argumentó que dos sentencias ya habían resuelto la cuestión y que en la etapa de cumplimiento del fallo, lo que dijera la niña no podía cambiar lo decidido.
Al convocarla, la jueza señaló que la niña tenía cinco años cuando sus abuelos iniciaron el juicio y diez cuando su defensora pidió la audiencia. Había pasado la mitad de su vida. Sostuvo que los dos fallos firmes no obligan a ejecutar la revinculación "prescindiendo de su estado emocional actual" y advirtió que no escucharla sería "una práctica revictimizante". Aclaró que oírla "no implica revisar lo ya resuelto ni seguir su voluntad sin más", sino contar con un elemento clave para definir cómo llevar adelante el acercamiento.
La audiencia se fijó para el 11 de noviembre. La niña concurriría con su defensora, sin sus padres ni sus abuelos. La instancia se suspendió después de que Menéndez planteara que no se le había dado vista con suficiente antelación.