La Fiscalía, los abogados defensores y los imputados Álvaro Fernández y Patricia Medina, todos juntos y en el hall del segundo piso de la Oficina Penal Centralizada, discutieron esta semana cuáles serían los términos de un acuerdo abreviado que está a punto de cerrarse. Aunque las conversaciones de la fiscal Sabrina Flores con los defensores Edison González (que representa al escribano Fernández) y Sergio De Souza (que defiende a Medina) vienen desde hace meses, fue este martes cuando pudieron conversarlo todos cara a cara luego de finalizada la audiencia judicial en la que se les extendieron las medidas cautelares.

Se lo llegaron a anunciar al juez Alejandro Asteggiante en la audiencia que presenció El País. Fue De Souza quien precisó que estaban “próximos a llegar a un acuerdo” para que se condene a dos de los primeros imputados por el caso del ex custodio presidencial, Alejandro Astesiano.

Después de varios meses de negociación, los imputados se mostraron dispuestos a firmar en las condiciones convenidas por la Fiscalía. Aunque el acuerdo no está formalmente redactado aún -la fiscal le pidió los correos a los defensores para enviarles un borrador-, la pena acordada es de libertad a prueba, reconstruyó El País. Fernández y Medina estuvieron presos preventivamente casi un año y ese tiempo se descuenta de la eventual condena.

Los puntos que generaban polémica entre los defensores y la Fiscalía eran distintos con cada imputado. En el caso de Medina, pretendían que el delito por el que se la condene sea más leve que por el que fue imputada. La entonces fiscal Gabriela Fossati la había señalado por la coautoría de un delito de suposición de estado civil y la autoría de asociación para delinquir.

Respecto de Fernández, había dos cuestiones por las que su defensa empujaba. Una de ellas era conocer con fehaciencia si el cierre de su proceso penal (a través de esta condena) significaba o no el cierre de la causa y si se seguiría investigando. Pero sobre todo, pretendía -como también Medina- que el tiempo de servicio comunitario, que es obligatorio prestar cuando se acuerda un régimen de libertad a prueba, sea el menor posible y que las tareas sean acordes a sus capacidades.

Esto se debe a que ellos han manifestado en las audiencias que están muy enfermos y, entonces, no podrían cumplir con muchas de las opciones de tareas que existen.

Al haber llegado a un acuerdo tentativo, lo esperable es que se valide judicialmente después de la Semana de Turismo. Si en el camino alguna de las partes se arrepintiera, la Fiscalía tiene plazo hasta setiembre para seguir investigando y presentar la demanda acusatoria, donde debe estipular la pena que pedirá de cara a un eventual juicio oral. Fernández estuvo en la primera camada de imputados por el caso Astesiano y participó de la maniobra que dio el puntapié a toda la investigación: la gestión de pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos a los que no les correspondía, en base a documentos apócrifos. Según expuso Fossati en la audiencia de formalización, él era el encargado de ordenar la documentación y encontrar a los “padres uruguayos” falsos para los ciudadanos que querían tramitar el documento de viaje.

Medina, por su parte, figuraba como apoderada en varios documentos y también actuaba como gestora. En su momento, para fundamentar la solicitud de prisión preventiva, Fossati recalcó que su rol en la organización “no era menor” y leyó chats en donde era ella quien le daba órdenes a Fernández.

Mientras tanto, por una vía paralela, avanza la investigación sobre cónsules uruguayos en Rusia, Stéfano Di Conza y Gustavo Piegas. En el contexto de una audiencia en la que la fiscal Flores pedía la extensión del plazo de un año para investigar a Piegas, señaló que ya se le recabaron las firmas a ambos cónsules para poder realizar una pericia que coteje su rúbrica con la de una serie de documentos traídos de Rusia.

Tienen bajo análisis dos cajas (de aproximadamente 70 casos cada uno) que contienen todos los expedientes de trámites para obtener pasaportes uruguayos que se hicieron en Rusia dentro del plazo investigado y están siendo analizados uno por uno. La documentación llegó del exterior en el último trimestre del año pasado.

Además de ese análisis, la firma de los cónsules será sometida al examen de un perito calígrafo contratado por el Instituto Técnico Forense. Esto se debe a que uno de los cónsules, Di Conza, ha señalado en Fiscalía que hay firmas que no reconoce como suyas y que hay documentación que está fechada en momentos en los que él estaba fuera de Rusia. Para comprobarlo, aportó fotos.

La teoría de la defensa de los dos funcionarios de la Cancillería -ninguno reconoce ser culpable- apunta a que no era parte de su trabajo cotejar los datos que fueron manipulados y que, como debía ser, delegaban muchos de estos puntos en el personal local que, a diferencia de ellos, manejaban el ruso.

Ahí, todas las miradas apuntan a Victoria Rodríguez, una funcionaria ruso-española que era el nexo entre los cónsules y el resto de los administrativos. Ella no se presentó a declarar en la investigación administrativa que inició la Cancillería en Rusia y, ante la insistencia del ministerio, pidió que no la llamaran más porque no iba a ir. Conjuntamente, renunció a su cargo, que lo mantenía hacía más de una década.

A fines del año pasado se envió un oficio a Rusia para que se le tome declaración a una serie de personas, entre las que está Rodríguez.

Foto: Estefanía Leal

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