Atacante de bebé baleado en la cabeza fue condenado a cuatro años y medio de cárcel; firmó acuerdo abreviado

La Justicia condenó a cuatro años y seis meses de prisión a un joven de 21 años que participó en el ataque a tiros contra una vivienda de Malvín Norte en el que un bebé de seis meses recibió un disparo en la cabeza. Durante la audiencia, la defensa denunció que intentaron incendiarle la celda y advirtió que su vida "corre peligro" en algunas prisiones.

El juez Eduardo Pereyra aceptó el acuerdo abreviado al que llegó la Fiscalía de Homicidios de 2^do Turno, representada en audiencia por la fiscal adscripta Isabella Pioli. Así, el magistrado impuso la pena solicitada por un delito de homicidio en grado de tentativa, a cuatro años y seis meses de prisión. Para la condena se modificó la calificación planteada al momento de la formalización. En ese momento se había imputado la agravante de haber cometido el hecho en presencia de un menor de edad, aunque esto luego no se pudo comprobar, por lo que se retiró la agravante.

El ataque ocurrió el 7 de mayo de 2026 en una vivienda de la calle 125. Según el relato presentado por Fiscalía, el condenado llegó al lugar junto a otras dos personas y los tres efectuaron múltiples disparos. Uno de los proyectiles alcanzó en la cabeza al bebé, que se encontraba dentro de la casa.

El niño sufrió una herida detrás de una oreja y estuvo internado en el CTI del Hospital Pereira Rossell con una bala alojada en el cráneo, aunque sobrevivió. La pericia médica incorporada a la investigación estableció que su vida estuvo en peligro. En la escena se recogieron múltiples vainas y se constató que se había utilizado más de un arma.

Los testimonios de familiares del bebé fueron parte de la evidencia presentada por Fiscalía. Relataron que existía un conflicto previo con el acusado, lo identificaron en el lugar y señalaron que, después de los disparos, huyó corriendo e ingresó a su casa por el fondo.

Los investigadores también analizaron registros de cámaras que permitieron reconstruir el recorrido del joven junto a los otros participantes después del ataque. Según Fiscalía, las imágenes coincidían con lo relatado por los testigos.

A esas pruebas se sumaron pericias de celulares de personas del entorno del acusado. Entre el material obtenido había mensajes de su madre en los que hacía referencia a la participación de su hijo en el ataque que derivó en la internación del bebé.

Fiscalía sostuvo que el joven debía responder como autor porque los tres participantes habían disparado. Para fundamentar la pena, mencionó como agravantes el uso de armas, la participación de varias personas, la nocturnidad y la reincidencia (tenía dos antecedentes penales). Como atenuante, consideró que admitió los hechos.

La defensa solicitó que el condenado no fuera alojado en las unidades penitenciarias 4 ni 3 —el exComcar y el Penal de Libertad— por razones de "seguridad personal".

Durante su planteo, advirtió que la vida del joven corre riesgo. Afirmó que ya debió ser cambiado de módulo porque intentaron incendiarle la celda recientemente.

Ante esa denuncia, el juez dispuso que se comunicara la situación al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ya que es el organismo encargado de resolver dónde se alojan las personas privadas de libertad.