Udelar tomará postura sobre proyecto de la Universidad de la Educación; informe presenta cuestionamientos

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) tiene previsto marcar su postura sobre el proyecto de ley de creación de la Universidad de la Educación (UNED), en virtud del pedido de asesoramiento sobre el tema, tal como establece el artículo 202 de la Constitución de la República.

El punto iba a ser tratado en la sesión pasada, pero se postergó para el próximo CDC, del martes 1 de setiembre. El proyecto de resolución propone “renovar el compromiso de la Udelar de colaborar en el desarrollo de una institucionalidad universitaria en educación, componente necesario de un sistema nacional de educación superior público, vigoroso, articulado, autónomo, democrático y de excelencia”.

Udelar además reafirmó la “vigencia de los principios de autonomía y cogobierno como elementos fundamentales en la construcción de una institucionalidad universitaria”. Que la UNED tenga un cogobierno es el principal punto de discordia entre el Frente Amplio, que aspira a esta gobernanza, y la oposición, que presenta reparos con este modelo y busca imitar al actual de UTEC.

Para tomar una postura, Udelar recibió tres informes, a los que accedió El País. Un reporte elaborado por el Prorrector de Enseñanza, Pablo Martinis, un informe de la Dirección General de Jurídica de Udelar, y otro documento elaborado por el Grupo de trabajo sobre reordenamiento del marco regulatorio de la educación terciaria pública en el Uruguay, de la Asamblea General del Claustro (AGC).

El grupo de trabajo de la AGC si bien valoró “la importancia que implica el nivel universitario de la formación docente en el Uruguay”, presentó varios reparos a la redacción del proyecto de ley de UNED, que fue anunciado a mediados del año pasado, y que se presentó sin cambios en enero al Parlamento.

En relación a la exposición de motivos, el grupo de la AGC apuntó que el proyecto “podría explicitar mejor la necesidad de formación universitaria para los docentes”. “No se señala por qué es conveniente que los docentes que forman a los educadores deban ser investigadores además de docentes, es decir, plenamente universitarios”, agregó.

También se marcó que la “abundancia de motivos basados en antecedentes históricos no resulta suficiente para la necesaria fundamentación con visión prospectiva del proyecto”. Y que “no se plantea con claridad si se trata de transformar una institucionalidad ya existente o de fundar un nuevo actor institucional desde cero”.

Entre otros puntos, el grupo de trabajo cuestionó que “falta” información sobre la “cantidad y composición actual de estudiantes y docentes en formación pedagógica”, así como su“distribución geográfica y cobertura en cada departamento”.

También se cuestionó que el Consejo Directivo Nacional de la UNED -equivalente al CDC de Udelar- incluya al rector como docente, y no por fuera, por lo cual “carece” de un cargo que “garantice el equilibrio” entre los órdenes (docentes, estudiantes y egresados). “El rector no debería considerarse como representante docente puesto que su figura es de representación institucional”, marcó.

Por su parte, Martinis sostuvo en su informe la “importancia de que el sistema de formación de los profesionales de la educación del Uruguay tenga un carácter universitario, con autonomía y cogobierno y centrado en el sistema público”.

Mientras que Jurídica hizo un repaso de los diferentes puntos, con una serie de consideraciones técnicas. Por ejemplo, el artículo 3 del proyecto de ley desarrolla el concepto de libertad de cátedra haciendo referencia “exclusivamente” a la libertad de planificar los cursos y las actividades educativas, “dejando sin mención otro aspecto inescindible de la libertad académica, cual es la libertad de investigación”, marcó.