Los partidos Nacional, Colorado e Independiente informaron por carta al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que resolvieron “no participar” de la Comisión Organizadora del cuarto Congreso Nacional de Educación (Cocne), que comenzará a funcionar desde este viernes, la cual revisará la reforma educativa aprobada en el gobierno de Luis Lacalle Pou.
La Cocne se previó que estuviera integrada por 40 miembros. 33 representantes de instituciones y organizaciones, como ANEP, Udelar, UTEC, MEC, educación privada, partidos políticos, sindicatos, cámara empresariales, Congreso de Intendentes, INAU, Inefop e INJU. Y siete integrantes de la mesa ejecutiva del Congreso de Educación, compuesta por un representante del MEC, ANEP, Udelar, UTEC, Defensa, Interior, y uno de la educación privada.
“El Congreso Nacional de Educación, en su actual concepción, no constituye una respuesta efectiva a los grandes desafíos que enfrenta la educación uruguaya, ni un ámbito idóneo para el intercambio constructivo”, concluyeron los partidos, quienes añadieron que su "participación implicaría legitimar una convocatoria" que consideran "equivocada”.
Blancos, colorados e independientes comenzaron señalando que el formato que “históricamente” se ha dado al Congreso Nacional de Educación constituye un “instrumento inadecuado” para cumplir funciones de “consulta y asesoramiento” en materia de política educativa.
“Su diseño responde a una lógica mayormente corporativa, estructurada en base a mayorías organizadas que otorgan predominio a espacios fuertemente ideologizados, generando un ámbito que tiende a sustituir o condicionar indebidamente las responsabilidades propias de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de las legítimas autoridades”, apuntaron.
La carta firmada por los titulares del Partido Nacional (su presidente del directorio, Álvaro Delgado), Partido Colorado (su secretario general, Andrés Ojeda) y Partido Independiente (su presidente, Omar Rodríguez) también apuntaron que hay una “confusión” al asignarle “carácter vinculante” al congreso, “tal como surge del programa del Frente Amplio”, y es “promovido” por organizaciones sindicales del sector educativo.
“Ello implica trasladar responsabilidades propias de los representantes electos —parlamentarios y autoridades de gobierno en la educación— hacia un órgano que carece de legitimidad democrática directa para adoptar decisiones de carácter resolutivo”, señalaron los partidos opositores. “Se trata de un grave error institucional”, marcaron.
Por otro lado, acusaron que las políticas del gobierno a nivel educativo se dirigen a “desmantelar de forma indiscriminada transformaciones impulsadas en el período anterior, sin que medien análisis técnicos suficientes ni evaluaciones sistemáticas de resultados”. “No advertimos condiciones ni señales claras de voluntad política para desarrollar un diálogo sustantivo con los partidos integrantes de la coalición republicana”, insistieron.