OPINIÓN

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Dentro de las medidas tomadas en el marco de la crisis COVID-19, una que goza de alta popularidad es el recorte en los salarios más elevados del sector público. Según Factum, la rebaja de sueldos a cargos políticos tiene un 95% de acuerdo y la rebaja a los empleados públicos con salarios líquidos superiores a $80.000 tiene un 74% de aprobación. Naturalmente, esta última medida es más resistida entre de los propios funcionarios públicos. Sin embargo, aun dentro de ellos la medida cuenta con un 61% de acuerdo.

Esta política nos invita a comparar las condiciones laborales de trabajadores públicos y privados y de esta manera reflexionar sobre las políticas de captación de recursos humanos del sector público.

El recorte a los salarios del sector público implícitamente se justifica en que el sector privado ya vive de por sí su ajuste. Este mismo argumento estuvo presente en la pasada campaña electoral. La promesa de no suba de impuestos y de reducción del gasto público se basaba en ello. Las decenas de miles de puestos de trabajos perdidos en los últimos tiempos (aún antes del COVID-19) eran todos puestos del sector privado. Las empresas que cerraron o redujeron su escala eran empresas privadas. Tanto trabajadores como empresarios privados han cargado con los costos de la desaceleración económica 2018-2019.

La lógica se redobla en plena crisis sanitaria y con el actual, autoimpuesto, parate económico. Aun aprovechando los nóveles instrumentos de flexibilización del seguro de desempleo, muchos empresarios no saben si podrán hacer frente a los costos fijos de existir y ni que hablar de los compromisos asumidos con relaciones comerciales en el exterior. También del sector privado son los trabajadores que están en seguro de paro.

Mientras ven reducido su ingreso se preguntan si, cuando todo esto termine, tendrán un trabajo al que retornar. Igualmente, del sector privado son los que hacen changas y viven del jornal día a día, semana a semana, y cuyas oportunidades disminuyeron abruptamente. En cambio, los trabajadores del sector público tienen certeza de conservar sus puestos de trabajo, tienen certeza de cobrar sus sueldos completos y de que no tendrán repercusiones incluso en caso de que su tarea sea temporalmente innecesaria y efectivamente no estén trabajando.

Más allá de la estabilidad laboral, la otra gran dimensión a considerar es la de los ingresos. Para ello nos basamos en datos del 2019 de quienes declaran relación de dependencia (excluyendo patrones y trabajadores independientes) en la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística.

Grandes diferencias se encuentran al considerar las remuneraciones horarias promedio para distintos niveles educativos. Dentro de las personas que no terminaron secundaria, trabajar en el sector público representa un premio cercano al 40%. Esto quiere decir que en promedio una persona con este nivel educativo en el sector público cobra un 40% más que otro trabajador con este nivel educativo en el sector privado. Subiendo un escalón y considerando aquellos trabajadores con secundaria completa o terciaria incompleta, el premio del sector público se reduce a 30%, aún muy sustantivo. El golpe viene cuando se considera a los trabajadores con estudios universitarios completos que tienen un castigo en remuneraciones de 7% por trabajar en el sector público. Este guarismo es particularmente grande en los hombres universitarios del sector público que cobran 16% menos que los hombres universitarios del sector privado. Y más se potencia esta brecha si en lugar de promedios contemplamos a los mejores pagos de ambos sectores. Esta anomalía en la escala salarial desnuda un problema de fondo de captación y promoción de recursos humanos.

Estas cifras y argumentos expuestos nos sugieren que quienes realmente cobran más en el sector público no son los de salarios más elevados. En términos comparados, el sector público es un gran atractor para los menos educados a los que les paga mucho más que el sector privado y les garantiza estabilidad laboral.

Entonces, ¿cómo cubre el sector público sus más altos cargos? A mi entender, se puede hacer una grosera división en dos clases de funcionarios.

Por un lado, hay ciudadanos con una gran vocación de servicio y en función de ello renuncian a las mejores oportunidades que el mercado privado les puede ofrecer. Creen en la función que están cumpliendo y en el aporte que pueden hacer y esto les compensa subjetivamente su costo de oportunidad. Por otro lado, tenemos los premios consuelo que se otorgan a dirigentes políticos que no lograron plasmar en votos sus aspiraciones de representatividad. No es un tema de honestidad, es un tema de capacidad específica para la función. Debemos romper esta dicotomía que, dentro de otras cosas, está detrás de la popularidad de la medida de recorte salarial.

En conclusión, las autoridades del sector público no cobran mucho, cobran poco. Necesitamos a los mejores profesionales, necesitamos reclutarlos estén donde estén y para ello es necesario ofrecerles paquetes competitivos con los que brinda el sector privado.