La globalidad y espectro de los efectos disruptivos de la pandemia actual pueden asimilarse a muchos de los que genera una conflagración mundial.
Dentro de las medidas tomadas en el marco de la crisis COVID-19, una que goza de alta popularidad es el recorte en los salarios más elevados del sector público.
El coronavirus llegó a Uruguay en un contexto macroeconómico que ya era débil.
Debemos remontarnos dos décadas hacia atrás para encontrar una situación tan compleja en nuestro vecindario.
La administración de gobierno que asuma en marzo enfrentará un problema macroeconómico sumamente serio.
La discusión acerca de quién deberá hacer el ajuste para equilibrar las cuentas del país, como suele pasar, especialmente en períodos electorales, ha tomado un cariz simplista y caricaturesco.
La masa salarial real presenta un relativo estancamiento desde 2014 con una leve tendencia a la baja en el último año.
Ajustado por el manejo de stocks, el déficit acumulado de Ancap en los últimos doce meses asciende a US$ 35 millones.
A los gobiernos de la región les falta talento con conocimiento digital y los procesos de actualización sobre nuevas tecnologías son muy lentos, dice CAF.
El 46% de la deuda del gobierno central está colocada en moneda nacional y lo expone al riesgo devaluación.
