Dentro de las medidas tomadas en el marco de la crisis COVID-19, una que goza de alta popularidad es el recorte en los salarios más elevados del sector público.
Debemos remontarnos dos décadas hacia atrás para encontrar una situación tan compleja en nuestro vecindario.
La administración de gobierno que asuma en marzo enfrentará un problema macroeconómico sumamente serio.
La discusión acerca de quién deberá hacer el ajuste para equilibrar las cuentas del país, como suele pasar, especialmente en períodos electorales, ha tomado un cariz simplista y caricaturesco.
A los gobiernos de la región les falta talento con conocimiento digital y los procesos de actualización sobre nuevas tecnologías son muy lentos, dice CAF.
“La prevención de accidentes y la salud ocupacional son aspectos muy destacables, pero en un momento de verdaderas dificultades para el sector privado, es negativo que el gobierno lo obligue a acrecentar de esta manera sus costos salariales”.
La cuenta corriente con signo negativo: una brecha mayor a US$ 1.000 millones en un año.
En línea con los últimos registros, el poder de compra de los asalariados se deterioro en julio.
