OPINIÓN

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Muy ilustrativa ha sido la columna de Javier de Haedo en Economía y Mercado sobre las razones por las que se debe reducir el déficit fiscal y llevarlo a un entorno menor a la mitad del actual. Creo que es objetivo de la actual conducción fiscal llegar a un resultado similar una vez que se consoliden las condiciones de la nueva normalidad.

Solo quien no conoce el tema no reconoce la insostenibilidad temporal de una situación como la actual. Javier va más allá de lo que voy a indicar yo hoy como justificación de por qué el déficit de la gestión financiera del Gobierno Central y del Banco de Previsión Social (GC-BPS) debe ser disminuido.

Yo me referiré solo a la magnitud de los montos que se necesitan anualmente para cumplir esa gestión y lo que describiré no va más allá de lo que los encargados de la gestión fiscal ven a diario dada su responsabilidad.

Las autoridades tienen plena conciencia de la insostenibilidad del desequilibrio financiero del GC-BPS en las condiciones actuales del déficit.
Para otros, no existe tal insostenibilidad y es por ello que empujan para que el gasto aumente y que el resultado deficitario se financie con incremento de los impuestos a la riqueza y a los ingresos y con más endeudamiento con terceros —público local y del exterior, instituciones financieras locales y extranjeras, multilaterales de crédito y otras por el estilo—.

La dimensión 

Lo primero que hay que mostrar es la dimensión cuantitativa que ha tomado el desequilibrio y, por eso, la necesidad inmediata de proceder a corregirlo como bien lo entiende la actual conducción económica en contexto político y sanitario adverso.

Anualmente, la gestión financiera de GC-BPS presenta un déficit significativo que requiere fondos de terceros para poder hacer frente al exceso de pagos sobre ingresos. Pero, además, debido al aumento del endeudamiento que ha habido en el pasado, particularmente intenso en los últimos doce años, la gestión financiera del GC-BPS debe incluir el pago de las amortizaciones de las deudas contraídas.

Los números impresionan. Comenzando con la gestión financiera anual del GC-BPS se debe mencionar que, en los doce meses que han vencido en agosto pasado, el exceso de gastos sobre ingresos ha sido de 2.447 millones de dólares. Se trata de un déficit de caja debido a la diferencia entre los ingresos por recaudación de la DGI y la Aduana y los ingresos netos del BPS, y los egresos de caja por salario, pasividades, gastos y transferencias, inversiones y pago de intereses de la deuda pública. A esa necesidad de financiamiento se suma el monto de los recursos de caja necesario para la amortización de la deuda que vence anualmente. En los doce meses que van desde julio de este año y junio del año entrante, la deuda que vence y se debe amortizar es del orden de 2.376 millones de dólares, de acuerdo con el calendario de vencimientos que publica el Banco Central.

Resumiendo, en términos anuales la necesidad de financiamiento del GC-BPS en la actualidad es del orden de 4.823 millones de dólares, equivalente al 8,6% de la producción de bienes y servicios (PIB).

El camino

Es obvio que la deuda pública y sus amortizaciones podrían ser mitigadas en sus montos anuales por una refinanciación a más plazo, algo que si bien hoy podría ser factible dadas las condiciones del mercado financiero internacional, que aspira a mayores rendimientos que los que las deudas de menor riesgo tienen, se trata de algo que solo trasladaría el problema para más adelante. Sería una buena ayuda para brindar un contexto que no pondría mayores problemas que los que tendría la disminución del otro componente de la necesidad total de fondos del GC-BPS: el déficit fiscal.

La política fiscal de la administración que asumiera hace un año y medio no incluye entre sus medidas el aumento de tasas impositivas o la creación de nuevos impuestos. Lo que se prometiera en la carrera electoral se mantiene vigente, por lo que para reducir el déficit fiscal el camino es ir por el lado de los gastos. La contribución mayor al déficit proviene de los desequilibrios entre ingresos y egresos del BPS, de la Caja Policial y de la Caja Militar que representan el 70% del déficit fiscal. Es justamente que, para atenuar el impacto de este resultado sobre el déficit fiscal, se trabaja en la reforma de la seguridad social, algo que se anunciara en la etapa electoral.

La insistencia en reducir el déficit a partir del aumento de la presión tributaria con tasas más altas de los impuestos directos —renta y patrimonio— no es solución a partir de cierto peso de la aplicación de estos tributos.

Existe la evidencia empírica de la importante suba de los impuestos directos en la recaudación fiscal a través de la creación del IRPF y del IASS en 2007, del mantenimiento del impuesto al patrimonio y el de Enseñanza Primaria y de la supresión del ajuste por inflación en la liquidación del IRAE, que muestra que ha sido un desestímulo significativo para la inversión, que hoy solo se hace cuando se la exonera de esos y otros tributos. Pero peor aún es el resultado cuando observamos entonces, que el efecto multiplicador del gasto permitido por una política tributaria de ese tipo es menor al que habría en la economía de mantenerse esos recursos en el sector gravado: mayor ahorro es, en definitiva, mayor inversión, mayor empleo y mayor generación de recursos permanentes.

Para evitar una crisis fiscal en momentos complicados del mercado financiero internacional que hoy no existe pero que no es improbable en algún momento más adelante, a la reforma de la seguridad social se debe agregar el ajuste de los egresos del Gobierno Central.