OPINIÓN

Esa incertidumbre que no cesa

La incertidumbre no cesa. Continúa siendo imposible anticipar cuándo se alcanzará la “nueva normalidad” 

Foto: Pixabay
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Hablamos de una “nueva normalidad”, estable, no la actual, que tan negativamente influye desde el punto de vista económico y social. La dificultad de saber el lapso que aún resta para el fin de la pandemia y sus derivaciones se refleja en las estimaciones que se realizan a diversos niveles.

Mes a mes, por ejemplo, los organismos multilaterales de crédito replantean sus proyecciones. Se trata de un ejercicio fútil ante la incertidumbre de la situación, y del que derivan recomendaciones que, por lo obvias, son tan inexpresivas como inocentes. La incertidumbre tiene su mejor expresión en la del propio mercado. La volatilidad de los índices bursátiles internacionales refleja la falta de una tendencia definida de la economía mundial, corolario de los efectos del COVID-19. Sin saber cuándo desaparecerán sus efectos es hasta ridículo difundir estimaciones sobre el comportamiento del PIB este año o en 2021.

Nuestro caso

En nuestro país la incertidumbre se ha alojado en un momento de marcada debilidad económica. Agotada la “nueva normalidad” que siguiera a 2002 con una salida de la economía de la crisis que fue sostenida hasta 2008, y agotada la “normalidad” que se instalara entre 2009 y 2011 debida exclusivamente a irrepetibles factores de naturaleza externa y regional —precios internacionales en máximos históricos, bajas tasas de interés a nivel global y alta inversión extranjera—, la economía uruguaya entró en una fase de lenta desaceleración, de estancamiento y de recesión.

El virus que importamos nos encontró en una “normalidad” con alta ociosidad en la infraestructura de bienes de capital y reflejada también en la significativa declinación del empleo, en el aumento del desempleo y en la fuerte caída en las horas trabajadas, que el notable aumento del empleo público no ha logrado disimular.

Hace cuatro meses era difícil imaginar una circunstancia como la que deriva de la importación del virus, que agravara la situación económica. Una circunstancia que impidiera la formalización de un programa económico de corto y de mediano plazo diverso al que llevara a la “normalidad” recesiva de varios años. Un programa que se perfilaba muy diferente al que aún hoy se impulsa desde sectores afines a la anterior administración y por quienes la integraron. Sectores que, desconociendo al mercado, están dispuestos a transgredir los límites presupuestarios que, de ocurrir no solo no corregirían la debilidad actual, sino que la agravarían y también a la social en poco tiempo. Es que, quiérase o no, la disponibilidad de recursos financieros es limitada tanto por el lado de aumentos de la recaudación impositiva y aduanera como por el lado de la disposición de inversores privados y organismos multilaterales a prestarle indefinidamente a nuestro sector público.

La pandemia justifica por un tiempo, no muy extenso, que vengan a nuestro país nuevos recursos financieros del exterior. La conducción económica actual lo tiene presente y actúa en consecuencia. Y es difícil pensar que esa conducción lo hace porque no conoce los problemas que se atraviesan en nuestra sociedad o porque no tenga la voluntad de solucionarlos.

Difícilmente alguien informado puede pensar que los que quieren un mayor uso de recursos son los únicos que conocen los problemas y están dispuestos a solucionarlos. Sobre todo, cuando se observa que muchos de esos problemas eran anteriores a la pandemia. Los que quieren un mayor uso de recursos no tienen en cuenta los costos también sociales, de corto y de mediano plazo. Es al tener en cuenta esas consecuencias y limitaciones que la conducción económica actual insiste en la fijación de un límite al déficit fiscal. Un límite que habría sido mayor hoy de haberse previsto ahorros y no incurrirse en gastos improductivos permanentes en años iniciales de la década que ha finalizado.

La salida

Ante una “nueva normalidad” en la que sea posible pensar en una coyuntura afín para el crecimiento económico, el principal objetivo será el que todos conocen y al que todos aspiramos: aumentar el empleo. Es lógico, ya que, diluidos prácticamente los efectos de la pandemia ante su control, la tasa de desempleo será mayor a la que, ya muy alta y como legado dejó en marzo pasado la administración saliente.

El empleo aumenta solo cuando hay una respuesta de la actividad productiva a un mayor consumo, al aumento de la inversión, al de las exportaciones y al del propio gasto del gobierno. Y para ello es fundamental una adecuada combinación de políticas macroeconómicas. Respuesta expansiva de la fiscal respetando los límites que se observen en la tolerancia de inversores y organismos multilaterales de crédito lo que sería lograble con las acciones ya dispuestas de reducción de gastos improductivos y su reasignación a destinos más expansivos y más productivos. Y también alcanzable, si se mantiene la decisión de no modificar al alza ni crear nuevos impuestos de modo que el ahorro privado se mantenga o crezca para la inversión o el consumo. Respuestas también expansivas de las políticas monetaria y cambiaria, manteniendo armonía entre ellas y sin saltos de un régimen cambiario a otro que desestabilice y reduzca los efectos expansivos de la monetaria o la competitividad de la producción transable. La existencia de ese uso armónico y enfocado al mismo objetivo, el del aumento de la producción y del empleo, es lo que atraerá más contribución privada de la que habitualmente se piensa para el crecimiento económico y del empleo.

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