Anatomía de una crisis sistémica: la erosión de las instituciones brasileñas en el siglo XXI

La evolución de la confianza institucional en Brasil a lo largo de este siglo revela un patrón estructural persistente y preocupante: las instituciones no políticas concentran la credibilidad, mientras que los órganos representativos padecen una desconfianza crónica. Este fenómeno configura lo que podría identificarse como la «paradoja democrática brasileña»: una alta adhesión normativa al régimen coexiste con una muy baja satisfacción con su funcionamiento eficaz.

El Índice de Confianza Social, una serie iniciada en 2009 por Ibope y mantenida por Ipec, muestra que el Cuerpo de Bomberos lidera la clasificación por decimoquinta vez consecutiva, con 87 puntos en una escala de cero a 100.

Las Fuerzas Armadas mantienen un promedio histórico alto, con índices superiores al 70% a lo largo de la serie. Las iglesias completan el podio de las instituciones más confiables. En el otro extremo, los partidos políticos y el Congreso Nacional ocupan permanentemente los últimos puestos. Desde 2009, los partidos nunca han superado los 34 puntos. El Latinobarómetro registra un deterioro aún más drástico: mientras que en 1995 el 17% confiaba en los partidos, en 2017 ese porcentaje se desplomó a tan solo el 6%.

El período 2013-2018 marcó el punto más bajo de la confianza institucional, coincidiendo con las protestas que comenzaron en São Paulo, la Operación Lava Jato y la crisis política que culminó con el impeachment de Dilma Rousseff. La confianza en el Poder Judicial cayó del 34% en 2013 al 24% en 2017, una caída de diez puntos porcentuales. En 2018, la confianza en los partidos alcanzó el nivel más bajo de la serie histórica: el 12%. A partir de 2023, se observó una recuperación parcial: el Congreso alcanzó los 40 puntos en el índice por primera vez y los partidos alcanzaron su nivel más alto en 15 años. Sin embargo, los niveles se mantienen muy por debajo de los registrados entre 2009 y 2012, cuando la Presidencia alcanzó los 69 puntos.

Un fenómeno reciente ha agravado la situación: la propia polarización de la confianza. Entre los votantes de Lula, el 73% confía en el Tribunal Supremo; entre los votantes de Bolsonaro, el 76% desconfía de la misma Corte. La confianza ha dejado de ser un indicador objetivo de credibilidad institucional y se ha convertido en un reflejo de la polarización político-electoral.

Las consecuencias son profundas: alrededor del 41% de los brasileños aceptaría que un presidente pasara por encima de las leyes e instituciones, y un porcentaje similar cree que la democracia puede funcionar sin partidos ni Congreso. Cabe destacar que la erosión de la confianza en las instituciones representativas no es un fenómeno exclusivo de Brasil —Estados Unidos, Francia e Italia experimentan una tendencia similar—, pero la intensidad y recurrencia de las crisis confieren especial gravedad al caso brasileño.

La desconfianza en las instituciones no surge de la nada. Se deriva de una trayectoria histórica marcada por momentos críticos que, debido a su recurrencia, han dejado de ser excepciones para convertirse en la norma. Dos juicios políticos presidenciales en poco más de dos décadas, cuatro expresidentes enjuiciados penalmente, sucesivos megaesquemas de corrupción, la hiperjudicialización de la vida social y la expansión territorial del crimen organizado conforman un panorama que respalda la tesis de una crisis sistémica en el sistema político-institucional brasileño.

Constitucionalmente, el juicio político se concibe como una válvula de escape excepcional, reservada para situaciones en las que el presidente viola gravemente la ley o la Constitución.

Cuando el país activa este mecanismo dos veces en tan poco tiempo —contra Fernando Collor en 1992 y contra Dilma Rousseff en 2016— con procesos fuertemente contaminados por luchas de poder, negociaciones parlamentarias y una cobertura mediática polarizada, la señal emitida es inequívoca: un sistema incapaz de gestionar los conflictos dentro de la normalidad democrática.

Entre 2018 y 2025, Luiz Inácio Lula da Silva, Michel Temer, Fernando Collor de Mello y Jair Bolsonaro experimentaron algún tipo de prisión o restricción de la libertad. La imagen es impactante: casi la totalidad de los ocupantes recientes del Palacio de Planalto fueron alcanzados por procesos penales. Desde una perspectiva republicana, existe un argumento positivo: la demostración de que la ley se aplica a todos. Pero cuando esto ocurre en secuencia, el efecto simbólico se invierte. El ciudadano promedio tiende a ver no un sistema de justicia robusto, sino una élite política profundamente corrupta y un Poder Judicial instrumentalizado en la guerra entre facciones institucionales.

En este escenario de fragmentación, el diseño clásico de separación de poderes ha sido reemplazado por una dinámica de confrontación permanente entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y los órganos de control. Si el Poder Legislativo está fragmentado y depende de coaliciones inestables, el Poder Judicial ha llegado a ocupar espacios propios de la política, decidiendo sobre presupuestos, políticas públicas y reformas estructurales. La frontera entre interpretar la Constitución y legislar se ha difuminado.

El activismo judicial brasileño cuenta con tres íconos recientes: la Operación Lava Jato, el juicio por los intentos de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y la Investigación de Noticias Falsas. En los juicios relacionados con los atentados del 8 de enero, el Supremo Tribunal Federal (STF) juzgó directamente a cientos de acusados, aplicando severas penas por delitos como el intento de golpe de Estado y la abolición violenta del Estado Democrático de Derecho. Desde la perspectiva de la defensa del orden democrático, esta acción se presenta como indispensable.

Sin embargo, al concentrar tanto poder en un solo tribunal —que investiga, recibe denuncias, juzga y determina sanciones—, el sistema se expone a críticas por hipertrofia judicial.

La Investigación de Noticias Falsas lleva este dilema al límite. Iniciada en 2019 para investigar amenazas y campañas de desinformación contra ministros del STF, sin provocación del Ministerio Público, sigue en curso más de seis años después, una duración muy poco común para una investigación judicial. Para los críticos, simboliza una fusión indebida de funciones, ya que el STF es simultáneamente víctima, investigador, acusador y juez. Para sus defensores, constituye una respuesta excepcional a un ataque coordinado a la democracia.

Sin embargo, es importante reconocer que la expansión del Poder Judicial no se produjo en el vacío. Se debió, en gran medida, a la incapacidad de los demás poderes del gobierno para procesar conflictos y tomar decisiones estables. Entre 2014 y 2024, los partidos políticos presentaron más de 800 demandas impugnando leyes aprobadas en el Congreso y decisiones gubernamentales. La hiperjudicialización es tanto un síntoma como una causa de disfunción sistémica. Brasil tiene alrededor de 80 millones de casos pendientes, un volumen que, proporcionalmente a la población y al mercado nacional, no encuentra paralelo entre democracias consolidadas.

Los procedimientos de ejecución fiscal tardan un promedio de ocho años en completarse.

Cuando los ciudadanos se dan cuenta de que el Estado tarda una década en resolver un caso simple, la legitimidad del sistema se erosiona desde la base.

En el ámbito de la seguridad pública, el panorama combina dos movimientos aparentemente contradictorios: la reducción de las tasas de homicidios a nivel nacional y la expansión territorial del crimen organizado. En 2023, el país registró la tasa de homicidios más baja en más de una década (alrededor de 21,2 por cada 100.000 habitantes), aún muy por encima del límite considerado aceptable por la OMS.

Simultáneamente, facciones como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Rojo (PCC) se han consolidado como organizaciones con alcance nacional e internacional. El PCC opera en al menos 28 países. En la Amazonia Legal, según encuestas de agencias de seguridad, un número significativo de municipios se encuentran bajo la influencia de facciones criminales. El crimen organizado se infiltra en las economías legítimas (combustibles, biocombustibles, minería) y opera con esquemas multimillonarios de lavado de dinero y fraude fiscal.

La venta de productos de tabaco en Brasil ilustra la presencia del crimen organizado en la economía cotidiana.

El comercio ilegal de cigarrillos, impulsado por el contrabando a gran escala y redes criminales con una logística sofisticada, domina segmentos enteros de la economía nacional.

Ese ambiente crea un círculo vicioso: el Estado pierde miles de millones en ingresos, las empresas tradicionales se enfrentan a una competencia depredadora y el crimen organizado amplía sus fuentes de financiación.

Lo que debería ser un mercado regulado se ha convertido en un vector para la expansión de facciones.

El Estado reacciona con megaoperaciones espectaculares y el traslado de líderes a prisiones federales. Pero, en los territorios, lo que las comunidades perciben es una alternancia entre la ausencia del Estado, la presencia policial episódica y el dominio estable de las facciones sobre los servicios y las normas de convivencia.

Sumando estos elementos —impeachments sucesivos, expresidentes encarcelados, corrupción sistémica, activismo judicial controvertido, hiperjudicialización y el avance del crimen organizado— es posible identificar una crisis sistémica en tres dimensiones. Moralmente, porque la repetición de escándalos corroe cualquier narrativa de conducta ejemplar por parte de las élites públicas. Funcionalmente, porque los mecanismos de toma de decisiones operan al límite de su capacidad. En términos de confianza social, porque los ciudadanos comienzan a ver el sistema con escepticismo o enojo.

Sin embargo, es importante evitar el exceso semántico. El colapso sugiere ruptura, cese de funcionamiento.

Lo que Brasil experimenta es una profunda erosión de la legitimidad combinada con una disfunción crónica: fenómenos graves pero distintos.

El colapso de las instituciones no produce juicios políticos regulares, no arresta a expresidentes ni juzga a cientos de golpistas. Hace lo contrario: deja de funcionar.

Las instituciones brasileñas existen, la Constitución sigue vigente, las elecciones se celebran con amplia participación, la prensa es pluralista y la sociedad civil se mantiene activa.

El verdadero peligro es la naturalización de la crisis permanente. Salir de este ciclo requiere recuperar la centralidad de la política como espacio legítimo de mediación, reconstruir partidos programáticos capaces de canalizar las demandas sociales, imponer una transparencia radical en el uso de los recursos públicos, reformar el sistema judicial y enfrentar al crimen organizado como un problema de Estado. La historia reciente demuestra que las instituciones brasileñas son resilientes. La pregunta que queda es si serán capaces de aprender de sus propios errores antes de que la erosión comprometa la continuidad democrática.

-Murillo de Aragão, Abogado, Máster en Ciencias Políticas y Doctor en Sociología por la Universidad de Brasilia (UnB) e investigador postdoctoral en la Universidad de Salamanca, España. Escribe bimestralmente en Cojuntura Economica.