Ocupación por dos días de los Juzgados penales de Juan Carlos Gómez, con salida pacífica tras la orden del Ministerio de Trabajo. Ocupación de los Juzgados y Tribunales de Plaza Cagancha, seguida en todo el país, por paro judicial sin guardia gremial.

Ocupación por dos días de los Juzgados penales de Juan Carlos Gómez, con salida pacífica tras la orden del Ministerio de Trabajo. Ocupación de los Juzgados y Tribunales de Plaza Cagancha, seguida en todo el país, por paro judicial sin guardia gremial.

A algunos este cuadro les parecerá parte natural de las luchas sindicales. Otros lo aceptarán como expresión de “las reglas del juego”. Muchos se alzarán de hombros, con la callada resignación de quien acepta una fatalidad.

Pero no. Este desbarajuste a que hemos llegado ni es natural ni refleja ninguna regla de juego ni merece que guardemos silencio, replegándonos como si solo estuviéramos sufriendo la postergación de los trámites propios y como si no vinieran barranca abajo la conciencia y la vigencia de los principios del Derecho. ¡Y desgraciadamente, de eso se trata!

Es que no se llegó a esto por casualidad sino por la contumacia del gobierno, empecinado en desacatar sentencias firmes en una pulseada desestabilizadora.

No solo violó los fallos que lo condenaron a pagar las diferencias que adeuda a los judiciales. Además, en estos días intentó ponerle la frutilla a la torta. En el proyecto de Rendición de Cuentas, incluyó una joya jurídica que reza: “El Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible, cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales, o situaciones derivadas de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, salvo que ello afecte la atención de los servicios a su cargo. En este último caso, el Poder Ejecutivo quedará eximido de los plazos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en otras normas legales”.

Sí, querido ciudadano a quien los vencimientos se le comunican hasta por teléfono y a quien se le aplican multas y recargos draconianos sin eximirlo de nada. Según este proyecto, el Estado puede dejar de pagar las condenas que reciba por sentencias -¡incluso las que surjan de reclamos por responsabilidades de base constitucional!- con solo invocar que necesita los fondos para atender sus servicios. ¡El Estado se inventa un comodín -de apariencia legal pero groseramente inconstitucional- que quedaría listo para trancar la ejecución de cualquier fallo! Con este proyecto, de un plumazo el Poder Ejecutivo echa abajo la imperatividad de las leyes y atropella el imperio de los jueces. Lo agredido no es la Magistratura: es el ciudadano de a pie, cuyos derechos se autoriza a atropellar.

Colocando al Estado por encima del Derecho y al Poder Ejecutivo por encima del Poder Judicial, se cabalga entre la aberración y la profanación.

Cuando, en febrero, los actuarios y los funcionarios rechazaron rebajar lo ganado en juicio, dijimos que el asunto no era solo de pesos sino de principios. Para nosotros, lo más importante era su defensa de la intangibilidad de las decisiones del Poder Judicial, pilar de las garantías ciudadanas. Este malhadado proyecto confirma que penosamente teníamos razón.

Con el Derecho a los tumbos, la Feria a iniciar maña- na nos encuentra de luto por todo lo que estamos perdiendo.

Por encima de signos políticos e ideologías, nuestro deber ciudadano es recuperar las bases republicanas que estos hechos -y muchos otros- zahieren semana a semana.