La Dirección General Impositiva (DGI) conformó una unidad dentro de la División Fiscalización dedicada a "analizar y actuar en casos de lavado de dinero, de cuestiones vinculadas al narcotráfico, financiamiento al terrorismo", dijo el subdirector de Rentas, Álvaro Romano en El País TV.

La DGI ya había creado un grupo de trabajo "para el control de personas físicas, como consecuencia de toda esta movida de los Panamá Papers", recordó Romano. Los Panamá Papers son la filtración de datos de miles de sociedades anónimas creadas y/o administradas por el estudio panameño Mossack & Fonseca. En el caso de Uruguay, se evalúa si personas físicas que tienen esas sociedades omitieron declarar rentas alcanzadas por el IRPF a los capitales mobiliarios en el exterior.

Romano dijo que ambos grupos son "multidisciplinarios con contadores, abogados, ingenieros".

Agregó que estos grupos "van en línea de una administración que se preocupa por mantener el nivel de la recaudación y todos los días estamos pensando nuevas estrategias para administrar un sistema tributario complejo".

El gobierno pretende en un plazo de tres años saber quién está detrás de cada sociedad y fideicomisos nacionales como una forma de incrementar la transparencia contra el lavado de dinero y cumplir con la normativa internacional.

Las autoridades van a tener que saber "quién se esconde" detrás de las sociedades y fideicomisos nacionales. "Vamos a tener que saber quién es el beneficiario final", dijo semanas atrás el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara.

Si bien el gobierno estipuló cambios normativos que llevaron a que las sociedades con acciones al portador (las que no se sabe a quién pertenecen) registraran en el BCU quiénes eran los titulares de las mismas, Bergara sostuvo que entre las 25.900 que revelaron el dueño "algunos de esos titulares" terminaron siendo "a su vez sociedades y, algunas, panameñas".

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