Una tarde en la comisaría: el día que vino a buscarme la Policía a El País y me interrogó sobre una nota

Cuando suena el teléfono y es un número desconocido, uno ya sabe que probablemente le quieran vender algo. Pero como era la cuarta vez que me llamaban al teléfono móvil aquel miércoles 17 de diciembre, atendí.

El número empezaba con 2030.

—¿Sebastián Cabrera?

—Sí.

—Le hablo de la seccional 11 de Piriápolis. Lo llamo porque presentaron una denuncia contra usted y va a tener que venir a declarar.

Al principio pensé que era una broma. La Policía me llamaba a mi celular y me citaba a la comisaría, ¿a declarar? No entendía por qué, mi único vínculo reciente con Piriápolis era una nota periodística sobre Richard Tesore y la ONG SOS Rescate Fauna Marina. Allí contaba su historia, incluyendo la pelea que existe en Punta Colorada en torno a su figura y el espacio que ocupa en la playa, así como ciertas denuncias en su contra. En esa nota —que publiqué el 7 de diciembre— había entrevistado a Tesore, que daba su versión.

Le hice algunas preguntas al policía y me di cuenta que no: estaba muy lejos de ser una chanza telefónica. Luego confirmaría que el número desde el cual me llamaban era efectivamente el de la seccional 11 de Piriápolis, cuyo encargado es Yoni Pimienta.

—No le puedo dar detalles de la denuncia. Tiene que venir —me dijo el agente.

—En años de trabajo periodístico jamás me pasó algo así, que me quieran interrogar en una comisaría por una nota.

—Ah… nunca te pasa hasta que te pasa.

Foto: Ricardo Figueredo.

Lo único que logré “sacarle” al agente fue que la denuncia era efectivamente por aquella nota sobre Tesore y que era “una denuncia penal por fiscalía”, según sus palabras.

Le expliqué que tenía que consultar a los abogados del diario (“la denuncia es contra usted, no contra el diario”, me dijo) y que además yo vivo y trabajo en Montevideo, ¿por qué debería ir a Piriápolis? La nota se publicó en un diario que se imprime en Montevideo.

—Bueno, voy a ver si puede declarar en una comisaría de allá. Voy a intentar. Si no es posible, va a tener que venir.

Una vez que corté, hice averiguaciones. Me explicaron que estos casos se suelen encausar vía juzgado, que en todo caso lo normal era que me llegara una citación, las formas estaban lejos de ser las que correspondían a una denuncia por una nota periodística. “Los delitos de comunicación ya son cosa del pasado para la prensa salvo que se pruebe real malicia. Si no, viviríamos en los juzgados”, me dijo una colega que sabe del asunto.

Pasaron los días y pensé que todo quedaba en nada.

Pero no.

Casi dos semanas después, el lunes 29 de diciembre a las 8.35 de la mañana me mandó un WhatsApp la compañera que trabaja en la recepción del diario:

—Vinieron de la seccional segunda y me dijeron que necesitan que te comuniques con ellos a la brevedad. Es por una citación.

—¿Fueron al diario personalmente? Creo que es una denuncia por una nota.

—Ah, hicieron una exageración… Parecía que eras testigo de un crimen.

El agente Barreto, quien había llegado a primera hora acompañado de otro agente, había dejado su número telefónico. No llamé al instante, hablé con el abogado y las autoridades del diario y evaluamos los pasos a seguir. Pero unos minutos antes de las tres de la tarde volvieron de la seccional segunda, que está a dos cuadras. Ahora eran dos agentes acompañados de un sargento. Dijeron otra vez que debía ir a la comisaría y dejaron una citación con el membrete de la Dirección de Investigaciones, con mi nombre completo y mi cédula de identidad, para tomarme declaración “bajo el artículo 61 CPP a fin de tramitar evento por difamación”.

Ese artículo establece que “la autoridad administrativa podrá interrogar autónomamente al indagado informándole previamente de sus derechos, a los efectos de constatar su identidad y para realizar averiguaciones, investigar, obtener evidencias y aclarar el presunto delito”. Y que, “atento a lo que resulte de las averiguaciones, investigación y las declaraciones voluntarias del indagado, se procederá a ponerlo a disposición para que declare ante el fiscal”.

Caminamos hasta la seccional en una tarde de bochornoso calor. Me hicieron entrar, junto al abogado, a una pequeña sala de techos altos. El calor ahí se sentía más. Un ventilador daba bien de frente en la cara de la agente que me interrogaría. La única ventilación de la pieza era un pequeño orificio que comunica con el pasillo por el que pasan los detenidos.

Estaríamos cerca de una hora ahí adentro.

Le comenté a la agente que no es normal un interrogatorio a un periodista por el contenido de una nota, que en todo caso lo usual sería una citación a un juzgado como establece la ley de prensa.

La policía entonces consultó con sus superiores y después me explicó que lo que hacían “no está fuera de la ley” porque si hay una persona indagada, pueden tomarle declaraciones.

Pasó otro agente y dijo que, “cualquier duda”, nos comunicáramos con la seccional 11 de Maldonado, que está “trabajando la denuncia”:

—Nosotros simplemente estamos colaborando con ellos, por cercanía, para que no tengas que ir a Piriápolis. Esto no es orden de la fiscalía, es orden del oficial de allá. Estamos en nuestro derecho de tomar declaraciones —insistió.

Más tarde la agente que me hizo las preguntas admitiría que en sus ocho años de trabajo jamás había interrogado a un periodista por un artículo. Era su primera vez.

—Es una nota que ya está publicada, preguntarme sobre lo que está publicado no tiene mucho sentido —le dije.

Ella respondió que no armó las preguntas y consultó si en definitiva iba a declarar o no.

Le dijimos que sí.

La primera pregunta: si realicé un artículo nombrando a Tesore y que explique el motivo.

—Sí, lo hicimos porque consideramos interesante la historia de Richard Tesore, el conflicto con...

—Esperá, esperá —me paró la agente. Pidió que vaya más lento, pues iba escribiendo en la computadora.

Le fui dictando.

—...porque hay un conflicto con la comisión de vecinos de Punta Colorada y con la Intendencia de Maldonado, que llegó a ordenar el desalojo de la ONG de la playa. También le construyó un nuevo predio en Punta Colorada pero él no se ha trasladado porque dice que no tiene las condiciones adecuadas. Todo esto hace que sea una historia de alto valor periodístico.

—¿En el artículo tú manifestás o hacés alusión a que él es traficante de pingüinos y secuestrador de lobos marinos?

—Me gustaría decir que no entiendo la pregunta. Bastaría con leer la nota, que está en la página web y la traje impresa... ¿Querés que te la dé?

—Bueno, yo no la leí —respondió, y le dejé una copia impresa arriba de la mesa.

—Bastaría con leer la nota para saber que yo no afirmo que es secuestrador de lobos marinos, eso lo declara un vecino de Punta Colorada. Como periodista no puedo hacerme cargo de lo que dice cada entrevistado. Respecto a si es traficante, solo hago mención a una situación que ocurrió en la década del 2000. Tesore fue sancionado por enviar 50 pingüinos en un avión de Pluna al zoológico de Madrid. Fue un hecho público, salieron notas en su momento. Además, en el propio artículo hay un testimonio de un exintegrante de una ONG que lo denunció.

Foto: Ricardo Figueredo.

El interrogatorio se interrumpió porque la policía se puso a leer con mucho interés y en silencio la nota, que tiene varias páginas. Dedicó 12 minutos a ello. Al final del interrogatorio me contaría que ella conoció a Tesore por los videos de la elefantita Francisca, que se hicieron virales. “Hay que estar ahí, con frío y lluvia”, reflexionó, pensativa.

Luego siguió con las preguntas que elaboraron los policías de Maldonado:

—¿En el artículo mencionaste que el centro de rescate tiene instalaciones abandonadas y en mal estado?

—La pregunta está mal planteada, otra vez. La nota recoge denuncias de vecinos de Punta Colorada, que afirman eso. No lo digo yo, no lo dice el periodista. Lo dicen ellos.

La última pregunta era abierta y entonces explicamos que no había ánimo de difamar, sino que es una nota periodística que recoge la opinión de todas las partes, como tantas otras. Y que, sin perjuicio de entender que no se había cometido ningún delito, el proceso que correspondería es el establecido en la mencionada ley 16.099, la ley de prensa, donde incluso el denunciante puede reclamar derecho a respuesta bajo determinadas condiciones.

—Creo que la próxima nota que voy a hacer es que hay que poner aires acondicionados en las comisarías —dije, transpirado, y nos reímos—. Es inhumano estar acá adentro.

—¡Y las sillas! ¡Mirá lo que son las sillas! —comentó un agente.

No parecían tener la comodidad indispensable para estar muchas horas sentado.

“En mis años en estos temas es la primera vez que escucho algo así”, me dice un conocido abogado que ha trabajado en temas de libertad de expresión, cuando le relato lo sucedido. Pide anonimato, pero se explaya: “Huele a que hay un desconocimiento del juez o fiscal. Actuó como si fuera cualquier delito, dio cuenta a la Policía y pidió que haga diligencias”. Cuando le cuento que en realidad la Policía nos dijo que el tema no pasó por Fiscalía, responde: “Entonces se puede pedir la nulidad de todo lo actuado. Si la Policía actuó por motu proprio, puede haber desviación”.

Otros abogados no tienen problema en dar su opinión con nombre y apellido. A Pablo Schiavi le “llama la atención que se haya presentado una denuncia penal” y que al mismo tiempo “se le haya dado un trámite tan rápido a nivel de comisaría citando a declarar en Montevideo”. Y Facundo Briz, quien tiene una maestría en derecho penal, dice que de por sí “es raro que Fiscalía haya emitido una orden a la Policía” para que “te citen directamente”. Dice que si ni siquiera pasó por Fiscalía, lo más probable es que “la Policía se haya tomado una atribución que no le corresponde”, aunque la nueva redacción del Código del Proceso Penal (CPP) por la LUC “abrió una brecha a la Policía para tener ciertas potestades de llamar a una persona a la comisaría a hacer averiguaciones, que deberían ser básicas”.

Por todo esto, Briz piensa que a priori el interrogatorio podría ser “ilegal” y también que se puede pedir la nulidad, y que hasta es un hecho que se puede denunciar ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

El abogado Matías Jackson dice que, si el caso no pasó por fiscalía y la Policía “se tomó atribución”, hubo “un mal procedimiento” aunque a su entender “no es ilegal” porque la Policía actúa con cierto margen “pero lo normal es que sea bajo la consulta previa al fiscal”, que es el “que está armando el caso”. Para el abogado Marcelo Domínguez si la Policía ya indagó es casi seguro que el fiscal dio la orden porque lo habilita el Código. “Podría pasar que no, porque la LUC permite que en casos de delito flagrante los policías interroguen, pero no es la práctica habitual y este no es un delito flagrante”, explica. “Es raro que los policías se tomen atribuciones porque cuando entra una denuncia, aunque entre por la seccional, automáticamente replica en el sistema informático de fiscalía”, matiza.

Le pregunto al ministro del Interior, Carlos Negro, quien no estaba al tanto del tema. Hace las consultas pertinentes y confirma que la citación fue en el marco del artículo 61 del CPP, que faculta a la Policía a tomar declaraciones, lo cual a su juicio “es habitual en cualquier denuncia”.

Foto: Leonardo Mainé.

—En una denuncia por difamación contra un periodista no es habitual que la Policía pretenda interrogar al periodista en la seccional, ¿hacer averiguaciones de qué tipo? —le pregunto—. En las denuncias que recibimos en el diario no nos llevan a la seccional. Siempre es vía juzgado o fiscalía.

—Bueno, está dentro del marco legal —responde el ministro—. De todas formas, yo como fiscal siempre fui contrario a tramitar denuncias por difamación contra periodistas, salvo real malicia manifiesta. Pero ese es otro cantar y la Policía no tiene ese poder de decisión.

Ahora bien, ¿debe seguirse a rajatabla el procedimiento establecido por la ley de prensa, la 16.099? En estos casos, está convencido Briz, el proceso se regula por esa ley, que dice que si el hecho es de interés público “no corresponde ningún tipo de investigación ni imputación”, afirma el abogado. Y que, incluso si no fuera de interés público, se puede probar que se accedió a información verdadera.

Para que exista difamación “hay que probar que el autor tuvo real malicia, o sea que tuvo la intención de difamar a una persona, por ejemplo difundiendo información falsa, y que craneó la nota pensando en hacerle un daño. No que el daño fue colateral, que puede pasar. Y ustedes tienen la ventaja de que están en un medio de comunicación consolidado como el diario El País, donde hay controles editoriales y de redacción”.

Foto: Leonardo Mainé.

Schiavi, en tanto, piensa que en “ningún caso se configura el delito de difamación”, se trata de “una nota periodística que relata hechos y situaciones reales vinculadas a una persona”. Este tipo de denuncias, lamenta, “se están tornando cada vez más comunes, causan mucha sorpresa y ponen en juego derechos fundamentales, como son la libertad de expresión, el derecho de información y el libre ejercicio de la tarea periodística en un Estado de Derecho; siempre que se respeten, como ocurrió en este caso, el derecho al honor y a la reputación”.

El abogado Jackson afirma que “no es común que la difamación e injurias se apliquen al trabajo periodístico”. Y Domínguez afirma que el nuevo CPP “dice que las otras normas quedan vigentes siempre y cuando no colidan con lo que establece el código”. Y entonces relata: “No importa si es a través de un medio o redes, en la mayoría de los casos hoy se da el trámite del CPP normal, aunque sea de prensa. El trámite normal es que se presenta una denuncia, se llama a indagatoria, el fiscal interroga y ve si hay elementos para pedir la formalización o no”. Si no hay acuerdo, puede terminar en un juicio oral.

Pero, también recuerda el abogado, los tratados sobre la libertad de prensa e información “deben estar por encima” de un eventual delito contra el honor.

Pingüinos

El expediente que confirma la sanción a Richard Tesore

En el artículo que se publicó en esta sección el 7 de diciembre se relata que a principios de la década del 2000 Richard Tesore fue sancionado por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) por el envío al exterior de 50 pingüinos de Magallanes, una especie protegida, en una operación presentada como canje entre el zoológico de Madrid y la reserva de Pan de Azúcar.

En el expediente sobre el tema en la Intendencia de Maldonado figura una resolución de Servicios Jurídicos del MGAP del 17 de noviembre de 2006. Allí se informa que se aplicó una multa de 150 unidades reajustables a Richard Tesore y al funcionario municipal Juan Ángel Silvera, que entonces era coordinador de la estación de cría de fauna autóctona de Pan de Azúcar, por “infringir lo dispuesto por la Convención sobre Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre”. También se sancionó con apercibimiento a la Intendencia de Maldonado.

La resolución indica que, del estudio de las actuaciones y de las resultancias de una investigación administrativa al funcionario Silvera, “surge claramente que este en connivencia con el Sr. Richard Tesore, de la organización SOS Rescate Fauna Marina de Punta Colorada, procedieron a enviar al exterior en forma irregular 50 ejemplares de Pingüinos de Magallanes, especie protegida, encubriéndose dicha operación como un canje con el zoológico de Madrid”. Los animales fueron enviados en 10 cajones o jaulas.

Foto: Ricardo Figueredo.

El envío había sucedido en 2002, eran animales recuperados que no podían volver a ser liberados y había “dificultades” para la manutención en cautividad. Al principio también se iban a enviar dos lobos finos subantárticos y un lobo antártico, pero ello fue descartado.

Un documento firmado el 11 de noviembre de 2002 por María de los Ángeles Berrutti de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del MGAP dice que se enteraron por información de la ONG Rescate Eco Marítimo que “los 50 pingüinos habían salido hacia España en una operación de venta”. Indica que nunca hubo comunicación de la intendencia y que no se había otorgado la “autorización correspondiente” por parte del MGAP porque faltaba información. Otro documento, firmado el 18 de noviembre de 2002 por el director del Departamento de Fauna del MGAP Jorge Cravino, menciona “irregularidades” en un “episodio por demás confuso”. Dice que la salida de los animales se concretó “pese a no haberse emitido la autorización del Departamento de Fauna”. También que “se dio eludiendo a las autoridades sanitarias en la terminal aérea y sin los correspondientes documentos de aval sanitario de la exportación”. También dice que los pingüinos “nunca estuvieron presentes” en la reserva de Pan de Azúcar, a pesar de que se había presentado la operativa como un canje con esa reserva.

El entonces director de la reserva, Tabaré González, declaró que firmó sin leer un documento sobre el envío de los pingüinos: el funcionario Silvera “estaba muy apurado en que yo firmara”. “Yo nunca estuve al tanto de la salida de los pingüinos, incluso Tesore fue un par de veces a la reserva por el tema y habló con Silvera, pese a que el responsable técnico de los animales soy yo”, declaró. “Me llama la atención cómo fueron trasladados desde Piriápolis hasta el aeropuerto, cómo salieron del país, cuando los trámites que se hacen cuando salen animales son muy engorrosos”, dijo González.