Ni la política ni la democracia son gratis. Los partidos y sectores requieren, para su funcionamiento, de recursos que obtienen de maneras diversas, tanto públicas como privadas. Pero una de ellas volvió a quedar de relieve en estas semanas a raíz del debate en torno a la falta de regularización de la vivienda de Cecilia Cairo y su apelación a los sueldos “topeados” en sectores como el MPP: los aportes que realizan los cargos electivos y de confianza política a sus agrupaciones.

Es un asunto que tiene distintas aristas, que van desde el debate de cuánto debe ser la retribución de los dirigentes políticos hasta cuáles son las mejores —y más transparentes— formas de financiar al sistema de partidos.

Es, al mismo tiempo, uno de los terrenos en los que el Frente Amplio puede ver rápidamente el impacto de su regreso al gobierno nacional.

En la coalición de izquierda, el aporte de los cargos públicos tiene un peso bastante mayor al de los partidos tradicionales y otros integrantes de la actual oposición.

Tanto es así que durante el gobierno de la Coalición Republicana, en el que el Frente Amplio quedó reducido en la cantidad de cargos ocupados, de todos modos era la izquierda la que más recaudaba por aportes de cargos electivos y de confianza, por encima del Partido Nacional y el Partido Colorado juntos —todo esto siempre tomando como fidedigno las rendiciones de cuentas realizadas por los partidos anualmente y entregadas a la Corte Electoral (ver apunte)

Ahora de nuevo en el poder, existe una variedad de criterios (entre los sectores y en la fuerza política) para los aportes que realizan “desde el portero hasta el presidente de la República”. Pero vayamos por partes.

Los dirigentes políticos pueden aportar tanto a la fuerza política como a sus respectivos sectores, si los tienen. Pero lo primero que se retiene es el aporte al partido.

Para ese primer paso, un documento interno del Frente Amplio, al que accedió El País para este informe, estipula las franjas para los aportes al partido, calculadas sobre la base del sueldo líquido de los cargos electos o de confianza (es decir, después de descontados los haberes legales como a cualquier trabajador).

Por la primera franja, de 0 a 10.000 unidades indexadas ($63.000 a valores actuales), se paga una tasa de 5%. Lo que excede a esa franja, y hasta las 15.000 UI (unos $94.500), aporta 12%. La siguiente franja, que va hasta las 30.000 UI (unos $189.000), implica un aporte de 20%. Desde ese monto hasta las 50.000 UI ($315.000) la tasa es de 22%. El resto del sueldo que exceda ese monto está abarcado por una tasa de 25%.

Mateo Vazquez/Archivo El Pais

En el caso del presidente de la República Yamandú Orsi, cuyo ingreso líquido es de $571.200 (el nominal asciende a $1.063.405), la retención pautada por el Frente Amplio, según ese sistema de franjas, es de aproximadamente $115.000 al mes, según los datos procesados por El País.

Fuentes oficiales consultadas para este informe informaron que, a grandes rasgos, el aporte del presidente al Frente Amplio es de “en torno a los $110.000”, lo que implica aproximadamente 10% del sueldo nominal que le paga Presidencia (y casi 20% de su sueldo una vez descontados los haberes legales). Deducido ese monto, la retribución de Orsi queda en algo más de 10.000 dólares a valores actuales.

El suyo es el único salario del gobierno para el cual existe información pública del valor líquido. Para el resto de los cargos, la información disponible es solamente el salario nominal, por lo que el cálculo del salario en la mano —base para los aportes partidarios— solo puede hacerse de forma aproximada, ya que depende de factores como la cantidad de hijos a cargo o el aporte o no al Fondo de Solidaridad o cajas jubilatorias. Los números que se presentan a continuación deben leerse con esas salvedades.

En el caso de la vicepresidenta Carolina Cosse, cuyo sueldo es de $ 763.000 nominales (unos $460.000 líquidos), el aporte que corresponde al Frente Amplio según el cálculo por franja es de alrededor de $85.000 al mes.

Foto: Ignacio Sánchez.

Los ministros y los legisladores, al igual que el secretario de Presidencia, cobran un salario de $382.000 nominales, que en términos líquidos se aproxima a unos $230.000. Sobre ese total estimado, el aporte que corresponde al Frente Amplio es de más de $30.000 al mes.

Tras el aporte a la fuerza política, a los frenteamplistas que ocupan esos cargos les queda un valor cercano a los $200.000 en la mano. Pero ahí es donde entran en juego los aportes a los sectores, en caso de que los integren.

Lo que paga el Estado a cada ministro y legislador es lo mismo, y lo que cada uno aporta al Frente Amplio solo varía, según está pautado, en función de las ligeras variaciones del sueldo líquido. Pero una vez despejado ese primer descuento aparecen los otros aportes o topes salariales; aquellos que son fijados por los sectores.

El ejemplo paradigmático, y el que dio que hablar en estas semanas a raíz de la renuncia de Cecilia Cairo, es el del MPP.

El sector más importante del Frente Amplio ha mantenido la estricta tradición de fijar los salarios de sus dirigentes, con una doble función: por un lado, la de cumplir con la bandera de que los políticos deben vivir una realidad menos lejana a “las grandes mayorías” —aunque sin dejar de vivir “dignamente”—; por otro, la de financiar la caja de la organización política, con los destinos que ella considere más pertinentes.

Foto: Estefania Leal

Ese “tope”, como a veces se le nombra, hoy en día está en el entorno de los $105.000 líquidos al mes, según fuentes del sector.

La regla aplica para todos los “militantes del MPP” y abarca por lo tanto a los cargos electivos y de designación política que sean ocupados por dirigentes de ese sector, desde asesores, legisladores, ministros, directores de organismos, hasta lo más alto de la Torre Ejecutiva con el secretario de Presidencia Alejandro “Pacha” Sánchez.

No incluye, sin embargo, a los integrantes del Espacio 609 ni obviamente a los que perciban ingresos por debajo de ese número, una vez hechos los aportes al Frente Amplio.

Según fuentes del MPP, tampoco abarca al presidente Yamandú Orsi, que no está en ese lugar en representación del sector, como tampoco lo estaba José Mujica cuando fue presidente.

Para el caso de ministros y legisladores, el salario fijado por el MPP implica que el sector retiene más de un 20% de sus sueldos nominales. Entre el pago al Frente Amplio y al MPP, esos dirigentes renuncian a más de la mitad de lo que les queda en la mano tras las retenciones legales.

A ese “tope” se agregan otros descuentos, como el de 3% para la Fundación Raúl Sendic y, en el caso de los integrantes del Movimiento de Liberación Nacional también hay un aporte específico para esa organización, según las fuentes consultadas. En algunos casos, eso lleva a que terminen, en sus bolsillos personales, con unos $ 90.000.

“Nosotros colectivamente definimos cuánto debe ganar alguien que se dedica full time a la política. Se resuelve ese monto, que intenta ser digno. Es más una renta que un tope”, resume un dirigente emepepista. “Además sirve para que no te despegue mucho de los ingresos de la gente, y al mismo tiempo autofinanciarnos”.

La otra agrupación que limita los sueldos de sus dirigentes en la función pública es el Partido Comunista (PCU). De hecho, sus retenciones son incluso más exigentes que las del MPP.

Tal como informó El País semanas atrás, los salarios de sus legisladores son del entorno de $ 70.000.

En esos casos, el partido retiene cerca de un tercio del salario nominal, que se utiliza para financiar los otros cargos rentados del sector, los locales políticos en todo el país y otros aspectos de la estructura.

Gerardo Perez/Archivo El Pais

Además del financiamiento al sector, en el PCU también impera la prédica de que el salario que recibe en su bolsillo el dirigente político no debe alejarse de la realidad de la clase obrera.

De todas formas, en la interna comunista también hay lugar para las excepciones, que se negocian de forma bilateral y —en el partido de la negociación colectiva— hasta llevan el nombre de “bipartitas”.

Otros sectores de la izquierda también tienen regímenes de aportes altos, aunque lejos de los niveles que alcanzan el MPP y el Partido Comunista.

Muchos de estas otras agrupaciones replican el sistema de franjas del Frente Amplio. El Partido Socialista (liderado por el ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila) exige un aporte “algo mayor al del Frente” una vez que se descuenta la retención para la fuerza política.

Algo similar se da en el caso de El Abrazo (bloque al que pertenece la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, que lidera el sector PAR).

La Vertiente Artiguista (al que pertenece el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño) fija un aporte del entorno del 17,5% luego de descontada la retención del Frente Amplio.

La última ley de financiamiento de los partidos políticos, votada en 2024 y que actualizó la norma de 2009, estableció entre sus novedades la posibilidad de que los partidos establezcan una “contribución mensual para su financiamiento”, con carácter de “descuento legal” de carácter “obligatorio” en caso de ser mandatado por el partido, siempre que no supere el 15% de la retribución líquida (nominal menos descuentos legales). A partir de ese valor, debe existir “consentimiento expreso del funcionario a quien se le deba retener”.

Foto: Fernando Ponzetto

Los aportes fijados por el Frente Amplio y por los sectores de la izquierda contrastan con lo que ocurre del otro lado del sistema político, en el que también se exige rigurosamente el pago de una parte del sueldo, pero en montos menores.

En el Partido Nacional, por ejemplo, la Carta Orgánica estipula que los cargos electivos y de confianza (desde el presidente y vicepresidente de la República hasta todos aquellos de designación directa en cualquier esfera del estado) deben aportar 5% al partido. El aporte a los sectores, como también informó El País semanas atrás, no supera el 10% entre las distintas corrientes nacionalistas.

En el Partido Colorado los aportes no bajan del 5% pero tampoco superan el 10%.

José Mujica llegó a colgar un cartel en su oficina en la Torre Ejecutiva durante su presidencia reclamando los aportes a la fuerza política.

“Tuve que poner un letrero en la puerta de mi oficina que dice: ‘No avergüencen al presidente, paguen lo que corresponde al Frente Amplio’”, dijo en su momento al semanario Brecha.

Su gestión, en la que dentro y fuera del Uruguay se remarcó —ya sea para halagar, criticar o discutir— su decisión de donar gran parte de su sueldo (en ese caso al Plan Juntos), fue una de las tantas veces en la historia política del país en la que los salarios de los políticos y sus aportes financieros estuvieron en el centro de la agenda pública.

Es un debate en el que existen miradas encontradas. Mientras que desde sectores como el MPP o el Partido Comunista, como fue dicho, se resalta la decisión de vivir “con menos” y de sostener la estructura “colectiva”, otros cuestionan algunas de las posibles caras negativas de esa política: desde eventuales incentivos a generar más cargos para volcar esos recursos públicos a los sectores hasta la dificultad para reclutar cuadros que podrían ganar salarios mucho más altos en el ámbito privado.

Si a esas personas ya les resultan poco competitivos los salarios públicos, los aportes sectoriales a veces pueden imponer un segundo obstáculo a su desembarco en la gestión pública.

Foto: Estefanía Leal.

En ese sentido, desde diversas tiendas del Frente Amplio señalaron para este informe que existen casos en los que existe cierta “flexibilidad” para negociar las condiciones de aportes al sector.

Los aportes por cargos tampoco son la única vía de financiamiento público (sin entrar en los aportes de privados) que reciben los partidos.

Otra fuente de ingresos permanentes es la que otorga la Corte Electoral en función de los votos obtenidos en la última elección nacional. El artículo 39 de la ley 18.485 dispone una partida anual de cuatro unidades indexadas ($25,2 a valores actuales) por voto.

Esa partida se cobra mensualmente y cada partido distribuye una parte también entre los sectores. En el caso del Frente Amplio, que obtuvo 1 millón de votos, son unos $2,1 millones (unos 50.000 dólares) al mes.