Ochenta mil declaraciones juradas que "nadie revisa": Jutep avanza en nuevo sistema de control digital para 2027

Año a año, el organismo encargado de velar por la ética y la transparencia en la función pública incumple las leyes que el sistema político se votó para controlarse a sí mismo. No hay consecuencias ni escándalos. Solo una bóveda con más de 80 mil declaraciones juradas acumulando polvo sin que nadie las controle, porque no hay personal suficiente para hacerlo ni instrucciones precisas de cómo debería ser el monitoreo.

El fin de semana pasado, un informe de El País —que sistematizó las declaraciones juradas de los principales cargos políticos, desde el presidente y la vicepresidenta hasta los ministros y legisladores— expuso las múltiples inconsistencias en las que incurren los sujetos obligados: desde criterios distintos a la hora de completar las declaraciones hasta errores gruesos como cálculos que no cierran o cifras inverosímiles.

Días después, en base a las declaraciones juradas, un informe del programa Así Nos Va (radio Carve) reveló que el Hyundai del presidente Yamandú Orsi —el más caro de todos los declarados— había sido comprado con un descuento pocos días antes de desfilar en su asunción con un auto de la misma marca.

Entre otros flancos, las novedades volvieron a poner en cuestión los nulos controles que se realizan a las declaraciones juradas, más allá de lo que pueda encontrar la lupa de algún periodista o ciudadano atento.

El asunto no es nuevo, y los reclamos y promesas de una mayor jerarquización de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) han sido tan reiterados como incumplidos. La actual administración busca, dentro de las restricciones presupuestales, algunos avances significativos a esta deuda pendiente. ¿Será que en esta ocasión los habrá? Veamos.

Una de las grandes apuestas de la dirección de la Jutep en este período es la implementación de un nuevo sistema informático que permitiría unificar los criterios para el registro de las declaraciones juradas y automatizar una parte de su control.

“Lo más importante que hemos hecho es estar en una etapa final de negociación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el suministro de un nuevo sistema informático de declaraciones juradas”, dice el vicepresidente del organismo, Alfredo Asti a El País. “Nosotros somos optimistas en poder tenerlo disponible para 2027”.

Para entender el grado de avance que implicaría ese sistema —conocido como DeclaraBID e implementado en otros países del continente— es bueno antes repasar las limitaciones de los métodos y sistemas con los que se maneja actualmente la Jutep.

La ley estipula que más de 12.000 funcionarios públicos deben presentar la declaración jurada tanto al ingresar a su cargo como al cesar de la función pública, y además deben actualizarla cada dos años. De acuerdo a los datos de la Jutep, en promedio se presentan unas 4.000 declaraciones por año, aunque el número aumenta en años de rotación de gobierno.

Según la normativa, las declaraciones deben constar de dos partes: una reservada (en la que figuran los detalles de los activos y los pasivos), y otra abierta (en la que se registra un resumen de esas variables principales).

De todas esas declaraciones solo las de unos 600 jerarcas se publican en la web de la Jutep, mientras que todas las demás quedan bajo custodia del organismo, en estricta reserva. Eso sí: la ley habilita a la Jutep a hacer “un análisis de evolución de activos, pasivos, ingresos y vínculos con empresas, informados por cada sujeto en la segunda parte de la declaración jurada”, y al mismo tiempo señala que el organismo “abrirá en cada año civil hasta un 5% (cinco por ciento) de las declaraciones juradas de carácter reservado” mediante “un procedimiento aleatorio y en función de un análisis de riesgo”.

Pero de todo eso, que suena bastante bien en la teoría, casi nada se cumple.

La Jutep es hoy por hoy un organismo que recibe montañas de información que no puede procesar.

Todos esos datos personales de los funcionarios públicos, que deberían servir para analizar posibles casos de enriquecimiento ilícito, corrupción o posibles connivencias quedan en la nada por falta de personal calificado para organizarlo y monitorear inconsistencias.

Las deficiencias son múltiples: no es solo que la Jutep no pueda hacer un análisis de riesgo sofisticado para estudiar los casos más sospechosos; ni siquiera ha sido capaz, hasta el momento, de asegurarse que los sujetos obligados completen sus declaraciones sin los errores más básicos, ni logra publicar las declaraciones en tiempo y forma, como exige la ley, porque sus funcionarios no dan abasto para depurar los datos sensibles en cada una antes de subirlas a la web.

Foto: Archivo El País

Eso lleva a casos como el de la diputada Nicole Salle, que puso “un cero de más” en sus activos y envió una declaración que rectificaba el error pero la Jutep demoró meses en publicarla. O a los múltiples casos —incluyendo al presidente Yamandú Orsi, varios ministros y decenas de legisladores— que suman incorrectamente sus ingresos al patrimonio. Mucho más lejos queda la posibilidad de hacer una revisión exhaustiva de los datos que se incluyen en las declaraciones.

Antes de terminar con la publicación de las declaraciones ya presentadas, la Jutep priorizó en los últimos meses la destrucción —también mandatada por ley— de unas 20 mil declaraciones con diez o más años de antigüedad. “No teníamos personal suficiente y contratamos a una empresa que suministró dos personas para este trabajo”, dice Asti. “En estos días se terminó ese trabajo, incluyendo 200 declaraciones electrónicas que también se destruyeron, todo con acta notarial”.

El organismo cuenta hoy en día con doce funcionarios propios, a los que se suman unos cinco pases en comisión. En el área de declaraciones juradas hay tres funcionarios y dos de esos pases en comisión, incluyendo una economista a cargo de perfeccionar, dentro de las posibilidades, el sistema de declaraciones: desde los formularios y requisitos para los declarantes hasta las eventuales formas de analizar los documentos.

A esa plantilla se sumará un contador, algo que “insólitamente”, al decir de las autoridades actuales, nunca hubo en el organismo encargado de prevenir actos de corrupción en la función pública. Las postulaciones para el cargo cerraron el jueves pasado.

En ese contexto, los esfuerzos de la actual administración están concentrados en avanzar hacia un nuevo sistema digital de registro de las declaraciones juradas a través de un préstamo no reembolsable del BID.

“Nos estamos reuniendo todas las semanas con el BID y avanzando en todos los temas que nosotros le vamos planteando para adaptar su sistema a nuestra realidad”, explica Asti.

Ya a partir de inicios de este año, gracias a un artículo de la ley de Presupuesto, todas las nuevas declaraciones que se presentan deben hacerse por medios electrónicos. “Eso ya evita algunos errores frecuentes, como la suma de los ingresos al patrimonio o cálculos mal realizados. Pero ese sistema, que es administrado por Agesic, no permite hacer un análisis más a fondo del contenido”.

El sistema DeclaraBID, según el vicepresidente de la Jutep, “supera en mucho” las posibilidades actuales, contando con “alertas y banderas rojas en caso de detectar valores que están fuera de escala”. “Por ejemplo, si alguien pone que su automóvil vale mil dólares, el sistema te advierte que esa marca no puede valer mil dólares”.

En las declaraciones en poder de la Jutep hay casos de políticos que declaran autos de 880 pesos o de 3.000 pesos, por nombrar solo algunos de las múltiples inconsistencias que se detectan.

En paralelo a la implementación del nuevo software, el organismo avanza también en un decreto para reglamentar la disposición de 2019 por la cual se deben abrir hasta un 5% de las declaraciones juradas.

Según Asti, la economista con la que cuenta la Jutep está a cargo de supervisar qué es lo que debe incluirse en el nuevo sistema informático y también de diseñar el perfil de riesgo con el que deberían analizarse las declaraciones juradas.

“En el caso del sistema del BID, el Ministerio de Economía es quien tiene que autorizar la contribución no reembolsable. Respecto al decreto, ya fue elaborado por la Jutep y ahora queda en manos de Torre Ejecutiva”, explica el jerarca.

“Todos estamos muy entusiasmados con este tema. Creemos que va a ser el avance más importante que ha tenido la Junta desde que la ley de 2019 le encargó precisamente profundizar en el control de las declaraciones juradas abiertas y las que se pueden abrir en función de un análisis de riesgo”.

—¿Van a cumplir con ese mandato legal en este período?

—Todos los esfuerzos están puestos en adecuar el programa BID a nuestra legislación, y en reglamentar lo que la ley exige para la apertura de un porcentaje de las declaraciones. Va a tener un carácter de disuasión y prevención de actos de corrupción. Porque una cosa es presentar una declaración que sabés que nadie la va a ver. Y otra, saber que te puede tocar. Hoy tenemos una bóveda llena de sobres cuyo contenido nadie nunca vio y nadie lo verá, a menos que haya una solicitud de interesado, una denuncia penal o que el directorio de la Jutep decida por unanimidad que se debe abrir.

Otro de los desafíos a abordar por parte de la Jutep es la relación con los llamados “nexos” en cada organismo, a través de los cuales se hace el relacionamiento con todos los sujetos obligados.

“El nexo le debe comunicar al funcionario la obligación de presentarla y en caso de incumplimiento se retiene el 50% del salario. Pero muchas veces los nexos no contestan”, dice Asti.

Otro tema que les “preocupa mucho” y que, según el vicepresidente, aún no se ha encontrado forma de resolverlo, son los incumplimientos en la presentación de las declaraciones juradas de quienes dejan la función pública. En caso de que un jerarca o funcionario abandone el cargo y no ocupe otro en un lapso de 30 días, tiene que presentar una declaración de cese. “Si no la presenta, nosotros le reclamamos al nexo de que no la presentó. Y entonces el nexo nos dice: ‘Sí, ¿y yo qué hago? Yo no sé dónde está, se fue del organismo’”.

Para esos casos se prevén multas e inhabilitaciones para ejercer la función pública hasta que no presente esa declaración jurada.